La carrera contrarreloj para salvar los $1.4 billones de la vía Bucaramanga

El magnate de la contratación pública en el país, Carlos Solarte, condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, por las irregularidades en el contrato de las vías 4G denominado Ruta del Sol II, tiene una vez más al Estado contra las cuerdas y a punto de hacerle pagar por lo menos $500 mil millones por el fallido proyecto de la Concesión Vial Bucaramanga – Pamplona, que tras nueve años de ejecución solo marca 11 % de ejecución.Además: Unidad Investigativa: Conectante C1 - C2, otra fallida autopista 4G para SantanderComo ya se ha vuelto costumbre con el controvertido empresario, una vez más Solarte amenazó con volver al laudo arbitral ante el Tribunal de Arbitramento de Bogotá (donde ha ganado ciento de miles de millones de indemnización del Estado), para exigir la liquidación anticipada o permitir la cesión del contrato de APP (Alianza Público Privada) 002 de 2016 y de la Sociedad Autovía Bucaramanga – Pamplona (propiedad de Carlos Solarte), por valor superior a los 1.2 billones de pesos.Según informó el gobernador Juvenal Díaz, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que fue la que firmó el fallido contrato de concesión, tiene hasta mediados del mes de febrero para pagarle al contratista, ya sea $500 mil millones de indemnización por la fallida megaobra 4G o permitir que pueda ceder el contrato a otro concesionario, por lo que la ANI tendría que pagar $200 mil millones. En ese último caso se reactivaría el contrato.“Tenemos menos de 15 días para presentar una solución, liquidar el proyecto o cederlo. Liquidarlo nos costaría $500 mil millones y que los recursos regresen al Gobierno Nacional, o cederlo a otra concesión y pagar $200 mil millones. Lo más viable y responsable sería buscar la alternativa para que la concesión se pueda ceder, pagamos menos y no perdamos la inversión del Gobierno”, señaló el mandatario departamental.Ante esta situación, el pasado viernes se reunieron en Bucaramanga los gobernadores, congresistas, diputados y representantes de gremios de Santander y Norte de Santander para plantear un plan de choque que impida la liquidación del contrato 002 de 2016, permitiendo que el proyecto vial que buscaba mejorar la conectividad vial entre ambos departamentos del oriente del país sea una realidad. De lo contrario, se perdería la inversión que ya se tenía apropiada por parte de la Nación. Medidas contrarreloj Ante la premura del tiempo, los mandatarios y congresistas de Santander y Norte de Santander se comprometieron a formar unos equipos de trabajo para presentar ante la ANI las alternativas para no dejar liquidar el contrato y continuar con el controvertido proyecto vial, así sea por otro trayecto.“El presidente Petro en reiteradas ocasiones ha manifestado su intención de no seguir girando recursos a las Vías 4G y ya lo comenzó a hacer en Antioquia. No queremos que esa historia se repita en Santander, por eso es necesario conformar mesas de trabajo en las que podamos llegar con soluciones con la ANI, de tal manera que no se pierdan los recursos”, explicó el representante Óscar Villamizar.A su turno, el senador liberal Miguel Ángel Pinto propuso crear un equipo jurídico entre los gobiernos departamentales, congresistas y la ANI para entrar a negociar previamente con el concesionario, que si bien ganó la mayoría de las exigencias del laudo arbitral anterior, el contratista tampoco cumplió con todas sus obligaciones como la ejecución de las unidades funcionales 2, 3, y 4. “Tenemos esta primera fase de contestación y después entramos en otra etapa de conciliación para ver si entramos a hacer un acuerdo. Es claro que el contratista se va a aprovechar de la condición del primer laudo que le dio razón en 12 puntos de los 15 que él expresó, es decir, la ANI tiene tres puntos para poder entrar también a resolver ese escenario. Yo por eso propuse que la ANI nos permita, con un equipo jurídico y expertos en la materia, poder entrar a conciliar, porque lo que el contratista busca es que se le pague una plata por incumplimientos como el de Floridablanca. En esa conciliación puede entrar un nuevo contratista para asumir la construcción del proyecto e incluso pagar una parte de lo que está exigiendo el contratista actual”, acotó Pinto. Problemática ambiental Para el gobernador Díaz Mateus, la Conectante Bucaramanga – Pamplona, además de contar con todos los permisos y licencias ambientales, también es un proyecto indispensable para poder disminuir el tráfico de carga y de vehículos pesados por vías urbanas del centro y oriente del municipio, como los barrios de la Comuna 14 (Morrorrico).“Si hay que hacer un cambio del trazado, pero nos garantizan los estudios y diseños, pues hagámoslo, yo no graduó amigos, todos queremos defender el agua, todos queremos defender los páramos, pero también hay unos santandereanos que están sufriendo de contaminación visual, auditiva y de salud mental en Morrorrico por el paso de las tractomulas y buses, a ellos también tenemos que escucharlos”, agregó Juvenal Díaz.Sin embargo, la veeduría del Comité de Defensa de los Cerros Orientales insistió en que la Conectante C1 – C2, que desviaría el tráfico pesado desde la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, en Floridablanca, hasta el kilómetro ocho de Bucaramanga, no se puede construir, ya que la licencia ambiental expedida por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, cuenta con varias inconsistencias, situación que causaría un daño ambiental irreversible en la biodiversidad de estos dos municipios. “En una audiencia pública que se llevó a cabo en el 2021 se demostró con un estudio técnico juicioso de ingenieras ambientales, de ingenieros civiles, de abogados, de personas que viven en el territorio, caminando el territorio... le mostramos a la Anla todos los errores que cometieron en esa licencia ambiental. La agencia expidió la licencia detrás de un escritorio y no se dio cuenta que no son 10 cuerpos de agua, sino 28 los que vamos a tocar, entre ellos el más importante, el Río Frío que aporta el 30 % del agua al Acueducto de Bucaramanga. Esto entre muchas otras irregularidades”, expresó Milady Tovar, exconcejala de Floridablanca e integrante del comité. Mil millones de indemnización pide el concesionario de Carlos sSolartes por la fallida 4G Bucaramanga - Pamplona La veedora aseguró que, si bien no se oponen al proyecto, se deben revaluar los estudios y diseños del mismo, para plantear su construcción en otro trazado.Postura similar presentó el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, al señalar que si bien es imperativo descongestionar el tráfico pesado de la Comuna 14 de la capital del departamento, también es necesario cuidar los Cerros Orientales que son el principal ‘pulmón’ de la ciudad.“Está claro que no podemos perder esos recursos de la Nación. No podemos dejar perder ese importantísimo proyecto vial que ayudaría a desviar todo el tráfico pesado que proviene del sur del departamento, pero tampoco podemos perder los Cerros Orientales. Nosotros hemos sido muy radicales. Los cerros no se pueden tocar si están afectando las cuencas hídricas y también la fauna. Eso qué quiere decir, pues la exigencia de replantear el estudio y de establecer cuál es la ruta que no afecta, pues tiene que hacerse”, aseguró Beltrán.Cifras de la ANI revelan que antes de ser suspendido el proyecto, el Concesionario Autovía Bucaramanga alcanzó a talar 5.600 árboles de las veredas Guayanas (cerca a la Universidad Pontificia Bolivariana), Casiano, Helechales (al lado de El Santísimo) y Vericute, en los cerros orientales. Según la licencia ambiental, la compensación de los daños ambientales que se produzcan con la ejecución de la obra de construcción de la autopista 4G se deberá realizar en los municipios de Rionegro y Matanza.Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz Mateus insistió en que ya se taló la gran mayoría de árboles que se requerían para construir los 13 kilómetros de la Unidad Funcional 1.Lea también: Unidad Investigativa | Laudo arbitral deja en firme fallido contrato de Conectante C1-C2 $1.4 billones en riesgo Según el más reciente informe de la veeduría contractual de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, CCB, el peor de los escenarios en materia de infraestructura lo presenta la Concesión Autovía Bucaramanga – Pamplona, donde ya se agotaron los plazos, los recursos y las vías legales, pero las obras de doble calzada (132 kilómetros) no alcanzan ni el 11 % y están completamente abandonadas.“Hay 1.4 billones de pesos en veremos. Pesimismo total respecto al futuro y continuidad de la concesión. Plazos finalizados y obras abandonadas”, concluye el informe de la Cámara.Si bien el concesionario había tenido acercamientos con una empresa australiana para ceder el proyecto e inyectarle capital al mismo, dicho negocio se cayó por el precario avance y la resistencia que genera el mismo ante la comunidad florideña que se opone a la Conectante C1 – C2.La veeduría contractual además cuestiona la falta de ejecución de las obras físicas en las unidades funcionales 2, 3 y 4, es decir, desde el kilómetro 8 hasta Pamplona, Norte de Santander, donde no hay resistencia de la comunidad.Lo anterior solo podría explicarse por las restricciones que tenía el concesionario, Carlos Solarte, quien fue imputado por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos, por presuntamente haberse asociado a través de sus empresas CASS Constructores & CÍA. S.C.A. con la firma brasileña Odebrecht, para pagar millonarias coimas y beneficiarse así con la adjudicación del contrato del túnel Tunjuelo - Canoas, por más de $243.717 millones.La situación judicial de Solarte complicó que él y sus empresas tuvieran acceso al sistema financiero del país. Como el megaproyecto vial de la autopista 4G de Bucaramanga - Pamplona se adjudicó a través de una APP, el concesionario, en este caso Solarte, es el responsable de poner los recursos para la ejecución del proyecto y, posteriormente, pide la devolución de la inversión más sus respectivas ganancias a través de la administración de los peajes que queden instalados en ese eje vial. Estrategia recurrente Por tratarse de una APP, la mayoría de los recursos para la ejecución de la obra los pone el concesionario de manera anticipada y después los recupera a través del recaudo del tráfico de vehículos por los peajes sobre la vía. Al no poder ingresar a los préstamos bancarios, la Autovía no tenía recursos para apalancar la autopista 4G, razón por la cual la obra solo lleva 11 % de ejecución en ocho años de obra.A pesar de esto, Autovía Bucaramanga – Pamplona decidió demandar a la ANI ante el Tribunal Administrativo de Bogotá, exigiendo la liquidación total del contrato y su respectiva indemnización, junto con otros catorce puntos.En tal sentido, luego de siete años de disputa jurídica, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá emitió el laudo mediante el cual le concedió 12 de los 15 puntos que demandaba Solarte. Entre ellos, dejó vigente el contrato de concesión 002 de 2016 entre Autovía y la ANI, además de eximir al concesionario de toda responsabilidad por la nula ejecución en la Unidad Funcional 1. Tal y como reveló en su momento la Unidad Investigativa de Vanguardia. “Para definir esta solicitud el Tribunal destaca que es circunstancia que surge con claridad absoluta, por cuanto no existe prueba alguna que indique lo contrario, es más, todos los declarantes que se refieren al punto lo confirman, la concerniente que a la fecha de presentación de la demanda, no ha sido posible obtener el consentimiento por parte de la autoridad local de Floridablanca”, dice el fallo.Además, no ha sido posible la concertación con la administración municipal, “de manera que en lo que corresponde con este aparte de lo solicitado es pertinente la pretensión y se acoge sin necesidad de otros planteamientos, entender que comparte el Ministerio Público al señalar en su concepto de cierre que de las pruebas recaudadas es evidente que hasta el momento no hay un acuerdo en este aspecto”.Un año después, el empresario vuelve a amenazar con otro laudo ante el Tribunal de Arbitramento de Bogotá, esta vez pidiendo la liquidación y una millonaria indemnización por la fallida autopista 4G entre Bucaramanga y Pamplona. Situación que hoy tiene a las autoridades de Santander y Norte de Santander buscando armar un frente común para salvar el proyecto.Esta no es la primera vez que Solarte recurre a los tribunales para demandar al Estado. En 2021, el Tribunal Administrativo de Bogotá expidió el laudo a través del cual le ordenó a la ANI pagarle más de $823 mil millones la Unión Temporal de Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, consorcio liderado por el empresario Carlos Solarte, por la liquidación del contrato firmado entre las partes en 2006 para la construcción, operación y mantenimiento de la “segunda calzada del tramo Mediacanoa - Loboguerrero”, en el departamento del Valle del Cauca. Sanciones al concesionario En junio 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura impuso una multa por más de $6.388 millones a la Concesionaria Autovía Bucaramanga - Pamplona, por incumplir las obligaciones del contrato de concesión, debido al no fondeo de varias subcuentas como las de Interventoría y Supervisión, Masc y la de la Policía de Carreteras del proyecto Bucaramanga - Pamplona.“La persistente inobservancia de obligaciones a su cargo dio lugar a que se le declarase el incumplimiento contractual, se le impusiese la multa y se afectase la póliza de cumplimiento, en caso de que el concesionario no realice el pago. La sanción impuesta fue objeto de recurso”, argumentó la ANI.Si bien ha sido la única sanción que el Estado le impone al Concesionario Autovía Bucaramanga - Pamplona, a finales del 2021 la ANI le confirmó a Vanguardia que la entidad también evaluaba la posibilidad de declarar la caducidad del contrato y dar la terminación anticipada del mismo. “Lo que estamos adelantando es un proceso de caducidad, no es un proceso sancionatorio ordinario. Este proceso viene avanzando acorde con lo previsto en el contrato de concesión. Por supuesto, tenemos que respetar todas las garantías procesales. Las decisiones que se profieren se dan a través de actos administrativos, que son públicos y respetan las garantías, sobre todo en este caso que se trata de la máxima sanción existente en el ordenamiento jurídico, ya que la caducidad conlleva a la terminación anticipada del contrato y del pago de la cláusula penal. Hablamos de una decisión muy importante y debemos ser prudentes”, informó en su momento la ANI.Le puede interesar: Millonaria multa a la concesionaria del proyecto Bucaramanga - Pamplona SIN LICENCIA SOCIAL Según el laudo del Tribunal de Arbitramento de Bogotá, a pesar de que el megaproyecto vial obtuvo la licencia ambiental por parte de la Anla para la intervención de los cerros orientales de Floridablanca, dicho permiso ambiental estuvo condicionado a una ‘licencia social’ por parte de las autoridades locales y las comunidades afectadas por el proyecto, situación que nunca se dio y terminó siendo el gran problema de la construcción del tramo conocido como Conectante C1 - C2.Desde la administración de Héctor Mantilla, quien ordenó impedir el ingreso de maquinaria amarilla a las veredas de Casiano y Vericute, no se volvió a construir sobre la Conectante C1 - C2.Del mismo modo, el exalcalde Miguel Ángel Moreno también negó la licencia social para la ejecución de la autopista 4G en los cerros.

La carrera contrarreloj para salvar los $1.4 billones de la vía Bucaramanga - Pamplona

Nuestra mejor noticia