Hace más de dos años, escribí la columna Fidel, Juan, Pedro y otros ¿se lo explicamos con plastilina? (Vanguardia, 14/03/2024); en ella me refería a María Luisa Álvarez, reconocida ingeniera ambiental, gerente de EcoHumus, ambientalista ampliamente reconocida y respetada en la región, profesional que “no le debe puesto a nadie ni mendiga favores políticos”; ella había formalmente denunciado haber sido “acosada por parte de Fidel Torres, representante del presidente de la República en el consejo directivo, a cambio del voto (Vanguardia, 21/02/2024)”. Además, había decidido no quedarse callada, haciendo también pública su denuncia durante una entrevista en Blue Radio.
No quedarse callada, averiguar sus derechos para defenderlos y buscar una sanción para su acosador fue una valiente decisión que, como ella espera, “les sirva a otras mujeres”.
Casi tres años después de los hechos, de la Fiscalía no hay informaciones sobre su caso: ¿habrá sido archivado por “falta de pruebas” o por una adecuada representación legal de la víctima?
Pero la Justicia no anda totalmente dormida; anda lenta, pero sí se encuentran funcionarios y funcionarias comprometidos y estudiosos, quienes sacan el tiempo de donde no hay por la abundancia de casos, algo pasa. En el caso de este “particular que ejerció funciones públicas” y que se presenta como un amable Don Juan “malinterpretado”, la Procuraduría se movió.
Hace unos días, María Luisa recibió de la Procuraduría General de la Nación copia del auto que formula pliego de cargos: después de “evaluar el mérito de las pruebas recaudadas en la investigación disciplinaria de la referencia”, el despacho encargado le formuló cargo por “falta disciplinaria gravísima” al sr. Fidel Torres. Como “contra la decisión de formulación de cargos disciplinarios no procede recurso”, el expediente se remitirá para reparto entre las procuradurías delegadas para el juzgamiento disciplinario.
Queda en continuará. ¿Podrá una sanción disciplinaria refrescar la memoria de la Fiscalía? Este debe ser un precedente para nuestras luchas como mujeres.
Por otra parte, llama la atención la exhaustiva documentación del caso que hace la procuradora encargada y sus reiteradas referencias a convenciones y convenios internacionales ratificados por Colombia, como son la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer «CEDAW», la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Convención de Belém do Pará», la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, entre otras.
Por tanto, preocupan los riesgos de retroceso con la posibilidad evocada por el presidente electo del retiro de Colombia de organismos internacionales claves como la ONU (“directorios políticos de la izquierda”) y de la OEA o de la CIDH (“una farsa”), que “no sirven para nada”, pero protegen de alguna manera los derechos adquiridos por las mujeres.
