La solicitud responde a las investigaciones que se adelantan en los temas relacionados con la presunta violación del principio de selección objetiva de contratistas cometida por la Gobernación de Santander.
Publicado por: REDACCIÓN POLÍTICA / VANGUARDIA.COM
De acuerdo a una comunicación pública que emitió el auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera, “los santandereanos tienen derecho a conocer cómo y de qué forma se están destinando los recursos públicos del Departamento y si los procesos de selección contractual se están dando de acuerdo con la normatividad vigente”.
Al respecto, el contralor General de Santander, Argemiro Castro, manifestó a Vanguardia.com que no ha sido notificado por la Auditoría General de la República, AGR, de esta advertencia y solicitud, pero afirmó que está dispuesto a obedecer a las actuaciones que exijan.
“En la medida que ellos soliciten actuar, nosotros actuaremos. Hemos hecho el control preventivo de riesgo en cualquier proceso de contratación, hemos trabajado con controles de advertencia para evitar daños al patrimonio público y hemos actuado conforme a la ley”, precisó el Contralor de Santander.
Asimismo, la AGR afirmó que “evaluará de manera prioritaria el uso de los recursos constitucionales y legales con que cuenta la Contraloría para determinar si existieron o se pueden llegar a derivar daños al patrimonio público, investigar y sancionar a los responsables que los hubieran cometido”.
Antecedentes
Sobre el informe presentado el pasado 3 de diciembre por el Comité Transparencia por Santander, donde afirmaba que la Gobernación suscribió $16 mil 241 millones en contratos con un único oferente, Argemiro Castro afirmó que “ya se verificó el proceso y no es cierto que se hubiese contratado con un único oferente”.
“Se hizo la verificación de la información y nunca se limitó la participación de los proponentes. Hasta 2012 se exigía una audiencia donde las entidades que quisieran participar en los procesos de licitación debían prever los riesgos que se pudieran presentar en la ejecución del contrato, y quiénes asumirían estos riesgos. Si un proponente interesado no asistía a la audiencia, era causal de salir del proceso de contratación, situación que ya cambió”, explicó el funcionario.
Y agregó: “Esta era una exigencia de la norma de contratación, por lo tanto, no se limitó la participación de los interesados. En otras palabras, la audiencia no fue usada pasar eliminar posibles interesados”.
