Publicado por: Jesús Rodrigo Fernández
En la última semana de febrero, la Agencia Nacional de Contratación- ANC- publicó nuevas versiones del documento tipo de pliego de condiciones, guía para la elaboración de los Estudios del Sector y Manual de Requisitos Habilitantes. Y cuando esperábamos que en los mismos, por fín, se establecieran unos parámetros que pusieran freno a la arbitrariedad que ha dado como resultado que el protagonista de la contratación sea el Único Oferente, aunque para “despistar” se están presentando dos, pero uno de ellos, el “ calanchín”, o no presenta póliza, o no subsana a tiempo, o no cumple con la experiencia, lo que se traduce en la práctica, en que no exista competencia, nos encontramos con unos documentos muy similares a los anteriores con algunas reformas cosméticas, pero ninguna de fondo que nos lleve a pensar que la situación mejorará.
No se puede negar que los documentos expresan muy buenas intenciones, pero tampoco podemos olvidar que con “ buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”.
En efecto, se hacen alusiones, con ejemplos incluso, sobre lo “ adecuadas y proporcionales” que deben ser las exigencias en materia de experiencia y de índices financieros. Pero, en este último caso, se señala que si bien el decreto 1510 de 2013 establece tres, si la entidad lo considera puede escoger, entre siete, cuatro de los cuales se calculan con base en las utilidades, otros indicadores que le puedan asegurar un mejor desempeño del contratista olvidando que, en los contratos de obra, quien debe tener el recurso y el “músculo financiero” es quien compra ( contratante) y no quien vende (contratista).
Para completar el oscuro panorama, inexplicablemente la ANC desconoce en sus nuevos documentos el mandato expreso de la ley de infraestructura y el concepto técnico de la SCI y mantiene su posición de “medir” la capacidad organizacional con base en la rentabilidad sobre activo y patrimonio. Es decir, en la ANC, “ no pegaron”, ni la ley de infraestructura, ni el concepto de la SCI.
