Dos proyectos de acuerdo presentados por el alcalde de Bucaramanga dieron mucho de qué hablar en los últimos días: el 066 y el 071. Con el primero, solicitó autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2027 por cerca de 50.000 millones de pesos; con el segundo, autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales por un poco más de 540.000 millones de pesos. Ambos fueron aprobados sin mayores contratiempos tanto en el primer debate en la Comisión Primera Permanente del Concejo, cuyos integrantes son afines a la administración, como en la plenaria, en la que la mayoría se impuso.
La verdad, el resultado no sorprendió a nadie.
Algunos concejales alzaron la voz y formularon reparos serios y bien estructurados a ambos proyectos. Buena parte de sus argumentos cuestionaba su legalidad. La discusión se originó en la aprobación del Plan de Desarrollo por decreto y en el decreto de armonización del presupuesto.
Para la administración y los concejales que apoyaron ambas iniciativas, al haberse adoptado el Plan de Desarrollo por decreto, el alcalde podía armonizar el presupuesto y crear partidas presupuestales sin la intervención del Concejo. Quienes no las respaldaron sostienen que, como el Concejo no ha definido previamente los procedimientos para la armonización, debe hacerlo y que el alcalde no tiene competencia para crear rubros presupuestales. Pidieron que el procedimiento se corrigiera. Fueron derrotados.
Al margen de quién tenga la razón, porque a la postre quien termina dirimiendo este tipo de controversias es un juez, lo que preocupa es que estas situaciones sigan presentándose, que el escenario natural para superarlas –el debate en Comisión y en Plenaria– no se aproveche para ese propósito y que decisiones tan importantes queden supeditadas a las contingencias propias de una decisión judicial.
No por mucho madrugar amanece más temprano, enseña la sabiduría popular; y, en lo público, indica la experiencia, de las carreras no quedan sino procesos penales, fiscales y disciplinarios. En el fondo, eso es lo de menos. Las responsabilidades son personales y cada quien asume las consecuencias de sus actos. Lo que no está bien es que se arriesgue el futuro de la ciudad por falta de rigor y de prudencia administrativa.

Nadie se opone al progreso de la ciudad. Nadie discute que hay necesidades pendientes por resolver y otras que atender. Tampoco se duda de la buena intención de funcionarios y concejales para hacerlo. Se presume. Lo que se cuestiona es que se sacrifique la legalidad, que se propicien situaciones que pueden terminar afectando la ejecución de proyectos de tanta trascendencia, que los debates no tengan la profundidad que estas decisiones exigen y, sobre todo, que se juegue con las expectativas de la comunidad. No hay derecho.











