¿Cómo se manifiesta este cambio discursivo? En un momento de la alocución, el presidente señaló que varias organizaciones sociales en el Catatumbo estaban “permeadas” y “subordinadas a las armas”. Luego, explicó que también apelaría a un gran Pacto Social en el Catatumbo, a partir de una ofensiva social y militar que permitiera un programa de sustitución de cultivos en el territorio.
Publicado por: Alejandro Chala
Con el cierre del segundo Consejo de Ministros televisado el pasado 3 de marzo, quedó claro que el gobierno no solo ha buscado abrir su gabinete en el marco electoral hacia el Frente Amplio con los sectores políticos aliados y tradicionales, sino también el evidente cambio en su discurso público, especialmente en su interpretación y tratamiento del conflicto armado, en el marco del fracaso de la Paz Total -evidenciado en el aumento de la presencia y la gobernanza de los grupos armados en territorios clave del país-.
¿Cómo se manifiesta este cambio discursivo? En un momento de la alocución, el presidente señaló que varias organizaciones sociales en el Catatumbo estaban “permeadas” y “subordinadas a las armas”. Luego, explicó que también apelaría a un gran Pacto Social en el Catatumbo, a partir de una ofensiva social y militar que permitiera un programa de sustitución de cultivos en el territorio.
Tanto el Pacto Social como la ofensiva militar y la idea de subordinación de las organizaciones sociales a estos grupos armados son ideas que tienen antecedentes en el pasado. El proyecto de sustitución, según estudiosos relevantes del tema de drogas como Estefanía Ciro, es un reencauche de la estrategia de incentivos por sustitución que se implementó durante la fase final del gobierno Santos.
No obstante, nada es tan revelador como el discurso del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien, mirando a la cámara invitaba a la desmovilización con un lenguaje y ademanes propios de 2008, plena época en la que parte de la estrategia de la “Seguridad Democrática” de Álvaro Uribe se concentró en generar deserciones en los grupos armados luego de grandes ofensivas militares. En estos tres casos, tanto la propuesta de Seguridad Humana, como el respeto a los diálogos y las consultas con las comunidades cocaleras, la ruptura con la política antidrogas de los últimos 20 años, junto con la Paz Territorial, terminaron siendo relegadas por una política de resultados rápidos, un enfoque de gobernabilidad territorial basado en la seguridad y gestos simbólicos para negociar con los actores políticos tradicionales.
Esa vuelta al pasado es la prueba de que Petro terminó acudiendo a las herramientas disponibles dentro del Estado cuya estructura de seguridad sigue atrapada en la doctrina de control territorial por vía militar. El problema es que esta adaptación no es solo de Petro, es una condición del propio Estado colombiano, donde cada gobierno, sin importar su signo, se ha visto arrastrado al mismo repertorio de herramientas ante un conflicto armado que es, en sí mismo, una estructura permanente de poder territorial.
