Después de más de siete sesiones de discusiones y una avalancha de impedimentos, el Senado aprobó el proyecto anticorrupción que fue presentado por la Fiscalía y que el pasado 30 de diciembre fue firmado por el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez.
La Ley 2014 tiene por objeto, entre otros, adoptar medidas para la sanción efectiva de los delitos cometidos contra la administración pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, a través de la eliminación de beneficios penales y de la modificación del régimen de inhabilidades para contratar con el Estado cuando se demuestra la comisión de actos de corrupción.
Uno de los elementos claves de esta Ley es que se elimina la prisión domiciliaria, es decir, que cualquier servidor público que cometa un delito de corrupción no podrá tener casa por cárcel. Segundo, se acaban aquellos sitios de reclusión que no corresponden a los del Inpec y, tercero, se aumentan las penas para los delitos de cohecho, concusión y prevaricato.
Vale la pena recordar que este proyecto fue presentado por la Fiscalía General e impulsado por los promotores de la consulta anticorrupción.
