La Defensoría del Pueblo advirtió que los recursos identificados apenas representan una parte del presupuesto necesario para atender a las familias damnificadas, mientras persisten problemas con los subsidios, las viviendas y los servicios esenciales.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Este martes 10 de noviembre se cumplen tres meses del terremoto que dejó cientos de víctimas mortales, miles de viviendas afectadas y a cientos de miles de personas que todavía esperan recuperar las condiciones en las que vivían antes de la tragedia. Durante este tiempo, las autoridades han anunciado ayudas y programas de reconstrucción, pero muchas familias siguen enfrentando dificultades para acceder a los apoyos económicos y encontrar un lugar seguro donde permanecer.
Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en un balance sobre las condiciones de la población damnificada, en el que pidió al Gobierno Nacional garantizar los recursos necesarios para atender las consecuencias del desastre. Las cifras presentadas por la entidad dan cuenta de las necesidades que persisten en las zonas afectadas, tanto por el déficit de financiación como por los obstáculos administrativos que retrasan la entrega de soluciones.
De acuerdo con el reporte, con corte al 3 de noviembre, 776.119 personas resultaron afectadas, distribuidas en 363.791 familias. En cuanto a las viviendas, 104.049 fueron declaradas inhabitables, 19.149 quedaron destruidas y otras 119.748 presentan daños, un panorama que mantiene a miles de hogares a la espera de condiciones adecuadas para regresar a sus lugares de residencia.
Reconstrucción tras el terremoto enfrenta un déficit de $50 billones
Uno de los principales obstáculos para avanzar en la recuperación es la disponibilidad de recursos, por lo tanto, la Defensoría calcula que reconstruir las zonas afectadas y atender las necesidades derivadas del desastre costaría aproximadamente $58,29 billones; sin embargo, hasta el momento se han identificado inicialmente $8,21 billones para ese propósito.
La diferencia representa una brecha de financiación de $50,08 billones, lo que da cuenta de los recursos que todavía hacen falta para desarrollar las obras y atender a las comunidades damnificadas. A las necesidades de reconstrucción se suman las cifras de víctimas entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que, con corte al 27 de octubre, reportó 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.
Los daños también comprometieron la infraestructura necesaria para el funcionamiento de las comunidades. Según el balance de la Defensoría, 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios resultaron afectados, además de las afectaciones registradas en vías, acueductos y puentes.
Dificultades para acceder a subsidios y ayudas
Mientras avanzan las necesidades de reconstrucción, también persisten problemas administrativos que pueden impedir que algunas familias damnificadas accedan a los programas de asistencia del Estado.
Publicidad
Uno de los inconvenientes está relacionado con el Registro Único de Damnificados (RUD), requisito para recibir los subsidios y ayudas del Gobierno. Según la Defensoría, no existe una ruta general que permita incorporar nuevos registros, corregir información inconsistente o reportar daños que se hayan presentado después de la fecha de cierre, una situación que puede dejar por fuera del sistema a hogares que necesitan atención.
“Esta situación puede impedir que familias afectadas accedan a las ayudas, pues el registro es un requisito para recibirlas”, advirtió la entidad.
A este problema se suman las inconsistencias en la clasificación de habitabilidad de las viviendas y el reconocimiento de los apoyos económicos. En Risaralda se han reportado más de 70.000 inconsistencias y, según el balance con corte al 7 de octubre, 3.098 familias de Pereira todavía no habían recibido el beneficio.
Otro de los puntos señalados es el subsidio de arrendamiento, fijado en $1.050.000 mensuales durante tres meses, pues la Defensoría considera que este apoyo resulta insuficiente frente a los tiempos estimados para reconstruir las viviendas, un proceso que podría tardar entre 12 y 18 meses.
A la duración limitada del beneficio se suma la escasez de inmuebles disponibles, que ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no reúnen las condiciones necesarias de seguridad, mientras otras permanecen en alojamientos temporales.
Sobre estos espacios, el seguimiento de la entidad identificó 15 albergues activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda, donde permanecían 457 personas. Frente a este panorama, la Defensoría advirtió que todavía hacen falta protocolos claros para el cierre de los alojamientos y alternativas habitacionales para las familias que deben abandonarlos.
Publicidad
Hospitales y colegios todavía presentan afectaciones
La recuperación también avanza con dificultades en sectores esenciales como la salud y la educación, donde los daños en la infraestructura y los problemas en la prestación de los servicios siguen afectando a las comunidades.
En materia sanitaria, aunque se habilitaron sedes transitorias y se anunciaron planes para reconstruir hospitales, persisten dificultades en la capacidad de atención, las consultas especializadas y la entrega de medicamentos y autorizaciones.
En Quindío, el Hospital La Misericordia de Calarcá continuaba funcionando con daños en sus instalaciones y una reducción cercana al 50 % en su capacidad de personal e infraestructura. En Risaralda, por su parte, se reportaron demoras en la asignación de citas, autorizaciones y medicamentos, mientras que el Hospital Universitario San Jorge suspendió la prestación de servicios a los afiliados de Nueva EPS.
En cuanto a la educación, el Ministerio anunció que el servicio había sido recuperado para la totalidad de los estudiantes afectados; sin embargo, el regreso a las aulas todavía presenta dificultades, pues no todos cuentan con instalaciones adecuadas para retomar las clases presenciales.
Publicidad
A tres meses del terremoto, persisten barreras para garantizar los derechos de las comunidades afectadas.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 10, 2026
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a garantizar los recursos necesarios, superar las barreras en el registro de damnificados y avanzar en soluciones sostenibles que… pic.twitter.com/0Ymkf3Cvcu
Un balance con corte al 15 de octubre mostró que, en el Valle del Cauca, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados continuaban bajo modalidades no presenciales. Entretanto, en Calarcá, la institución educativa San Bernardo atendía a más de 1.000 alumnos en 81 carpas, con dificultades para acceder a energía eléctrica, baños y sistemas apropiados de drenaje.
La Defensoría también encontró retrasos en la asignación de recursos para intervenir los colegios y problemas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), relacionados con la entrega de alimentos en mal estado, raciones incompletas y demoras en su distribución.
Con este balance, la entidad reiteró la necesidad de garantizar los recursos y superar los obstáculos que dificultan la atención de las familias damnificadas. Tres meses después del terremoto, miles de hogares siguen pendientes de soluciones habitacionales y ayudas económicas, mientras la recuperación de hospitales, colegios y demás infraestructura continúa siendo parte de las tareas que enfrenta el país.
