Desidia municipal
¿Cuántas veces hay que advertir que el agua no es apta para el consumo humano para que una administración municipal actúe con la urgencia que corresponde?, ¿tendrá que ocurrir una emergencia sanitaria más grave para recibir la atención que se necesita?. En Barichara, las advertencias se acumulan mientras la solución continúa pendiente.
El pasado 7 de octubre, la Procuraduría 24 Judicial Ambiental y Agraria dirigió un requerimiento al alcalde Milton Chaparro. El motivo debería estar entre las primeras preocupaciones de su despacho: la calidad del agua que reciben los habitantes del municipio.
El oficio recoge una queja de la Veeduría del Agua, EOT y Medio Ambiente de Barichara sobre los resultados correspondientes a agosto y septiembre de 2026. Allí se reporta un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano de 47,4193%. Esa cifra corresponde a un nivel de riesgo alto y significa que el agua no es apta para el consumo humano.
La Procuraduría pide explicar qué acciones y medidas se han adelantado para superar esta situación. También solicita el plan de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, y los avances de su ejecución. Preguntas elementales frente a un problema que compromete la salud de la población.
Lo indignante es que los habitantes tengan que insistir una y otra vez para exigir algo tan básico. Nadie debería necesitar una veeduría, una queja y la intervención de la Procuraduría para que la calidad del agua ocupe el lugar que merece en las prioridades municipales.
Puede haber reuniones, trámites y explicaciones. Pero si el agua sigue siendo no apta para el consumo, la respuesta continúa siendo insuficiente. La gestión se mide también por su capacidad de corregir aquello que pone en riesgo a los ciudadanos.
El alcalde debe responder con claridad: ¿qué está fallando?, ¿qué se ha corregido?, ¿qué recursos se han destinado?, ¿quiénes son los responsables y cuándo podrán los habitantes contar con agua apta para consumir? La comunidad merece conocer, además, las medidas inmediatas para protegerla mientras se resuelven las deficiencias.
Los problemas de infraestructura pueden requerir tiempo. Precisamente por eso deben existir acciones de contingencia, información pública y un cronograma verificable. La complejidad del problema exige mayor diligencia. No puede convertirse en una explicación permanente para que todo siga igual.
Al alcalde ya se le ha advertido. Los ciudadanos han insistido y la Procuraduría ha tenido que intervenir. ¿Cuántas alertas más necesita para ofrecer una solución efectiva?
Mientras el agua siga siendo no apta para el consumo humano, las explicaciones no alcanzan. Barichara no puede seguir esperando a que su alcalde convierta en prioridad lo que debió serlo desde el primer día: la salud de sus habitantes.
