Las denuncias por estas operaciones y las evidencias recopiladas permitieron a la Fiscalía General de la Nación identificar el esquema, que habría dejado más de 1.000 afectados y ganancias ilícitas de más de $ 14.000 millones.
Publicado por: Colprensa
Bonos, descuentos en tiquetes y paquetes turísticos habrían sido algunos de los ofrecimientos con los que supuestas agencias de viajes atraían a ciudadanos en centros comerciales de Medellín (Antioquia) para, presuntamente, estafarlos. Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación.
La investigación permitió identificar que una vez en sus oficinas, según la Fiscalía, les solicitaban cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el pretexto de validar los beneficios, pero estos elementos habrían sido utilizados para abrir productos financieros y realizar transacciones fraudulentas a su nombre.
Los presuntos implicados en el entramado delincuencial fueron identificados como Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa.
“Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.
Más de 1.000 personas en Medellín (Antioquia) fueron engañadas por una red delictiva que utilizaba ofrecimientos de falsas membresías que incluían bonos, descuentos en tiquetes y paquetes turísticos para viajes. Los ciudadanos eran abordados en centros comerciales y trasladados a… pic.twitter.com/aXGmvbBBNT
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 17, 2026
De acuerdo con la Fiscalía, los afectados habrían sido, en su mayoría, adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas, a quienes los abordaban mediante empresas con distintas razones sociales, los cuales depositaban los recursos obtenidos en cuentas controladas por la organización.
“Cuando los afectados no llevaban sus documentos o tarjetas, los acompañaban hasta sus viviendas para obtenerlos. Además, les impedían leer los contratos que firmaban, aprovechando sus limitaciones visuales o la confianza generada con las ofertas”, señala el reporte del ente acusador, que precisó además que las denuncias por estas operaciones y las evidencias recopiladas permitieron a la Fiscalía General de la Nación identificara el esquema ilegal, habría dejado más de 1.000 afectados y ganancias ilícitas de más de $ 14.000 millones.
