Hace casi tres décadas, la Corte Constitucional puso en evidencia que nuestras cárceles vulneraban de manera generalizada los derechos de los reclusos. En 2013 y 2015 volvió a advertir sobre la gravedad de la situación. Han pasado gobiernos, reformas, anuncios y cuantiosas inversiones; sin embargo, los problemas siguen empeorando.
En abril pasado, las cárceles tenían un hacinamiento del 26,5 %, con 21.725 personas por encima de su capacidad. Más grave aún es lo que ocurre en estaciones de Policía y URI: en marzo había 18.624 detenidos para 9.711 cupos, una sobrepoblación cercana al 88 %.
Pero el problema no es solamente de espacio; también es de autoridad.
En demasiados patios prosperan economías ilegales, extorsiones y estructuras que disputan al Estado el control. Una cárcel no puede convertirse en oficina del crimen. Hay guardianes y funcionarios que cumplen con entrega, pero también hay corrupción que ha facilitado esa pérdida de autoridad.
Debemos reconocerlo: el modelo actual fracasó. Después de décadas de hacinamiento, corrupción y cárceles convertidas en escuelas del delito, insistir en hacer lo mismo no es razonable.
Por eso es acertada la iniciativa del nuevo Gobierno de construir megacárceles de máxima seguridad; necesitamos infraestructura que permita clasificar a los internos según su peligrosidad y recuperar el control efectivo de los establecimientos.
También urge resolver lo que ocurre fuera de las cárceles. La Corte reportó 2.272 policías destinados a vigilar detenidos en estaciones y URI; uniformados que necesitamos en las calles. Construir centros de detención transitoria permitiría liberar esa capacidad policial.
La reforma debe ser más profunda. Hay que evaluar seriamente el futuro del INPEC, incluso la posibilidad de trasladar sus funciones a la Policía; igualmente, explorar concesiones donde la inversión privada construya infraestructura e implemente programas efectivos de resocialización, siempre bajo autoridad y vigilancia del Estado.
Pero construir cárceles no basta. Acacías, Meta, demuestra que es posible combinar reclusión con actividades agrícolas y productivas.
En Bucaramanga conozco otro ejemplo. Mi mamá, siendo coordinadora educativa de la Cárcel Modelo, fundó el Colegio San Juan Bosco, la primera institución educativa dentro de una cárcel en Colombia que logró graduar reclusos como bachilleres. Fue un modelo de corresponsabilidad que sumó docentes ad honorem e internos que enseñaban a sus propios compañeros.
Y falta algo fundamental: involucrar a las familias. Detrás de muchos reclusos hay hijos creciendo en ambientes donde el delito puede terminar normalizándose y pasando de una generación a otra. La resocialización también debe trabajar con ellos; romper esa cadena quizás sea la mejor inversión contra la reincidencia futura.
Autoridad y resocialización no son opuestas. Una cárcel funciona cuando controla al delincuente, protege a la sociedad y procura que quien salga no vuelva.
Por eso la pregunta sigue vigente: ¿quién manda en nuestras cárceles? Así que hay que trabajar para que la respuesta sea la adecuada: el Estado.
