El presidente Gustavo Petro aboga por la libertad de ‘Epa Colombia’, mientras la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sostiene que la decisión recae en manos de los jueces.
Publicado por: Redacción Tendencias
En los pasillos del poder, donde las decisiones moldean el destino de una nación, una figura inesperada ha encendido una chispa de discordia. Daneidy Barrera Rojas, conocida en el mundo digital como ‘Epa Colombia’, se encuentra en el epicentro de una controversia que trasciende su propia historia. Lea también: ¿Qué se dijeron realmente? Laura Acuña y Melina Ramírez se sacaron sus “trapitos al sol”
Condenada a cinco años y dos meses de prisión por actos vandálicos durante las protestas de 2019, Barrera Rojas cumple su sentencia en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Desde su reclusión, ha alzado su voz, clamando por una segunda oportunidad y solicitando la intervención del presidente Gustavo Petro.
El mandatario, sensible a su súplica, ha señalado que, al ser madre cabeza de familia, ‘Epa Colombia’ podría acogerse a una ley que le permitiría salir diariamente de prisión. Petro instó al Ministerio de Justicia y al INPEC a aplicar dicha normativa en su favor.
Sin embargo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha respondido con firmeza. En una entrevista con La W, aclaró que la potestad de conceder beneficios como la ley de utilidad pública recae exclusivamente en los jueces. Además, subrayó que Barrera Rojas no cumple con los requisitos establecidos, ya que su condena por instigación a delinquir con fines terroristas la excluye de tales beneficios.
Este desencuentro entre el presidente y la ministra pone de relieve las complejidades del sistema judicial colombiano y la delicada separación de poderes. Mientras Petro aboga por una interpretación más flexible en favor de la reintegración social, Buitrago enfatiza la necesidad de respetar los procedimientos legales y las decisiones judiciales.
En medio de este pulso político, la figura de ‘Epa Colombia’ se erige como símbolo de las tensiones entre justicia, política y opinión pública. Su caso plantea interrogantes sobre la equidad del sistema penal, el papel de la rehabilitación y los límites de la intervención gubernamental en asuntos judiciales.
Mientras el país observa con atención, la balanza oscila entre la compasión y la justicia, entre el poder ejecutivo y el judicial. El desenlace de esta historia podría sentar precedentes significativos en la relación entre las ramas del poder y en la aplicación de la ley en Colombia.
Escuchar a Epa Colombia con tanta entereza, determinación y fe, solo confirma que dentro de su propósito de vida está pagar su delito y cambiar la vida de muchas mujeres ahí dentro. Como ella lo dice fuera de su personaje es una mujer increíble que YA RESARCIÓ SU CULPA. pic.twitter.com/LhQ0qY5Upg
— Reick🐺 (@Reickdice) February 14, 2025
¿Qué dijo Epa en la cárcel?
Desde una celda en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, lanza un mensaje que resuena más allá de los muros de su reclusión. Sus palabras no son solo una confesión, sino una súplica cargada de incertidumbre y arrepentimiento. Lea también: ¿Qué se dijeron realmente? Laura Acuña y Melina Ramírez se sacaron sus “trapitos al sol”
Publicidad
“Sé que me equivoqué”, admite, con una voz que oscila entre la culpa y la frustración. Pero lo que la atormenta no es solo su condena, sino la dureza con la que la justicia ha caído sobre ella. “Mientras otros son reconocidos como gestores de paz, yo estoy aquí pagando por algo que no amerita tantos años”, dice, comparando su caso con el de exmiembros de la primera línea.
Pero no es su libertad lo que más la consume, sino el rostro de su hija, Daphne Samara. Podría tenerla con ella en prisión hasta que cumpla tres años, pero se niega. “No quiero que pague por mis errores”, confiesa entre lágrimas. En cambio, ruega por el derecho de lactancia, al menos una hora al día para verla, tocarla, recordarle que sigue ahí.
Desde su encierro, Epa Colombia mira hacia el poder. Envía un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, pidiendo su ayuda para obtener una segunda oportunidad. La respuesta no tarda en llegar. El mandatario insinúa que, por ser madre cabeza de familia, podría beneficiarse de una ley que le permitiría salir diariamente de la cárcel. Pero la burocracia se interpone: el Ministerio de Justicia advierte que su caso no aplica para este beneficio.
Mientras su destino se debate en despachos y tribunales, Barrera Rojas se aferra a la Biblia y a la esperanza de que su historia aún no ha terminado. La pregunta queda en el aire: ¿será su caso un ejemplo de justicia o de castigo desmedido?
