En el calabozo del Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, permanecen 32 detenidos en cinco celdas de 3x4 metros. No tienen duchas ni alimentación.
Publicado por: REDACCIÓN VANGUARDIA.COM
Hacinados en cinco celdas de 3x4 metros, sin colchonetas, almohadas o cobijas y sin suministro de alimentación por parte del Inpec, permanecen 32 detenidos en el calabozo que sirve de tránsito en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga. Estas pequeñas celdas están localizadas en la calle 34 entre carreras 11 y 12 de la capital santandereana.
Las difíciles condiciones de salubridad que afrontan los 30 hombres y dos mujeres, recluidos allí desde hace dos semanas, llevó a que la Secretaría de Salud de Bucaramanga sellara este lunes el calabozo, prohibiendo así la llegada de más detenidos.
De acuerdo con las autoridades, las 32 personas que permanecen allí deben compartir tres sanitarios y no tienen dónde ducharse. Además, desde hace 18 días no reciben la luz del sol y debido al hacinamiento deben dormir literalmente acurrucados debido al estrecho espacio que comparten.
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María Inés Sánchez Castellanos, juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, le dijo a Vanguardia.com que “la situación se agravó cuando el Inpec cerró sus instalaciones (de la cárcel Modelo). Esto hizo que colapsara el calabozo del Palacio de Justicia, ya que no recogieron los detenidos que tienen una medida de aseguramiento proferida por un juez”.
Sin una cárcel a la cual puedan ser trasladados, los 32 detenidos, por diferentes delitos, permanecen bajo custodia de la Policía Metropolitana, en el estrecho calabozo del Centro de Servicios Judiciales.
“El calabozo del Palacio de Justicia es para el tránsito de detenidos que son llevados para las audiencias o para ser presentados ante un juez de garantías. Si el juez les dicta medida de aseguramiento, son trasladados al calabozo donde en cuestión de horas el Inpec los recoge para llevarlos a los centros carcelarios. Este calabozo no está adecuado para estancias permanentes sino de tránsito”, explicó María Inés Sánchez Castellanos, juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga.
A la deriva
Según explicó la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, el Inpec, además de que se retiró del calabozo, por lo que la vigilancia de los detenidos debió asumirla la Policía, tampoco está cumpliendo con la alimentación de las 32 personas que allí permanecen.
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“La alimentación la están supliendo las familias de los detenidos. A veces les traen, otras no. Algunos abogados se compadecen y en una que otra ocasión les pagan el almuerzo a algunos. La situación de salubridad y de alimentación es crítica”, agregó la funcionaria.
En busca de una solución que ponga fin al hacinamiento en el calabozo del Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, su coordinadora inició acercamiento con el director general del Inpec, el brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón. “En la mañana de este lunes dialogué con el asistente del director del Inpec y le expresamos la delicado situación que se está registrando acá. Él se comprometió a que cuanto antes tomarían cartas en el asunto”, explicó la juez María Inés Sánchez Castellanos.
Ni un preso más
Desde el pasado 6 de marzo, los guardianes del Inpec implementaron el plan reglamento, un mecanismo que impide el ingreso de más detenidos a la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
La propagación de enfermedades al interior penal, sumado al hacinamiento del 156% por encima de su cupo total, llevó al Inpec a tomar la decisión de no recibir un preso más.
El dicho plan reglamento entró a regir como respuestas a los incumplimientos del Gobierno Nacional de solucionar la crisis carcelaria que afronta el país. La medida también suspende el traslado de internos a fiscalías y juzgados.
En su momento el dragoneante Marco Antonio Cruz Villamizar, presidente de la Unión Sindical de Trabajadores Penitenciarios, UTP, explicó que la medida se implementó debido al hacinamiento, escases de guardias y la propagación de enfermedades como tuberculosis y meningitis que no pueden ser atendidas debido al mal estado de la infraestructura.
“El Gobierno no cumplió con el apoyo que prometió en 2015 y tanto la Alcaldía como la Gobernación han estado en silencio, no han ayudado a mitigar el problema y así es difícil funcionar”, manifestó Cruz Villamizar.
La situación de hacinamiento y de salud es grave: 23 reclusos y dos guardias padecen de tuberculosis, y una más tiene meningitis. Así mismo, la Modelo actualmente alberga a más de 3.076 internos, cuando su capacidad máxima es para 1.200 personas.
