jueves 07 de septiembre de 2023 - 6:56 AM

¿Cómo operará el plan que pretende dejar en libertad a 5.000 madres cabeza de familia?

Esta semana fue firmado un decreto que beneficiará a madres cabeza de hogar que se encuentran en prisión. ¿Cómo funcionará la medida?
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Alrededor de 5.000 madres van a poder salir de prisión y regresar a sus hogares luego de que el Ministerio de Justicia, en cabeza de Néstor Osuna, dejara en firme las condiciones de una excarcelación masiva que marcará un precedente en la política de justicia del país. Se trata del Decreto 1451 con el que el gobierno de Gustavo Petro le apuesta a la llamada humanización del sistema carcelario por medio de la resocialización y garantía de los derechos humanos.

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Si bien en marzo de este año el presidente Petro sancionó la Ley 2292 de 2023 que les daba beneficios a las mujeres cabeza de familia que estuvieran en prisión, hasta ahora quedó listo el decreto con el que se establecen las reglas para que puedan quedar en libertad.

Según se lee en el documento firmado por el ministro Osuna, las mujeres a las que se les concederá la salida de prisión serán aquellas que ejerzan la jefatura del hogar, cumplan penas iguales o inferiores a ocho años y que estén condenadas por delitos que estén contemplados en el Código Penal y que hayan sido tenidos en cuenta para la medida como hurto, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles, entre otros.

Para asegurar el proceso de reintegro a la sociedad, las madres cabeza de hogar tendrán que cumplir con servicio social que incluye una serie de tareas como la recuperación de espacios públicos, asistencia a comunidades vulnerables, apoyo a víctimas, bienestar y protección animal. Además, el Ministerio de Justicia tendrá que realizar evaluaciones cada dos años para evaluar el progreso.

En ese contexto, para supervisar el proceso de sustitución de medida privativa de la libertad, será un juez el encargado de hacer seguimiento, y en caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas, será quien determine la gravedad de la actuación y de paso evalúe si es necesario aplicar un debido proceso.

Pero no todas las mujeres cabeza de hogar que estén en prisión podrán acceder a la libertad que promete el decreto. En el documento también quedaron fijadas las excepciones, por ejemplo, la excarcelación no será válida para aquellas que estén condenadas por uso de menores para la comisión de delitos y tampoco las que estén relacionadas con delitos de violencia intrafamiliar.

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Por otro lado, el decreto también deja claro que las mujeres que resulten beneficiarias de esa libertad serán afiliadas al Sistema de Seguridad Social y al Sistema de Riesgos Laborales; en caso de que algunas no puedan pagar la cotización, serán remitidas a la Secretaría de Salud del municipio para que se inicie el trámite correspondiente.

Este decreto materializa la idea del Gobierno Petro de humanizar la justicia y de paso descongestionar las cárceles y el sistema judicial. Sin embargo, la idea ha causado distintas posiciones en el sector político. Mientras que para unos es el primer paso en el futuro cambio en el sistema de justicia penal en Colombia, para otros es seguir favoreciendo a los delincuentes, tal como lo han afirmado personalidades de la oposición.

¿Cómo operará el plan que pretende dejar en libertad a 5.000 madres cabeza de familia?

En todo caso, mientras se hace realidad esa excarcelación masiva para las casi 5.000 madres cabeza de hogar, en el Congreso avanza a paso largo un proyecto de ley que vuelve a poner en primer lugar la agenda de derechos de las mujeres. Se trata del proyecto 242 de 2022 en el que se prometen más beneficios para las mujeres buscadoras, reconocidas por dedicar su vida a encontrar a sus seres queridos que desaparecieron en medio del conflicto armado.

El pasado 16 de agosto el proyecto superó dos de los cuatro debates necesarios para convertirse en ley, fue aprobado en la Cámara de Representantes y principalmente ha sido impulsado por legisladores del Pacto Histórico y colectivos de familiares de desaparición forzada.

La idea de ese proyecto se enmarca en reconocer la labor y proteger los derechos de esas mujeres, entendiéndolas como constructoras de paz. En ese sentido, esa protección tiene como fundamento “el contexto al que se exponen las mujeres y personas buscadoras durante su labor de búsqueda de las y los desaparecidos, caracterizado por el sufrimiento de distintos tipos de violación a derechos humanos y otros delitos con afectaciones a su salud física y mental”, explica el proyecto que todavía debe discutirse y aprobarse en el Senado.

Garantías para las buscadoras

El proyecto de ley para las mujeres buscadoras que corre en el Congreso busca además que estas tengan acceso a los subsidios o programas de vivienda de interés, así como garantías de salud, participación y reparación.

Además, consagrar el 23 de octubre como Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres y Personas Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, en homenaje a su contribución a la búsqueda y al esclarecimiento de la Verdad, recordando que en dicha fecha Fabiola Lalinde fue detenida y encarcelada cuando desarrollaba una intensa búsqueda de su hijo Luis Fernando Lalinde, desaparecido en Jardín, Antioquia.

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