El lío que armaron en la Asamblea de Santander con la convocatoria para la elección de contralor se está saliendo de madre.
A comienzos de mes, a sabiendas de que habían demandado su nulidad y que se había ordenado su suspensión provisional, con la resolución 074 de 2026 reconocieron la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución 077 de 2025 que dio inicio a la convocatoria. Las críticas de los expertos no tardaron en aparecer, y en la Asamblea, tan pronto se dieron cuenta del error, recularon y, de paso, derogaron la 077 de 2025.
A decir verdad, fue al revés, primero derogaron la 077 de 2025 y luego la 074 de 2026
Como si lo anterior no fuera suficiente, este martes se conoció la sentencia con la que el Tribunal Administrativo de Santander anuló, por ilegal, en su integridad y a partir del momento de su expedición, la Resolución 077 de 2025. También ordenó que la suspensión provisional que había dispuesto antes se mantenga hasta que la sentencia quede en firme.
El mismo martes la Asamblea, por increíble que parezca, expidió la Resolución 085 de 2026 iniciando una nueva convocatoria sin mencionar, siquiera, el fallo que anuló la anterior; y lo hicieron a pesar de que la ley prohíbe reproducir un acto administrativo anulado o suspendido. Por atrevidos, van a terminar más envainados de lo que ya están.
El nudo lo armaron ellos mismos cuando les dio, primero, por reconocer expresamente que la Resolución 077 de 2025 era ilegal, a pesar de que, cuando declararon su pérdida de ejecutoriedad, señalaron que eso no comportaba pronunciamiento sobre su validez o ilegalidad. El asunto es que esa decisión la tomaron cuando la resolución estaba suspendida, precisamente, por ilegal. Luego, para salir del atranco, les dio por derogar tanto la Resolución 077 de 2025 como la 074 de 2026.
Artificiosamente, hay que decirlo, le echaron mano a la derogatoria porque no podían revocar la Resolución 077 de 2025; la ley se los prohibía. Pero, en el fondo y en su esencia, se trata de una revocatoria.
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda; enseña la sabiduría popular. Los juristas –estoy lejos de serlo– dicen que la naturaleza jurídica de un acto la determinan sus elementos esenciales y no la denominación que quien lo crea le dé. Simularon, disimularon mejor, una revocatoria poniéndole el ropaje de una derogatoria.
En la Asamblea iniciaron una nueva convocatoria a pesar de la decisión del Tribunal y de la prohibición legal. Esto no va a terminar bien. Tan mal está la cosa que ni los asesores jurídicos de la Asamblea se dejan incluir en las resoluciones que publican.
