Uno de estos hechos puntuales sucedió el pasado viernes 16 de octubre, donde grupos armados ilegales provocaron un hostigamiento en el casco urbano del municipio de Íquira.

Publicado por: Colprensa
La Defensoría del Pueblo alertó este fin de semana de una preocupante escalada de la violencia que se presenta en el occidente del departamento del Huila.
En el informe alertan del riesgo en el que se encuentra las comunidades de los municipios de Aipe, Palermo y Teruel, quienes “han experimentado temor y afectaciones en sus viviendas y entornos, a causa de los ataques contra la Fuerza Pública con artefactos explosivos lanzados desde drones”.
Uno de estos hechos puntuales sucedió el pasado viernes 16 de octubre, donde grupos armados ilegales provocaron un hostigamiento en el casco urbano del municipio de Íquira.
Este tipo de ataques ya dejo como consecuencia que tres miembros de la Fuerza Pública resultaran heridos, sumado a que también ponen en riesgo la vida y la seguridad de la población civil, y generan miedo y zozobra.
La Defensoría también dio a conocer reportes de afectaciones a algunas viviendas de los pobladores de la zona y de la reubicación de una institución educativa ante el riesgo al que se veían expuestos los estudiantes en su derecho a la educación.
Entre sus alertas, recordó que en julio advirtió mediante la Alerta Temprana 016 de 2026, sobre el grave riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
Esto a causa de la expansión territorial del Frente Ismael Ruiz y su Compañía Móvil Julián González, adscritos al Bloque Central Isaías Pardo del grupo que se autodenomina EMC. La alerta incluye a los municipios de Aipe, Palermo, Neiva y Teruel, en el departamento del Huila, lugares afectados por estos ataques.
Publicidad
Un llamado a las autoridades
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades locales para que, de manera articulada con las personerías municipales, activen las rutas correspondientes frente a las afectaciones sufridas por la población civil.
Así mismo, recordó la responsabilidad de las autoridades departamentales a evaluar y adoptar de manera urgente las medidas de prevención que resulten pertinentes.
El llamado también fue para los grupos armados a cesar cualquier tipo de acción que ponga en riesgo a la población civil, que debe estar completamente excluida de la confrontación armada.
En su mensaje, concluyeron en su solidaridad hacia las fuerzas pública y quienes resultaron heridos, añadiendo que seguirán acompañando a las comunidades y articulando esfuerzos institucionales con las demás entidades del Ministerio Público para impulsar la garantía de los derechos de las comunidades en riesgo.












