Churo Díaz fue imputado por presunto acto sexual con menor y sigue libre por decisión judicial

El caso continuará en una nueva audiencia donde un juez resolverá si impone restricciones mientras avanza la investigación.

Publicado por: Redacción Vanguardia

La Fiscalía General de la Nación avanzó este jueves en el proceso penal que adelanta contra el cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como Churo Díaz, al imputarle el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años durante una audiencia realizada en Valledupar. Aunque el artista quedó formalmente vinculado a la investigación, la definición sobre una eventual medida de aseguramiento fue aplazada y será resuelta en una nueva diligencia judicial.

La audiencia comenzó hacia las 8:00 de la mañana del 23 de julio ante el Juzgado 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar. Durante la diligencia, la Fiscalía presentó la imputación en contra del cantante, mientras que la petición para definir si enfrentará el proceso con una medida privativa de la libertad no alcanzó a ser debatida en su totalidad y quedó pendiente de una nueva convocatoria judicial.

La investigación está relacionada con una presunta víctima menor de 14 años, por lo que buena parte del expediente permanece bajo reserva, conforme a lo establecido por la legislación colombiana para este tipo de casos. Debido a esa condición, las autoridades no han revelado públicamente detalles sobre las pruebas recopiladas ni sobre otros aspectos sensibles de la investigación.

Antes de la audiencia, Churo Díaz acudió a las instalaciones de la Fiscalía en Valledupar acompañado por su abogado defensor, el penalista Keiner Sanmartín, quien asumió su representación dentro del proceso y será el encargado de ejercer su defensa durante las distintas etapas judiciales.

La imputación de cargos constituye el inicio formal del proceso penal, pero no implica una condena ni una declaración de responsabilidad. Será durante el desarrollo de la investigación y del eventual juicio cuando la justicia determine si existen elementos suficientes para demostrar la responsabilidad del artista en los hechos que le atribuye el ente acusador.

El caso ha despertado amplio interés por tratarse de uno de los intérpretes más reconocidos del género vallenato, situación que ha generado reacciones entre seguidores y figuras del ámbito musical.

Con la apertura de esta investigación también reaparecieron referencias a otros procesos judiciales que han involucrado al cantante en los últimos años. Entre ellos figura el denominado caso Costa Azul S.A.S., en el que fue investigado por presuntos delitos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares.

Ese expediente tuvo relación con Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida públicamente como “Mamá Beatriz”, expareja del artista, quien fue condenada en 2017 a nueve años de prisión por el millonario fraude inmobiliario. Durante esa investigación, Castro Pérez aseguró que Díaz conocía las operaciones ilegales y que habría recibido consignaciones periódicas por sumas que, según su declaración, alcanzaron cerca de 1.200 millones de pesos.

Sin embargo, el 31 de julio de 2025, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió al cantante al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación en el fraude de Costa Azul S.A.S., decisión que lo exoneró de cualquier responsabilidad penal en ese proceso.

Ahora, el nombre de “Mamá Beatriz” vuelve a aparecer en el nuevo expediente, ya que, según la denuncia, la presunta víctima sería una de sus hijas, quien habría estado bajo el cuidado del cantante durante el tiempo en que ambos convivían como pareja.

Hasta el momento, Churo Díaz no ha emitido un pronunciamiento público sobre la imputación ni sobre las acusaciones formuladas por la Fiscalía. En consecuencia, el proceso continuará en las próximas audiencias, en las que un juez deberá resolver primero si impone una medida de aseguramiento y, posteriormente, avanzar en la valoración de las pruebas que permitan establecer si existe o no responsabilidad penal por los hechos investigados.