Los ataques desde el aire han dejado víctimas, daños en viviendas y temor entre los habitantes. Mientras los grupos armados adaptan equipos comerciales, las autoridades buscan fortalecer sus sistemas de detección y respuesta.
Cuando cae la tarde en El Tarra o en La Gabarra, algunos habitantes levantan la mirada y ven enormes luces que se mueven despacio desde las partes altas de la montaña hacia zonas más bajas y luego desaparecen.
Nadie sabe con certeza qué cargan esas máquinas. Lo que sí tienen claro quienes viven allí es que el cielo dejó de ser un espacio neutral.
Esta región fronteriza de Norte de Santander soporta desde hace más de un año una confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que se atacan entre sí con drones explosivos y utilizan estos mismos aparatos contra patrullas y bases del Ejército y la Policía.
Los civiles, sin embargo, siguen pagando esa guerra. En municipios, veredas y corregimientos han muerto personas, entre ellas menores de edad, mientras viviendas e incluso iglesias han resultado alcanzadas por explosivos lanzados desde el aire. La situación, lejos de mejorar, se ha agravado.
Una guerra que ya no se libra solo en tierra
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) registró 318 ataques con drones explosivos en Colombia en lo corrido de 2026 hasta el 1 de octubre, lo que equivale a uno cada 20 horas o 8,2 por semana. Agosto marcó el punto más alto, con 56 casos.
De ese total, 42 ocurrieron en Norte de Santander. La Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, por su parte, habla de 69 víctimas en esa zona: 23 civiles y 46 integrantes de la Fuerza Pública.
A escala nacional, la Fuerza Pública contabiliza 716 ataques desde 2023 hasta el 1 de octubre de 2026. Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander concentran el 71 % de los hechos, mientras que el 95 % se atribuye a dos organizaciones: el Estado Mayor Central (EMC), con el 72 %, y el Eln, con el 23 %.
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El primer ataque con explosivos quedó registrado en julio de 2023 en Puerto Guzmán, Putumayo, por orden de los Comandos de la Frontera. Después se contabilizaron 119 ataques en 2024 y 277 en 2025. En enero de este año, el frente Carlos Patiño del EMC empleó por primera vez la modalidad kamikaze contra la Fuerza Pública en Patía, Cauca.
El Eln pasó de 36 eventos en 2025 a 132 en lo corrido de este año. Sin embargo, el EMC, coordinado por alias ‘Iván Mordisco’, sigue concentrando el mayor número de casos, con 512 ataques registrados desde 2023, frente a 168 atribuidos al ELN.
Las cifras varían según la fuente y los criterios utilizados para contabilizar los hechos. Mientras algunos registros incluyen únicamente ataques confirmados con drones explosivos, otros incorporan incidentes, intentos o eventos reportados por organismos de inteligencia y autoridades.
Un consolidado conocido por Caracol Radio, por ejemplo, habla de 442 ataques entre enero de 2024 y el 1 de octubre de 2026: 108 en 2024, 158 en 2025 y 176 en 2026. Según ese registro, los hechos dejaron 25 miembros de la Fuerza Pública muertos y 356 heridos.
Otro informe de inteligencia contabiliza 418 ataques en lo corrido de 2026, lo que representaría un aumento del 125 %. De ese total, 243 ocurrieron en Cauca, equivalentes al 58 % de los casos registrados por esa fuente.
Según ese documento, 97 de los 182 municipios latinoamericanos donde ACLED identificó ataques con drones están en Colombia. La Defensoría del Pueblo, por su parte, advirtió que entre enero y mayo estos ataques crecieron un 146 % y dejaron 21 fallecidos y 145 heridos.
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De cámaras comerciales a máquinas de carga
Fuentes de inteligencia militar consultadas explican que los drones llegaron de manera masiva al Catatumbo con el estallido de la disputa armada en enero de 2025, una confrontación que ha dejado más de 100.000 desplazados, además de muertos y personas confinadas.
Los primeros fueron los Mavic 2, pequeños, fáciles de conseguir y dotados de cámaras de alta definición, que fueron adaptados para labores de vigilancia y reconocimiento. Después llegaron los Mavic 3, con hasta 46 minutos de vuelo y transmisión de video a distancias de hasta 15 kilómetros, y los Mavic 4 Pro, con hasta 51 minutos de vuelo, transmisión de hasta 30 kilómetros, una cámara principal de 100 megapíxeles y dos teleobjetivos. También se utilizan modelos Mini 2 y otros de esa línea para reconocimientos a menor distancia.
El siguiente salto fue hacia la línea Matrice, 300, 350 y 400, fabricada por la compañía china DJI para usos industriales y civiles. Según las fuentes de inteligencia consultadas, algunos de estos equipos pueden ser modificados para transportar cargas explosivas, entre ellas granadas.
Existen, además, drones baratos y veloces que se estrellan directamente contra el objetivo con una carga integrada, de modo que el propio aparato se convierte en el arma.
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Lo más reciente son los drones de fumigación, conocidos como Agras, algunos de ellos dotados de ocho hélices y capaces de transportar cargas considerablemente mayores. Una fuente en terreno contó que los ha visto durante la noche, con grandes luces, en El Tarra y La Gabarra, y aseguró que los grupos armados estarían probando su capacidad para transportar droga, municiones e incluso granadas.
Fuentes oficiales consultadas por Vanguardia resumen el fenómeno en tres adaptaciones frecuentes. Se modifican las baterías para aumentar la autonomía, se incorporan módulos de comunicaciones que amplían el alcance y se instalan mecanismos externos para soltar explosivos improvisados, generalmente granadas. No se trata, subrayan, de tecnología militar sofisticada, sino de tecnología civil modificada con fines ilícitos.
Sobre los drones de fibra óptica, que ya han sido identificados en Cauca, las fuentes aseguran que hasta ahora no han detectado esa tecnología en el Catatumbo. Allí operan principalmente equipos pilotados de forma inalámbrica. Según explican, el cable puede revelar el punto de lanzamiento, dificultar la maniobrabilidad del aparato y limitar su reutilización.
La FIP advierte, sin embargo, que a escala nacional los grupos armados ya emplean drones de fibra óptica, cuya señal viaja mediante un cable y no puede ser neutralizada con inhibidores convencionales. A ello se suma el uso de antenas Starlink portátiles por parte de estructuras ilegales para mantener conectividad en zonas sin cobertura celular. Fuentes de inteligencia han señalado también el uso de vehículos robados equipados con estos sistemas, aunque no se ha establecido de manera independiente qué papel cumplen específicamente en las operaciones con drones.
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Cómo atacan y desde dónde
Los enfrentamientos con drones se concentran en el corredor conocido como kilómetro 25, entre los kilómetros 19 y 28, y en La Angalia, a orillas del río Catatumbo, un punto estratégico para el movimiento nocturno de pasta base e insumos.
También se registran ataques en Versalles, bajo dominio del Frente 33, y en San Isidro y Pacheli, zonas con fuerte presencia del Eln. A ese mapa se suma La Llana, en la vía entre Cúcuta y el Catatumbo, donde el ELN habría realizado cerca de cinco ataques durante este año, así como la base militar de Granada, que también ha sido objeto de hostigamientos.
El método suele repetirse. Los ataques se producen con frecuencia después de operaciones militares. Redes de apoyo ubican a los pelotones y transmiten su posición; posteriormente se realiza el reconocimiento y se lanza el ataque.
Una fuente lo resumió así: una persona pasa cerca de los civiles, identifica dónde se encuentra la tropa y transmite la información. Después se hace un reconocimiento y se ejecuta el ataque. También se han registrado operaciones simultáneas con varios drones y desplazamientos en motocicleta a través de trochas. Según las fuentes consultadas, quienes operan estos equipos serían principalmente jóvenes de entre 20 y 35 años.
Una amenaza que ya no es solo del Catatumbo
Chocó ofrece un ejemplo reciente. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi denunció que un enjambre de drones hizo detonar 21 granadas de manera simultánea sobre una base del Ejército en San José del Palmar y dejó nueve uniformados heridos, quienes fueron trasladados a Medellín.
La mandataria atribuyó el hecho al Eln, habló de un “permanente asedio” contra la subregión del San Juan y afirmó que este tipo de tecnologías supera la capacidad de los territorios para protegerse.
El ataque coincidió con una falla masiva de conectividad en varias zonas. San José del Palmar había sido, además, epicentro del terremoto registrado el 10 de agosto. Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, la Defensoría del Pueblo documentó ataques contra estaciones de Policía en Condoto, Nóvita y Río Iró. En Nóvita, uno de los explosivos cayó sobre una vivienda cercana mientras se desarrollaban actividades religiosas.
Otro caso ocurrió el 16 de septiembre en El Carmelo, jurisdicción de Candelaria, Valle del Cauca, donde tres drones kamikaze atribuidos al Bloque Occidental Jacobo Arenas, del EMC, impactaron el radar aeronáutico 3D instalado en la zona, parte de un proyecto valorado en más de 370.000 millones de pesos.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el ataque podría constituir una infracción al derecho internacional humanitario (DIH), al tratarse de una infraestructura de carácter civil cuya afectación puede comprometer servicios esenciales, entre ellos operaciones aeronáuticas y vuelos médicos.
El 5 de octubre, otro dron fue utilizado contra una estación de Policía en Aguachica, Cesar. Indepaz y la Defensoría documentan, además, un explosivo que impactó la Alcaldía de El Peñol, Nariño, en plena jornada laboral, y otro que cayó en una cancha de fútbol en Montecristo, sur de Bolívar, donde resultaron lesionados dos menores de edad y un adulto.
El origen de la tecnología y el rastro chino
El informe de inteligencia citado por Caracol Radio sostiene que Colombia es actualmente uno de los principales escenarios latinoamericanos de proliferación y uso de drones comerciales por parte de grupos armados no estatales.
El documento señala que China concentra más del 90 % del mercado mundial de drones de consumo y cerca del 70 % del mercado comercial, por lo que considera, con un nivel de confianza medio-alto, que buena parte de las plataformas y componentes utilizados probablemente proviene de su industria.
El mismo informe aclara que esto no implica responsabilidad del Gobierno chino, que no debe ser presentado como responsable político del fenómeno, y señala que no existe evidencia pública de que sus empresas promuevan el uso criminal de estos equipos.
La cadena de desvío comenzaría en la fabricación, continuaría a través de exportadores, distribuidores y mercados secundarios, y terminaría en intermediarios, compradores de fachada o redes de contrabando encargadas de adquirir y adaptar los equipos.
Una de las principales brechas identificadas por el documento es la ausencia de un mecanismo bilateral público que permita cruzar números de serie, información sobre compradores sospechosos y registros aduaneros.
Por ello, recomienda crear un mecanismo de cooperación entre China y Colombia para prevenir el uso criminal de estas tecnologías. La FIP señala, además, que inicialmente los equipos ingresaban por vías legales desde países como Estados Unidos, China y Rusia.
La guerra entre Ucrania y Rusia amplió la disponibilidad global de estos sistemas y, según la FIP, los grupos armados colombianos también incrementaron sus adquisiciones a través de Venezuela. Actualmente fabrican y adaptan equipos, forman a sus llamados “droneros” en estructuras propias dentro de Colombia y, según información que todavía no ha podido ser plenamente comprobada, habrían contratado instructores con experiencia en el conflicto ucraniano.
A comienzos de 2025, alias ‘Iván Mordisco’ afirmó que un dron cuyo valor comercial ronda los 36 millones de pesos podía ser ensamblado por alrededor de seis millones y adaptado para cargar hasta seis libras de explosivo.
Lo que dicen los militares sobre la amenaza
Las fuentes oficiales explican que la norma RAC 100 de la Aeronáutica Civil regula la operación legal de aeronaves no tripuladas, pero tiene un alcance limitado frente a organizaciones que utilizan estos equipos con fines criminales. Su utilidad, señalan, es principalmente preventiva y de trazabilidad dentro del mercado formal.
También reconocen que proteger estaciones pequeñas ubicadas dentro de cascos urbanos es especialmente complejo. Inhibir la señal de un dron puede provocar que el aparato caiga con su carga sobre viviendas, mientras que dispararle tampoco resulta una alternativa sencilla debido al reducido tamaño del objetivo y al riesgo que representan las balas perdidas.
Por ello, recomiendan buscar cubierta, activar las alertas y utilizar sistemas especializados cuando sea posible. Las fuentes agregan que muchos de los explosivos son soltados en caída libre, sin sistemas de guiado, por lo que el viento y la altura pueden modificar su trayectoria. En zonas pobladas, esta falta de precisión aumenta el riesgo para los civiles.
El Ejército, por su parte, también utiliza drones para labores de vigilancia, gestión del riesgo, búsqueda y rescate. Sus operadores deben aprobar cursos de manejo de UAS, sigla en inglés de Unmanned Aircraft System, o Sistema de Aeronave No Tripulada.
Los civiles, entre el miedo y el daño invisible
Según la FIP, desde 2024 los ataques con drones han afectado a 487 personas. Entre los civiles se registran 55 heridos y seis muertos, mientras que entre los integrantes de la Fuerza Pública se contabilizan 401 heridos y 25 fallecidos.
A estas cifras se suman el desplazamiento, el confinamiento y el temor permanente, que afectan especialmente a mujeres, niños y comunidades étnicas. La Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo han advertido sobre las consecuencias de la violencia en el bienestar y la educación de los menores, así como sobre las restricciones que enfrentan las misiones humanitarias.
El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que los drones armados no están prohibidos por sí mismos, pero su utilización en los conflictos debe respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos por el derecho internacional humanitario.
Un estudio de Indepaz propone hablar de una “geografía cambiante del riesgo”. A partir de datos de UNMAS, señala que los ataques efectivos pasaron de 61 en 2024 a 333 en 2025, mientras que el número de grupos que empleaban esta capacidad aumentó de cinco a 19, según registros de ACLED.
El informe sostiene que el daño provocado por estas tecnologías va más allá de los muertos y heridos: puede modificar los caminos que las comunidades utilizan, las parcelas que trabajan y los espacios en los que se reúnen. También advierte que no todo cambio de conducta puede atribuirse exclusivamente a la presencia de drones y recoge la noción indígena de “desarmonías” para explicar algunas dimensiones del daño colectivo.
Un Estado que corre detrás de los drones
El Ministerio de Defensa afirma que durante 2025 detectó cerca de 9.000 intentos de ataque con drones y que logró inhibir alrededor del 96 %. Sin embargo, el porcentaje restante sigue siendo suficiente para provocar víctimas y daños.
En 2025 también se activó el primer Batallón Antidrones y se adoptaron restricciones para la entrada de determinados componentes utilizados en la fabricación o modificación de estas aeronaves.
En 2026, el Gobierno presentó el Escudo Nacional Antidrones, un proyecto estimado en 6,7 billones de pesos, cuya primera fase contempla cerca de 1,1 billones. La estrategia incluye sistemas fijos, móviles, navales y portátiles destinados a detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas utilizadas con fines hostiles.
Para la FIP, el esfuerzo es necesario, pero insuficiente. La organización propone perseguir no solo a los operadores, sino también a instructores y proveedores, llevar capacidades antidrones a las unidades más pequeñas y alejadas y difundir protocolos de autoprotección entre las comunidades expuestas.
Ese es el panorama al que se enfrenta el Estado colombiano: una tecnología comercial de fácil acceso que los grupos armados han convertido en una herramienta de vigilancia y ataque. Mientras las autoridades fortalecen sus capacidades antidrones, la rápida expansión y adaptación de estos equipos plantea un desafío que ya no se limita a proteger bases militares y estaciones de Policía, sino también a reducir el riesgo para las comunidades que viven en medio de la confrontación.
