La Ciudad de México recaudó 166 millones de pesos en impuestos al juego durante el primer semestre de 2026, un salto del 73% frente al mismo periodo del año anterior. Ese número, publicado a fines de julio por la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, resume el momento que atraviesa la regulación del juego en el país.
Publicado por: Suministrado
Entre un aumento fiscal histórico, un cerco más estrecho sobre las plataformas sin licencia y una ley de 1947 que aún sigue vigente, el sector de apuestas y casinos en México vive uno de sus años de mayor movimiento normativo.
A continuación se repasan los cambios más relevantes y lo que todavía falta por resolverse.
El nuevo mapa fiscal de las apuestas
El primero de enero de 2026, apenas pasada la medianoche, entró en vigor la reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que aplica a los juegos con apuestas y sorteos. La tasa subió del 30% al 50% del monto total apostado, uno de los incrementos más pronunciados en la historia reciente del sector.
La reforma también alcanza a las plataformas digitales, tanto mexicanas como extranjeras, que ahora deben tributar bajo el mismo esquema. La reforma al IEPS plantea que los operadores del extranjero sin establecimiento permanente en México también quedan obligados al pago cuando el usuario se encuentra en territorio nacional.
La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México detalló que el ingreso por este concepto pasó de 96 millones de pesos en la primera mitad de 2025 a 166 millones en el mismo periodo de 2026.
El crecimiento admite dos lecturas:
- Más apuestas en términos absolutos.
- Una porción mayor del mercado que empezó a operar en los canales formales.
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El gobierno capitalino confirmó que buena parte de lo recaudado se canaliza a programas de prevención de la ludopatía y al fortalecimiento de la infraestructura deportiva, en línea con el espíritu declarado de la reforma federal.
Más controlsobre las plataformas digitales
La Secretaría de Gobernación reforzó su capacidad para bloquear dominios y aplicaciones que operen sin el permiso correspondiente, una medida dirigida directamente al mercado informal.
Distintos análisis del sector calculan que más de la mitad de las apuestas en línea en México todavía se realizan en sitios sin licencia vigente, un vacío que el nuevo esquema busca cerrar mediante controles tecnológicos y la trazabilidad de las transacciones. Cerrarlo por completo va a llevar tiempo.
La eliminación del anonimato digital constituye la pieza central de esta estrategia. Los operadores autorizados deben implementar sistemas que permitan identificar al usuario y dar seguimiento a los movimientos de dinero, en un esfuerzo declarado contra el lavado de activos.
Los juegos de casino en línea que operan con licencia de la Secretaría de Gobernación quedan sujetos a este estándar más alto de trazabilidad, un requisito que ya forma parte de la operación habitual de las plataformas reguladas en el país.
La formalización fuera de México
La elección de Ciudad de México como sede de SiGMA North America 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria en el continente, confirma que operadores, inversionistas y reguladores observan de cerca la modernización del marco regulatorio que atraviesa el país.
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Los bonos de bienvenida y los descuentos se rediseñaron para absorber parte del costo fiscal sin trasladarlo por completo al jugador, mientras que los anuncios de plataformas de azar ahora solo pueden transmitirse en radio y televisión después de las 22:30 horas, una restricción horaria pensada para reducir la exposición de menores de edad a este tipo de publicidad.
3 frentes que siguenabiertos
1. Una ley que sigue esperando reemplazo
La Ley Federal de Juegos y Sorteos data de 1947 y sigue siendo la norma vigente para todo el sector, tanto en lo físico como en lo digital. En octubre de 2025, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó una iniciativa para derogarla por completo.
La propuesta plantea crear un Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, una autoridad desconcentrada que concentraría la regulación, la inspección y las sanciones. También incorpora una edad mínima de 21 años, mecanismos de autoexclusión y límites de apuesta acordes con la capacidad económica del jugador.
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La iniciativa sigue en discusión legislativa y su avance dependerá de cuánto peso le den las siguientes sesiones del Congreso a un tema que compite por espacio con otras prioridades legislativas.
2. El registro público de licencias
Otro reclamo constante entre los legisladores es la falta de un registro abierto que permita identificar qué plataformas cuentan con un permiso vigente.
La propuesta busca facilitar que jugadores y autoridades identifiquen con claridad qué operadores están autorizados y cuáles no, algo que hoy exige revisar distintas fuentes dispersas para llegar a una respuesta confiable.
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Ese dato hoy resulta difícil de verificar para cualquier usuario común. Un registro público resolvería gran parte del problema sin necesidad de esperar a una reforma integral de la ley.
3. La transición desde las tragamonedas físicas
Desde noviembre de 2023 no se pueden instalar nuevas tragamonedas ni renovar los permisos de las existentes en casinos físicos. Esa restricción aceleró la migración de jugadores a plataformas digitales, un movimiento que ya lleva más de dos años en marcha.
Un sector quese ordena, aunque todavía a medio camino
En 2026, México aumentó con fuerza la carga fiscal al juego y endureció el cerco a los operadores sin licencia. La creciente recaudación en la Ciudad de México y el interés internacional que despierta el mercado mexicano confirman que el sector avanza hacia una etapa más formal.
Lo que ocurra en los próximos meses, entre el avance legislativo y la respuesta del mercado a la nueva carga fiscal, determinará hasta qué punto llegará esta etapa de reordenamiento.
