El presidente Gustavo Petro sugirió redirigir hasta 1 billón de las vigencias futuras de proyectos viales, pero expertos advierten sobre las consecuencias legales y económicas de esta decisión.
Publicado por: Laura Juliana Flórez
En una reciente reunión del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro planteó una medida que podría tener serias implicaciones para los grandes proyectos de infraestructura en el país. Lea también: ¿Cuánto hay que ganar hoy al mes en Colombia para comprar carro sin ahogarse en deudas?
Según Petro, para adquirir entre 13 y 14 millones de dosis de vacunas contra la fiebre amarilla, el Gobierno podría recurrir a un fondo de vigencias futuras de los proyectos de infraestructuras 4G y 5G, que actualmente se encuentran en ejecución.
El presidente mencionó que existen 8 billones de fideicomisos que están destinados a financiar los proyectos viales de cuarta y quinta generación. Estos recursos, según el mandatario, podrían ser utilizados para enfrentar la crisis sanitaria, ya que algunos de estos proyectos estarían en “incumplimientos”.
Las vigencias futuras no son fondos disponibles para emergencias: expertos alertan sobre consecuencias
En relación con la declaración del presidente Gustavo Petro, en el consejo de ministros de ayer, la CCI @camaradelainfra hace las siguientes precisiones y rectificaciones:
— Juan Martin Caicedo (@JMCaicedoFerrer) April 22, 2025
1. Todos los proyectos de concesión, de 4ª y 5ª generación, están cumpliendo cabalmente las actividades y…
La propuesta del presidente ha generado una fuerte reacción en el sector de la infraestructura. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), salió al paso de las declaraciones asegurando que todos los proyectos de concesión 4G y 5G están cumpliendo con sus obligaciones de manera adecuada. Caicedo subrayó que no existen márgenes legales para desviar estos fondos a otras causas, por más urgentes que sean.
“Los recursos están destinados a pagos por obras construidas y entregadas por los concesionarios, ya aprobados por el Estado. No se pueden usa para otros fines”, advirtió Caicedo. Lea también: Consulta popular sobre reforma laboral enciende el debate: propuestas dividen a empresarios y sindicatos
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, también se unió a las críticas, argumentando que una decisión arbitraria de redirigir estos recursos pondría en duda la seguridad jurídica de las vigencias futuras. Estos fondos son esenciales para el financiamiento de proyectos de infraestructura y su uso indebido podría afectar la estabilidad de futuros contratos del Estado colombiano.
La inquietud radica en que estos compromisos son de largo plazo, están financiados en su mayoría con capital privado y son fundamentales para el desarrollo de la infraestructura vial del país. Cualquier alteración en su destino podría desencadenar efectos negativos tanto en la confianza de los inversionistas como en la ejecución de proyectos claves.
El caso de la vía Bucaramanga- Pamplona: un proyecto fallido
Uno de los proyectos 4G que ha estado en el ojo del huracán es el de la vía Bucaramanga- Pamplona, un corredor de 124 kilómetros que conectaría Santander con Norte de Santander. Lea también: Feria Inmobiliaria Vanguardia, en Neomundo: vivienda nueva y a su estilo
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En mayo de 2024, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la terminación anticipada del contrato para mejorar el tráfico en este tramo. A pesar de que el proyecto requería una inversión de aproximadamente 1,5 billones y estaba previsto para culminar en 2041, hasta la fecha de su cancelación, solo se había avanzado un 11,22%.
Este retraso ha dejado pendientes recursos significativos, aunque algunos de estos fondos ya estaban depositados en subcuentas del patrimonio autónomo. Según la ANI, estos recursos solo podrían ser utilizados una vez que las obras estén terminadas.
De los 640.000 millones destinados para este proyecto, se espera que solo una fracción de ese monto se pueda recuperar tras la liquidación del contrato, con una expectativa de no más del 20% de los fondos, es decir, alrededor de 160.000 millones.
*Con información de El Colombiano
