Imaginemos un país tan corrupto que esto ya está afectando su gobernabilidad interna y su credibilidad externa. Por ejemplo, la convivencia se desmorona y la capacidad de adquirir créditos internacionales se dificulta. ¿Qué puede hacer el gobierno de ese país? La respuesta la saben los políticos astutos desde hace mucho tiempo: expedir normas.
Seguramente ese gobierno propondrá una cruzada contra la corrupción, emitirá un sistema jurídico completo para erradicar la corrupción, creará agencias especializadas (que implican miles de cargos burocráticos nuevos) para liderar esta lucha. Por este mero hecho mejorará su credibilidad, aumentará la gobernabilidad y la credibilidad. Las personas opinarán entre sí: este gobierno no puede ser tan corrupto como creíamos, pues está haciendo algo contra este flagelo. Sin embargo, en la práctica todo sigue igual o, incluso, peor. Las normas son redactadas para que no puedan ser eficaces o, simplemente, no hay intención para aplicarlas. Sumado a que se abren nuevos cargos burocráticos para ser ocupados mediante el clientelismo y la corrupción.
Tarde que temprano volverá el desasosiego entre la ciudadanía y la comunidad internacional, entonces el gobierno podrá aplicar la misma receta (ya que la ciudadanía, atiborrada de escándalos diarios, suele olvidar el escándalo de hace un año) o cambiar la estrategia: desviar la opinión pública hacia otro asunto, un chivo expiatorio: un niño asesinado, un trofeo deportivo, un escándalo sexual de una celebridad, etcétera.
Lo anterior nos pone en evidencia que se puede gobernar desde el papel (las normas emitidas), lo que es más barato que ponerlas en ejecución. Exige menos esfuerzo expedir una norma que aumenta las penas para un delito, que investigar y condenar a los que lo cometen. Cuando el gobierno es muy débil, no tiene recursos o simplemente es ineficiente, por el motivo que sea, siempre tendrá a la mano producir normas a diestra y siniestra para dar la impresión de que las cosas funcionan, de que las cosas marchan. Una vez la ciudadanía se da cuenta de que todo cambió para seguir igual, se le puede aplicar de nuevo la misma receta o adaptarla según las circunstancias de ese entonces.
Esto es lo que ha sido denominado en sociología del derecho como “eficacia simbólica en sentido restringido” (mérito del profesor Mauricio García Villegas) y “síndrome normativo”. Este último concepto se refiere a normas que los gobiernos suelen repetir, casi sin cambios, cada cierto período de tiempo, para dar la sensación de que están gobernando, de que todo marcha bien.
Esta técnica de gobernanza no es únicamente colombiana, tampoco es exclusivamente contemporánea, pero estoy seguro de que el lector, en este momento, tendrá ya más de un caso en mente de su aplicación en nuestro contexto.
¿Y cómo poder desbaratar esta técnica? Primero conociendo cómo funciona, para no caer tan fácil y, segundo, exigiendo no tanto la creación de papel, sino la eficacia real. Más que exigir cambios normativos, debemos centrarnos en exigir su aplicación, su eficacia. Esto aplica, especialmente, en derecho penal: un problema no se resuelve aumentando en papel el castigo a una conducta, sino en la efectiva aplicación del castigo al culpable, incluso, si el castigo no es tan severo como se quisiera.
