Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hay mucho que conmemorar, pero nada que celebrar: a las mujeres las siguen asesinando en el país sus parejas, exparejas, personas cercanas a su entorno, con sevicia y por el hecho de ser mujeres. La violencia creció en un 400 % en Santander.
Publicado por: Paola Esteban
Un atroz acto de violencia estremeció a Landázuri en el primer mes de este año: Arianed Hernández Linares, una mujer de 54 años originaria de Honda, Tolima, fue brutalmente asesinada el pasado 19 de enero. Su vida llegó a un final cruento a manos de tres jóvenes: luego de una discusión con su pareja, Iván Andrés Ortiz Rocha, el salió de la casa, fue a buscar a dos amigos más, regresó, la apuñaló e instó a los otros dos jóvenes para que la amordazan y la apedrearan. Su pareja la apuñaló varias veces hasta quitarle la vida.
Arianed, conocida en el municipio por su labor como vendedora de empanadas y papas rellenas, había llegado a Santander tras trabajar en fincas del Magdalena Medio.
Este crimen atroz no es un incidente aislado, sino que se suma a una escalofriante tendencia de aumento en la violencia contra las mujeres en todo el país, particularmente en Santander. Con cuatro feminicidios reportados en enero de 2024, el departamento enfrenta un alarmante incremento del 400 % con respecto al año anterior. Este dato sombrío se alinea con una realidad nacional preocupante, donde más de 20 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el mismo periodo.
Pero el panorama es más alarmante si dejamos de ver las cifras aisladas.
El informe criminológico más reciente publicado por la Gobernación de Santander el 7 de febrero revela una disminución en los homicidios en el departamento, pero un aumento significativo en los feminicidios. Mientras que en enero de 2023 se registró un solo caso de feminicidio, en enero de 2024 ya se habían contabilizado cuatro casos. Estas cifras ponen a Santander como la región con las estadísticas más preocupantes de feminicidios en Colombia durante el primer mes del año.
Las cifras no mienten: la violencia se ensaña contra las mujeres en Santander. A pesar de los esfuerzos por abordar este problema, las alertas de intervención emitidas hasta la fecha muestran que la situación sigue siendo alarmante. Bogotá D.C, Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y Casanare son algunos de los territorios con mayor número de alertas, reflejando la urgente necesidad de acciones concretas para proteger a las mujeres en todo el país.
¿Qué está pasando?
Yinny Valencia, abogada y activista por los derechos de las mujeres (@yinnyvalencia), señala que hay varios factores que explican el aumento en el número de feminicidios, pero el principal de estos “se debe al exacerbación de la violencia contra las mujeres, la continuación de las conductas, machistas y discriminatorias y en contraposición a la denuncia por parte de las víctimas”.
Asegura que al no contar con una ruta efectiva de atención protección y justicia de las violencias basadas en género, se incrementan los riesgos de feminicidio.
“La mayoría de las víctimas de feminicidios contaban con denuncias previas a la conducta feminicida, por lo cual, el victimario al verse descubierto, pero al notar que no hay acciones de justicia y protección efectivas, crea en su mente una justificación de estas acciones y considera que puede continuar con estos hechos de violencia sin ningún tipo de repercusión jurídica”.
Asimismo, la experta asegura que en nuestro sistema legal los feminicidios representan un reto enorme.
“Primero, en la correcta tipificación de los casos que ya ocurrieron de feminicidios y en la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, en estos casos para sus hijos y familiares. Es un reto también en relación con el fortalecimiento de las rutas de atención y protección para evitar este continuo de la máxima expresión de violencia contra las mujeres a través del otorgamiento de medidas de protección que sean efectivas: Casa Refugio, desalojos, suspensión de visitas, medidas de aseguramiento”.
La abogada indica que la protección de las mujeres es un compromiso que deben asumir las administraciones para articular la ruta de prevención del feminicidio, no solamente a través de las autoridades de justicia y protección, sino de todo el sistema de salud, de los programas de integración de la secretarías de la mujer y de fortalecer estrategias para garantizar esa estabilidad y protección”.
Por su parte, Maria Camila Rosso, abogada feminista (mcrosso_), explica que para la sociedad, el feminicidio también tiene unas implicaciones determinantes y que parten desde el reto jurídico de la tipificación de este delito.
“La tipificación del feminicidio como delito en el Código Penal colombiano sigue siendo una experiencia muy nueva para nuestro sistema jurídico y, en ese sentido, lo que podemos decir sobre la efectividad del delito en una de sus funciones, por ejemplo en la prevención o el castigo de la conducta, se va a ir actualizando continuamente por el entendimiento que tenemos”.
La experta explica que una de las razones del aumento en las cifras de feminicidios es el registro que ahora existe sobre el mismo. “Sabemos, desde el trabajo comunitario con mujeres y a través de experiencias de prevención de violencia basada en sexto y género con organizaciones de base barriales, que hoy las mujeres pueden acceder a información sobre rutas de acceso institucionales que hace diez o cinco años o no existían, o no se socializaban. En ese sentido, esto puede representar un aumento del subregistro de violencia que antes no estaba representado bajo una medición oficial. De igual forma cada vez existe más veeduría sobre los precios judiciales”.
La abogada también señala que hay denuncias sobre la atención poco efectiva y hasta revictimizante de las mujeres en las instituciones judiciales del país.
“Las activistas y defensoras de derechos humanos hablan sobre malas prácticas jurídicas dentro de los procesos de feminicidio en tentativa, en la violencia familiar, etcétera. Ponemos sobre la mesa una deuda que tiene el Gobierno Nacional las entidades territoriales locales y en general, el Estado con las mujeres y es que, a pesar de que la ley Ley 1257 del 2008 dicta normas muy específicas de sensibilización prevención y sanción de cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres, el cumplimiento por ejemplo las mismas a través de la ley 22/15 (que es la ley por la cual se establecen las cosas de refugio en Colombia) es muy precario”, dice.
La experta señaló que para que haya una prevención de las violencias de las mujeres que terminan en el feminicidio es importante que quienes son vulnerables hoy en Colombia tengan un lugar de resguardo que no sea la casa de su agresor.
“Esto también se une, por ejemplo, a datos que tenemos de la Cepal: después de la pandemia por Covid-19, las mujeres tuvieron un retroceso en la participación laboral y la autonomía económica que también es un factor que determina el lugar que ocupan las mujeres cuando están atrapadas en el círculo de la violencia. Dicen: yo no puedo salir de mi casa porque tengo a mis hijos y mi agresor es el sostén familiar”, señala María Camila Rosso y compara el proceso de reconocimiento del feminicidio y la violencia contra las mujeres con el que ha seguido el derecho a la aborto en Colombia.
“Las sociedades llevan procesos paralelos sobre la despenalización social y esto quiere decir que a pesar de que haya un delito en el Código Penal escrito y legislado vigente, a las mujeres las constriñen modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad, dinámicas que al final pretenden quitarle libertad a través de violencias. Hay una penalización en el Código Penal, que es un proceso muy importante, pero también el llamado este 8 de marzo es a que debe haber una penalización social contundente sobre cualquier tipo de forma de violencia, que las mujeres vivan a diario sin ningún problema”.
Lamentablemente, se siguen viendo los casos a diario y su impacto no solo abarca el hecho de quitarle la vida a una mujer, también a su núcleo familiar y a la forma en que nos vemos como sociedad.
Sonia del Pilar Ayala Rincón, psicóloga, magister en Psicología Jurídica, Directora Maestría en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Santander, Udes, analiza que el feminicidio “este tipo de hechos muestra el estado de vulnerabilidad de la mujer frente a un patriarcado que sigue vigente en nuestra estructura social colombiana. Los hijos sufren una pérdida doble, una madre que fallece y un padre que va a la cárcel con una pena alta. Trae consigo sentimientos de impotencia, dolor, tristeza, generando traumas que, de no ser resueltos o tratados a nivel profesional, pueden desencadenar secuelas emocionales crónicas: personas vulnerables a la aparición de trastornos mentales, dificultades de adaptación y pérdida del sentido de vida”.
Pero la psicóloga aclara que la familia que se ve impactada por un feminicidio ya había venido sufriendo: “se evidencia la presencia de una violencia intrafamiliar soterrada ejercida por sujetos con problemas de salud mental, violentos, con dificultad en el relacionamiento y un bajo control de impulsos. Socialmente existe la percepción de la mujer como un ser vulnerable, desprotegido, impotente, marginado y aún bajo el dominio del hombre”.
Y añade que existe una ineficacia del Estado para garantizar su protección y la equidad para las mujeres, lo que solo consigue el que la violencia se quede en el ámbito familiar, fomentando “estos sentimientos de impotencia, culpa y la sensación de que se pudo prevenir, cuestionando el papel de la familia como agente protector. El feminicidio no es una problemática del fuero íntimo, es una problemática social que se ha desbordado y a la cual hay que prestarle toda la atención posible”.
En medio de este panorama desolador, es imperativo que, en este Día Internacional de la Mujer, reflexionemos sobre la cruda realidad que enfrentan las mujeres en Colombia. Más allá de los mensajes de felicitación y solidaridad, debemos confrontar la violencia de género con determinación y acciones concretas.
