Latinoamérica y el Caribe han permanecido históricamente bajo la órbita de Washington. Esta primacía, formulada desde la Doctrina Monroe (1823) y formalizada durante la Guerra Fría mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947) y la OEA (1948), consolidó la noción del hemisferio como un espacio reservado a la tutela estadounidense. Sin embargo, este monopolio geoeconómico experimenta una silenciosa y profunda transformación impulsada por la estrategia paciente, pero segura, de Pekín.
En contraste con las tradicionales presiones normativas occidentales, la penetración de China en la región avanza sigilosamente mediante el financiamiento y la ejecución de infraestructura pesada en puntos críticos de la economía, así como gracias a la beneficencia “desinteresada” de Pekín. Por ejemplo, a través de una calculada diplomacia de bajo perfil, el gigante asiático se concentra en financiar y construir puertos marítimos, terminales secas e infraestructura vial, que den lugar a corredores bioceánicos concebidos para desviar los flujos comerciales sudamericanos desde la cuenca del Atlántico hacia el Pacífico y desde Estados Unidos hacia China.
El megapuerto de Chancay, en Perú, constituye el ejemplo paradigmático de este giro. Diseñado como el primer hub marítimo directo entre Sudamérica y Asia, el proyecto reduce drásticamente los tiempos de navegación, desvía el comercio atlántico peruano (incluso de los países vecinos) hacia los puertos asiáticos y redibuja la logística regional al margen de las redes portuarias alineadas con los intereses de Estados Unidos.
Además, esta presencia china se proyecta con una narrativa de cooperación técnica desinteresada y sin condicionamientos explícitos en gobernanza democrática o alineación clara con los intereses de Pekín. No obstante, lejos de constituir un ejercicio de benevolencia, reproduce una asimetría estructural bien conocida: China demanda materias primas críticas baratas (minerales estratégicos, fuentes energéticas y alimentos) con escaso valor agregado, al tiempo que exporta manufacturas de alta tecnología a precio de mercado sin transferir capacidades técnicas. El resultado perpetúa viejas dependencias e hipoteca los recursos naturales esenciales para el desarrollo soberano de la región.
Por otra parte, la expansión de estos megaproyectos ha encendido las alarmas estratégicas de la Casa Blanca como posibles amenazas para su seguridad nacional. Más allá de la retórica confrontativa habitual de Washington, la principal inquietud del Pentágono radica en el potencial de uso dual —esto es, tanto comercial como logístico-militar— de las megaobras que actualmente desarrolla China en la región.
Frente a esta disputa hegemónica, los gobiernos latinoamericanos, con independencia de sus orientaciones ideológicas, han adoptado un marcado pragmatismo: el no alineamiento transaccional. Esta postura no persigue una adhesión incondicional a ninguno de los dos bloques, sino la maximización de inversiones y márgenes de maniobra dentro de un orden multipolar crecientemente fragmentado.
Así, los gobiernos de la región escuchan y acogen ofertas chinas, tanto por sus ventajas financieras inmediatas como por la capacidad de presión que adquieren frente a Washington para negociar de este último mejores contraprestaciones. Al mismo tiempo, incluso los mandatarios más distantes de la influencia norteamericana evitan cruzar ciertas líneas rojas diplomáticas, conscientes de la vulnerabilidad que implicaría desafiar de manera frontal a quien aún reclama la tutela histórica del hemisferio.
En este sentido, la encrucijada regional no debe radicar en cambiar una hegemonía por otra, sino en un uso prudente de las ventajas que puede reportarle a la región la ascendencia de China en el globo, lo que exige gobiernos inteligentes y responsables, evitando que esas ventajas terminen por derivar en una nueva subordinación.
