La Jurisdicción Especial para la Paz fijó diez días de plazo para que Empresas Públicas de Medellín EPM entregue ante ese tribunal una serie de documentos relacionados con las exhumaciones e inhumaciones de cuerpos que permanecen en los cementerios Orobajo Sabanalarga, Barbacoas Peque y La Fortuna Buriticá.
Esta petición, así como otras órdenes impartidas por los magistrados, está relacionada con la audiencia que se celebró el 8 y 9 de octubre del año pasado con la que se dio inicio a la recolección de información para tomar una decisión de fondo sobre la solicitud elevada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, para que se impartieran medidas cautelares en seis municipios de la zona de influencia al proyecto hidroeléctrico.
En ese entonces, la JEP le dijo puntualmente a EPM que entregara los oficios que, presuntamente, fueron suscritos por la Fiscalía en la que le autorizaba a la empresa antioqueña realizar la recuperación de los cuerpos inhumados en los camposantos de Toledo e Ituango.
Álvaro Hernán Giraldo, abogado de EPM, remitió 13 documentos a la JEP a manera de respuesta. Sin embargo, en un auto dado a conocer en la mañana de este martes por parte del tribunal se advierte que “no obra en el expediente documento alguno de la Fiscalía que certifique, establezca o señale que se ha realizado un proceso de búsqueda, prospección, recuperación y exhumación exhaustivo en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango”.
Otra de las decisiones es que se entreguen los respectivos soportes del personal calificado, es decir, antropólogos y criminalistas, que documentaron el proceso de exhumación, rescate y levantamiento de información, así como el proceso de custodia, registro documental y videográfico de la exhumación, embalaje, rotulación, traslado e inhumación final de los cuerpos.
En uno de los apartes de la providencia de 40 páginas le ordenan a la Procuraduría regional de Antioquia que informe si “puede asegurar que no hay cuerpos inhumados en los municipios de influencia del proyecto de Hidroituango, en especial en la zona inundada”.
También le preguntan al ministerio público si supervisaron en un momento dado alguna diligencia realizada por la Fiscalía concerniente a este proceso.
“La JEP analizará detalladamente la información suministrada por esa empresa, la contrastará con el resto de la documentación aportada y le solicitará, de estimarlo necesario, información adicional”, remata el documento.
