A nuestros representantes locales y tomadores de decisión debemos exigirles capacidad para atender dos tiempos a la vez: las deudas que Santander y el área metropolitana de Bucaramanga arrastran y las transformaciones globales que ya están cambiando nuestras vidas. Resolver carencias de agua potable, saneamiento, infraestructura y educación es impostergable. Prepararnos para los cambios tecnológicos también. El mundo no esperará a que terminemos nuestras tareas pendientes.
El caso concreto que hoy les propongo es la educación. Mientras internacionalmente se discuten las restricciones a las redes sociales, el uso de celulares en las aulas y el papel de la inteligencia artificial, estas conversaciones todavía no ocupan un lugar suficiente en nuestra agenda territorial. Necesitamos superar las iniciativas aisladas y construir lineamientos públicos, permanentes y evaluables para orientar el uso de celulares, herramientas digitales e inteligencia artificial en los colegios.
PISA 2025 ofrece señales que deberían movilizarnos a la acción. En su último informe advierte que el uso recreativo de dispositivos digitales dentro del colegio se asocia con menores resultados académicos, mientras un uso moderado para aprender puede relacionarse con mejores desempeños. También encuentra menos distracción en colegios con reglas claras sobre el uso de celulares. La evidencia nos exige distinguir para qué, cuánto y cómo se utiliza la tecnología.
Con la inteligencia artificial, la discusión merece igual cuidado. Su relación con el aprendizaje depende del uso y del acompañamiento. Debemos preguntarnos si estamos formando estudiantes capaces de analizar y contrastar una respuesta, o facilitando que estos deleguen tareas sin comprenderlas. Estas preocupaciones justifican actuar de inmediato.
Colombia cuenta desde 2021 con una ley que distribuye responsabilidades sobre el uso de tecnologías en los colegios. Sin embargo, las orientaciones técnicas nacionales solo fueron expedidas este año. Ahora corresponde saber cómo las están implementando nuestras autoridades educativas: cuántos colegios han actualizado sus reglas, qué formación reciben los docentes, cómo se aborda la inteligencia artificial y con qué indicadores se evaluarán los resultados.
Garantizar internet durante todo el año y mejorar los salones sigue siendo indispensable. También lo es discutir qué ocurre cuando nuestros estudiantes se conectan. Ambas responsabilidades deben atenderse simultáneamente.
En Santander y el área metropolitana tenemos universidades, comunidades educativas y capacidades para aportar a esta conversación. Necesitamos que las autoridades educativas convoquen, orienten, actúen y evalúen; que nuestros representantes exijan seguimiento y que las familias participen de forma activa. Prever riesgos es parte de gobernar responsablemente. Si decimos que los niños, niñas y adolescentes son una prioridad, debemos demostrarlo con decisiones que protejan su aprendizaje y su capacidad de pensar por sí mismos. De no hacerlo, las brechas que hoy existen en el sistema educativo se profundizarán.
