Esa reforma a la UNP la viene planteando el candidato al Senado en la lista del Partido Liberal, Carlos Rojano, quien considera que la entidad sólo tiene que proteger a quienes realmente lo requieran.
La polémica de que en Colombia existen muchas personalidades que tienen costosos esquemas de seguridad sin que los necesiten y pese a eso son pagos con dineros del Estado, se metió a la campaña política, al punto que desde el liberalismo ya se habla de hacer una reforma que se tramitará en el nuevo Congreso.
La seguridad de estas personalidades (funcionarios, congresistas, magistrados, alcaldes, gobernadores y centenares de exfuncionarios y desmovilizados) corre por cuenta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, la cual tiene un presupuesto de más de 400 mil millones de pesos al año para ese propósito.
Según Rojano, “como senador de la República no ahorraré esfuerzos orientados para garantizar la vida de los colombianos. La Unidad Nacional de Protección debe ser reorientada, reestructurada para que su misión beneficie realmente a quienes se encuentren en situación de riesgo, que son los líderes sociales”.
Advierte que el tema será complejo de tramitarlo, esto porque varias personalidades, entre ellos congresistas, que no tienen un estudio de seguridad complejo, insisten en tener escoltas sin importar que esto represente un alto costo para el erario.
“Quitarles esquemas a personajes que forman parte del sector oficial. Aquellos que tengan el mínimo riesgo y sean parte del sector oficial, deben desmontar su esquema de seguridad porque se deben utilizar en quienes de verdad lo necesitan y tienen grandes riesgos”, manifiesta Rojano.
El aspirante al Senado estima que con ese cambio en el funcionamiento de la UNP, el Estado ahorraría al menos 50 % en los esquemas que están asignados para funcionarios. “Estas discusiones nunca han salido adelante en el Congreso, pero ya varios sectores han expresado su respaldo a este tipo de iniciativas”, expresó.
