Por Marcela Pabón
En una democracia saludable, el control social y la rendición de cuentas permanente son pilares fundamentales para el funcionamiento eficiente de los planes y programas que ejecutan las instituciones públicas. Lamentablemente, en el departamento de Santander no se ha entendido el rol que ejercen las veedurías como un elemento valioso que pretende coadyuvar a la administración pública en el desarrollo de sus funciones.
La veeduría, una herramienta esencial para el control social, ha enfrentado obstáculos por parte de la Gobernación de Santander para realizar su labor de supervisión, específicamente en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Nuevamente ha negado la posibilidad de que la veeduría del Comité Transparencia por Santander realice la toma de muestras microbiológicas a través un laboratorio habilitado, con el fin de constatar el estado de salubridad en la ejecución del PAE.
La veeduría es un mecanismo ciudadano que permite a la comunidad participar en la vigilancia de la gestión pública. En el caso del PAE, la veeduría busca asegurar que se cumplan con los lineamientos técnicos dispuestos para el correcto funcionamiento del programa, dentro de las cuales se encuentran las condiciones de calidad y salubridad. Sin embargo, la negativa de la Gobernación de Santander a permitir la toma de muestras microbiológicas para evaluar las condiciones de salubridad del programa, sin un argumento jurídico ni técnico válido que lo justifique, es alarmante.
Es fundamental que las autoridades locales comprendan que la participación ciudadana y el control social no son opciones, sino componentes esenciales de una buena gobernanza. La negativa a permitir la supervisión independiente genera desconfianza e imposibilita una relación de colaboración para hacer más eficiente la prestación del servicio de alimentación escolar.
La verificación de manera independiente de los aspectos importantes de calidad técnica que impactan directamente en la correcta ejecución del programa se encuentra dentro de los alcances y objetivos de control social de las veedurías, entendidas éstas, además, como actores participantes del PAE. Esto no solo contribuye en pro de una mejor gestión del PAE, sino que también fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
En conclusión, la veeduría debe entenderse, no es un enemigo de la gestión pública, sino un aliado en la búsqueda de una administración más transparente y eficiente.
Es necesario que la Gobernación de Santander revise su postura y permita que los ciudadanos, a través de la veeduría, ejerzan su derecho a participar en el control de la gestión pública. Solo así podremos asegurar que los programas tan importantes como el PAE se ejecuten de manera eficiente, transparente y en beneficio de quienes más lo necesitan: nuestros niños, niñas y adolescentes.
