La reforma tributaria llega en el momento necesario, y cuenta con aspectos positivos como el aumento del recaudo por medio del impuesto de renta a personas naturales y la eliminación de exenciones distorsionantes.
Desde hace ya décadas, pero en particular desde 1991, los gastos del Gobierno nacional son mayores a sus ingresos (déficit estructural).
Es decir, el recaudo no es suficiente para cubrir las crecientes necesidades del Estado. “Nos quedamos cortos para financiar un gasto que, en especial su componente social, ha crecido mucho en los últimos 30 años”, dice el Centro de Estudios Económicos Anif.
A eso se suman las necesidades y medidas que se tomaron para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19 y el hecho de que el nuevo Gobierno ya anunció una ambiciosa agenda social que implica, por supuesto, un importante esfuerzo de gasto para llevarse a cabo.
Por eso, Mauricio Santa María, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, sostiene: “la reforma tributaria que el Gobierno nacional radicó en el Congreso llega en el momento necesario, el déficit ha crecido de manera importante y la deuda es la más alta en la historia del país”.
Agrega que el déficit hoy es superior a los 9 puntos del PIB si se tiene en cuenta el problema que se ha generado con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc).
Con respecto a este, desde hace meses Anif viene advirtiendo sobre el impacto negativo de un alto subsidio a los combustibles en la sostenibilidad fiscal del país.
“El Gobierno nacional, consciente de la necesidad de tener mayor capacidad de gasto y de financiación en el corto plazo, presentó una reforma tributaria ambiciosa que cuenta con aspectos positivos, como lo son la simplificación a la hora de realizar el pago de las obligaciones, el aumento del recaudo por medio del impuesto de renta a las personas naturales y la eliminación de exenciones distorsionantes a individuos y empresas. Esas son buenas noticias”, precisa el comunicado.
Sin embargo, en la reforma presentada, Anif encuentra reparos, que valdrá la pena discutir, en varios frentes:
1. No se aumenta la base gravable del impuesto de renta a personas naturales, causando que el aumento en el recaudo recaiga en los mismos que siempre lo han pagado.
2. La tasa efectiva de tributación para personas jurídicas se aumenta significativamente, limitando la capacidad del sector productivo, en un momento en que el empleo se encuentra rezagado.
3. Se crean impuestos a las exportaciones de hidrocarburos y se elimina el descuento de regalías del impuesto de renta, reduciendo la competitividad del sector.
4. No se revisan las exenciones actuales en el IVA, que benefician a los sectores de más altos ingresos y aumentan la regresividad que tiene el impuesto.
“Teniendo todo esto en cuenta, es absolutamente necesario que el Gobierno ajuste sus expectativas y revise aquellos factores que, en vez de generar mayores ingresos de largo plazo para la nación, terminan por asfixiar los sectores de los que hemos dependido durante años y eliminan la posibilidad de hacer cambios estructurales en el régimen tributario para que sea realmente progresivo”, concluye Santa María.
