La llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol abre una nueva etapa para una compañía estratégica para Colombia. Su reto es enorme: liderar el renacer de una empresa que necesita recuperar dinamismo, confianza y capacidad para generar valor, pero que también tiene ante sí nuevas oportunidades en materia energética.
El presidente de la Junta Directiva definió a Gutiérrez como el timonel de este renacer. Y la metáfora resulta acertada. Dirigir Ecopetrol implica mucho más que administrar una empresa petrolera: sus decisiones tienen efectos sobre las finanzas públicas, la seguridad energética, las regiones y miles de familias que dependen directa o indirectamente de esta industria.
Los últimos años dejaron cifras que obligan a hacer una pausa. Ecopetrol pasó de obtener una utilidad neta de $33,4 billones en 2022 a cerca de $9 billones en 2025. En ese mismo periodo, el dividendo recibido por la Nación cayó de $17,7 a $4,4 billones. La reducción es significativa y representa menos recursos para el país, aunque los resultados también están influenciados por factores externos como el precio internacional del petróleo, la tasa de cambio y los costos de operación.
A este deterioro se sumaron cuestionamientos sobre la gestión de Ricardo Roa y denuncias relacionadas con contratos, posibles conflictos de interés y presuntas injerencias en nombramientos y decisiones de la compañía. Algunas involucran a personas cercanas a Verónica Alcocer, entre ellas los empresarios catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell. Son señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
La Fiscalía y los organismos de control tienen ahora la responsabilidad de determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades a que haya lugar. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que las investigaciones avancen y que, si se comprueban irregularidades, haya sanciones acordes con la gravedad de los hechos. La recuperación de la confianza pasa también por garantizar que en Ecopetrol prevalezcan los intereses de la compañía.
Pero mirar hacia atrás no basta. Colombia también necesita discutir cómo garantizar su seguridad energética y aprovechar de manera responsable sus recursos. El Gobierno ha planteado reactivar la exploración y evaluar un fracking responsable y sostenible, únicamente en zonas donde sea legal, técnicamente viable y sujeto a una regulación ambiental rigurosa. Bien ejecutada, esta actividad podría generar producción, inversión y regalías destinadas a necesidades como salud, educación y vías. No es una posibilidad sin referentes internacionales. Estados Unidos ha desarrollado durante las últimas décadas una poderosa industria de hidrocarburos no convencionales, mientras Argentina ha convertido Vaca Muerta en uno de sus principales motores de producción. Ambos casos ofrecen experiencias para estudiar, no modelos para copiar: sus resultados económicos deben analizarse junto con sus impactos ambientales, sociales y regulatorios.
En el Magdalena Medio y particularmente en Santander, esta discusión tiene además un componente regional. Cualquier proyecto tendría que partir de reglas claras, protección de los recursos naturales, vigilancia rigurosa y beneficios verificables para las comunidades. El debate trasciende los nuevos proyectos de hidrocarburos. Colombia enfrenta mayores exigencias para garantizar la estabilidad de su sistema energético. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha identificado riesgos relacionados con el equilibrio entre oferta y demanda, la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos y el abastecimiento de gas natural. Anticiparse a estos escenarios será fundamental. En este contexto, la misión del nuevo presidente de Ecopetrol será fortalecer la articulación entre las regiones, el Estado, los inversionistas, los socios y las empresas del sector, a partir del diálogo, la coordinación y una visión de largo plazo.
