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Domingo 22 de noviembre de 2026 - 01:00 AM

Dependemos de los alcaldes

Publicado por: Ciudadano Metropolitano

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Cuando una viceministra de Agua dice por radio que hay $1,3 billones para la PTAR Río de Oro y añade, casi como quien se encoge de hombros, “dependemos de los alcaldes”, lo que en realidad nos está diciendo es que una obra de saneamiento declarada de importancia estratégica por el propio Gobierno no espera una licencia, que ya existe, ni unos recursos que ella da por disponibles, sino la voluntad de dos administraciones para resolver dos asuntos que cualquier gobierno local debería poder destrabar: el predio ocupado, en Girón, y el puente de acceso, en Bucaramanga.

Conviene recordar de dónde venimos, porque la paciencia de esta región se ha confundido demasiado tiempo con resignación: la planta se anuncia desde 2016, la licencia ambiental la otorgó la ANLA en agosto de 2025, el Confis dio su aval y el CONPES 4173 contempló, en noviembre de ese año, unos $1,27 billones de aportes nacionales, y aun así el predio cuya compra pactó EMPAS en 2023 sigue ocupado, con una orden de desalojo del 13 de abril de ese año que, según Vanguardia, no se ha ejecutado y cuyo costo estimado ronda los mil millones de pesos, menos de la milésima parte del dinero que espera por ese trámite.

Es, además, un asunto de competencias y no de simpatías, pues la Constitución, en su artículo 315, hace del alcalde la primera autoridad de policía del municipio y el director de su acción administrativa, de modo que hacer cumplir una orden de desalojo ya expedida o habilitar una vía para la maquinaria no es un favor que se le pida, sino una función que se le exige, sin que esto sea repartir culpas individuales, porque una declaración en prensa no es un dictamen, ni olvidar que a la Nación también le quedan tareas, como el concepto técnico de viabilidad del Ministerio de Vivienda y un respaldo presupuestal para 2027 que en septiembre no figuraba en el presupuesto regionalizado.

Lo que está en juego no es abstracto: según el CONPES, Bucaramanga pasaría de tratar el 8 por ciento de sus aguas residuales al 92 por ciento, y Girón de menos del 1 al 100 por ciento, en beneficio de cerca de un millón de habitantes proyectados, y como el río de Oro entrega al Lebrija lo que no depuramos, la factura de nuestra demora también la pagan quienes viven aguas abajo y no eligieron a nuestros alcaldes, en cuyo río murieron peces en octubre, hecho que un ambientalista atribuye a vertimientos sin tratar.

Por eso la pregunta ya no es cuánto cuesta la planta, sino cuánto cuesta no mover dos trámites, y la respuesta que merecemos no es otro anuncio ni otra reunión, sino fechas que hasta ahora no conocemos: cuándo se entrega materialmente el predio, cuándo se contrata y se termina el puente de acceso, con soportes públicos y responsables identificados; dependemos de los alcaldes, es cierto, y justamente por eso les corresponde a ellos demostrar que depender de ellos no es un riesgo.

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