Pobladores, medios locales y organizaciones civiles denuncian que los cárteles hacen reclutamientos forzados, secuestros y asesinatos, por lo que más de 3 mil habitantes optaron por abandonar sus hogares y huir de la violencia.
Publicado por: Redacción Vanguardia
En La Concordia, Chiapas, el pasado 28 de junio fueron asesinadas 19 personas, durante una de las peores masacres del sexenio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO.
Fueron víctimas de la narcoguerra por el control territorial del sureste mexicano, entre los carteles de Sinaloa, de Chiapas y Guatemala, (CCyG) y Jalisco Nueva Generación, CJNG, además de conflictos regionales entre grupos criminales y autodefensas.
Entre enero y junio de 2024 se contabilizan 786 homicidios en Chiapas, dijo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sesnsp-.
La región de Chiapas vive hoy la peor crisis humanitaria y de inseguridad de la región, provocada por esta narcoguerra.
Violencia con nuevos niveles
La intensificación de la violencia en el estado fronterizo de Chiapas, en el sur de México, está elevando el número de desplazados y desaparecidos a nuevos niveles.
La organización InSight Crimen, centro de pensamiento y medio de comunicación independiente, afirma que miles de habitantes se han visto obligados a abandonar sus hogares, y los grupos criminales están atacando cada vez más a la población civil.
La entidad dice que tuvo acceso a los datos de una organización de derechos humanos, según los cuales, durante los siete primeros meses de 2024 se registraron 12.771 víctimas de desplazamiento en Chiapas.
Eso supone, afirma, un fuerte aumento con respecto a las 4.562 víctimas registradas en todo 2023.
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InSigth Crime confirma lo que muchas agencias de noticias han informado. En los últimos días, grupos criminales de Chicomuselo, municipio fronterizo, utilizaron drones para lanzar explosivos contra viviendas y desplazaron a 400 personas.
Además, atacaron un juzgado e incluso una base militar.
Y en julio pasado, 580 mexicanos huyeron del cercano municipio de Amatenango de la Frontera y cruzaron hacia Guatemala, según las autoridades de ese país.
El incidente, dicen los investigadores, fue un raro ejemplo de migrantes de México que se desplazaron hacia Centroamérica, para huir de los efectos de la violencia, y no al revés, como es habitual.
Y agrega que, en varios municipios, hombres armados acorralaron a los residentes y los obligaron a participar en bloqueos de carreteras clave, para impedir el avance de grupos rivales y de las fuerzas de seguridad.
Participar o morir
La organización independiente precisa que, un trabajador de derechos humanos, que pidió el anonimato por seguridad, denunció que los grupos criminales “empezaron a utilizar a la población civil como escudo”.
“La gente prácticamente se encuentra forzada a quedarse y colaborar”.
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Y aunque el ejército mexicano desplegó 200 soldados en Chiapas, el 16 de agosto, la medida hizo poco para reducir la violencia, señala InSight Crime.
Explica que durante mucho tiempo, Chiapas ha sido un foco de violencia criminal entre grupos que compiten por el control del territorio en la frontera sur de México, importante centro de tráfico de drogas y migrantes.
Sin embargo, la violencia en la zona aumentó de manera considerable desde 2021, y eso coincide con la incursión del Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en municipios fronterizos.
Estas zonas antes eran bastiones del rival Cartel de Sinaloa, según informes internos del ejército mexicano.
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Se agrega a este, ya espeso caldo de violencia, la participación de redes criminales más grandes y poderosas, que también alimenta el conflicto entre los diversos grupos armados locales que operan en la región.
“Estos grupos paramilitares nunca fueron desarticulados”, afirmó el defensor de derechos humanos. “Estos grandes carteles de la delincuencia organizada se están aliando con estos grupos más pequeños”.
Sabía que...
El primer semestre de 2024 se convirtió en el más violento desde la llegada de AMLO a la presidencia de México, pues en ningún año se habían superado los 650 homicidios, mientras que los asesinatos dolosos registraron su pico más alto en 2019, con 256 crímenes?
¿Y por qué los civiles?
InSight Crime pudo establecer que, para continuar luchando, los grupos criminales recurren a civiles para que apoyen o se unan a sus ejércitos criminales. Si alguien se niega, ejercen su violencia en contra suya.
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En mayo, hombres armados mataron a 11 personas, dos de ellas líderes religiosos, en una masacre en Nuevo Morelia, una población de Chicomuselo.
Las víctimas, le dijo el trabajador de derechos humanos a InSight Crime, habían llamado a la paz y se habían negado a apoyar a cualquiera de los dos grupos criminales que se enfrentaban en la región.
“La población civil está sufriendo las consecuencias, porque prácticamente ha sido tomada como rehén”, afirmó la fuente.
“Está siendo forzada a colaborar con uno u otro de los grupos criminales”. Añadió que hubo casos en los que los civiles “han querido salir desplazados de sus comunidades”, para evitar el reclutamiento forzado, pero les dijeron que si se iban, los matarían, precisó.
‘Narcobolsa’ de empleo
InSight Crime investigó un informe publicado en febrero de 2024 por un grupo de organizaciones de derechos humanos.
En él se dejó constancia de cómo el crimen organizado no solo ha forzado a miles de civiles a cometer actos de violencia, sino que también capta cada vez más trabajadores especializados.
Algo así así como una bolsa de trabajo para “electricistas, torneros, plomeros, recaderos y otros trabajadores”, para apoyar sus operaciones delictivas cotidianas.
El triple de desaparecidos
La investigación muestra cómo el aumento de personas desaparecidas también contribuye a infundir terror.
Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda indican que, entre 2019 y 2023, el número de personas reportadas como desaparecidas en Chiapas se triplicó.
Lo peor, es que es una tendencia al alza, que no muestra signos de desaceleración.
¿Y las autoridades? Los residentes suelen comentarles a los periodistas locales que la presencia de las fuerzas de seguridad no contribuye a prevenir el crimen organizado.
En su lugar, InSight Crime encontró que varios municipios han creado grupos de autodefensa para repeler a las organizaciones criminales.
La desconfianza hacia las fuerzas de seguridad en Chiapas, es generalizada, porque históricamente han estado implicadas en abusos contra los derechos humanos cometidos predominantemente contra las grandes poblaciones indígenas del estado.
En la década de 1990, el gobierno mexicano recurrió al ejército y a grupos paramilitares armados para reprimir un levantamiento liderado por los zapatistas.
Este era un grupo armado que luchaba por mejorar las condiciones y la autonomía de los indígenas. El legado de ese conflicto sigue latente hoy.
Para los civiles, las fuerzas de seguridad del Estado son “cómplices” del terror perpetrado en ciertas comunidades, lo que silenció a la población, dijo el defensor de derechos humanos.
Y agregó que, si la gente tuviera la confianza de denunciar los delitos y la violencia a las autoridades, es casi seguro que la crisis de seguridad de Chiapas sería peor.
La frase:
“Cuando los grupos criminales llegan a ciertos territorios, la población ni siquiera se plantea acudir a las autoridades...Sus opciones para estar seguros no incluyen al gobierno”: Carlos Juárez, director para México del Instituto para la Economía y la Paz.
