Lo que ocurre en Santa Marta nos duele mucho en Santander. No solamente por ser la playa más cercana para nosotros, sino por una densa participación de santandereanos en el comercio y la actividad empresarial samaria. La ciudad atraviesa anarquía institucional desde hace décadas, en todas las dimensiones sociales, pero la seguridad ahora está en la mira.
Desde estas líneas, en muchas ocasiones hemos dicho que solo será útil lo que se haga para establecer la paz si, antes que nada, se empieza por recuperar el control del territorio. Por eso, a pesar de las formas impúdicas y estridentes, como en una especie de ‘manierismo’ político, la intención del Gobierno con la militarización de la zona puede estar bien encaminada. Pero el modelo ‘plomo’, ¿será completo para ser útil?
El nudo gordiano está en saber ¿qué hará el Gobierno después de una operación exitosa contra una célula de acción armada irregular? ¿Por qué seguimos enfrentando nuevas formas de violencia desparramadas por todo el país, a pesar de haber usado la acción armada del Estado tantas veces? Evidentemente, un éxito armado no equivale necesariamente a eliminar de manera estable y duradera los focos de violencia. Solo crea una oportunidad. Quedan faltando justicia, llenar el vacío con presencia estatal sostenida en todos los ámbitos, protección de la población y, sobre todo, identificación y neutralización de las economías ilícitas, las fuentes de financiación y el reclutamiento. Si no, todo habrá sido apenas un doloroso paño de agua tibia.
Muchos coinciden en ello. Lo dijo el propio Uribe en 2003, en la carta de presentación de la política de seguridad democrática: “La seguridad no se alcanza sólo con los esfuerzos de la Fuerza Pública”, y el documento explicaba la importancia de la justicia, la colaboración ciudadana y la posibilidad de desmovilización o acuerdos (oas.org). Pero también han dicho algo similar el Centro de Memoria Histórica y la FIP.
La organización americana (RAND), que goza de sólida reputación y promueve investigaciones sobre políticas públicas, seguridad y defensa (www.rand.org), publicó un estudio de Christopher Paul sobre conflictos internos terminados desde la Segunda Guerra Mundial. Tomó solo 59 casos para clasificarlos según la estrategia en la fase decisiva del conflicto. El Estado prevaleció en 14 de los 44 casos (32 %) en los que predominó el “puño de hierro”. En cambio, en 11 de los 15 (73 %) en los que la estrategia se orientó a reducir motivos y causas de la violencia ilegal, combinada con acción militar considerable, el Estado tuvo éxito. Son hechos. El Gobierno debe explicar la estrategia completa, lo que viene después del uso de la fuerza, ¿cómo ocuparía el espacio dejado y asumiría el liderazgo para impulsar el desarrollo en paz?
