Tanto la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como el aumento significativo del Salario Mínimo para 2026 han sido interpretados como dos estrategias del Gobierno Nacional para ‘calentar motores’ para las presidenciales. Anuncian que demandarán el decreto.
El último aumento en el Salario Mínimo Legal, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, dejó de responder a un trámite de ley en favor de los trabajadores para convertirse, según expertos, en una jugada política diseñada para agitar la campaña presidencial para el próximo año, cuando el jefe de Estado buscará reelegir su proyecto político en otro candidato.
El aumento del 23,4 % en el Salario Mínimo Legal Vigente para el próximo año volvió a marcar un punto de quiebre con los empresarios, con los mismos con los que el Gobierno Nacional no ha tenido buena relación desde hace largos meses y quienes discreparon por los altos costos que pueden representar.
Pero, pese a que en los sectores populares puede interpretarse como un “aumento significativo” para sus ganancias, también le puede jugar en contra en medio de su campaña por la Presidencia de la República, toda vez que, al igual que él, más del 85 % del Congreso está en ‘modo elecciones’ y no es una medida popular respaldar este incremento en el salario mínimo del 2026.
No solo es este “desproporcionado ajuste”, como algunos expertos lo han calificado, sino también la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que ya fue radicada ante la Registraduría y que agita nuevamente la campaña de su sector político, el Pacto Histórico, que por el momento tiene a Iván Cepeda como candidato único.
¿Qué viene ahora?
El camino no será fácil para este decreto, pese a que empieza a regir a partir de enero. En el Legislativo, donde el presidente Gustavo Petro ya no tiene una aplanadora con mayorías, ya preparan demandas al documento.
La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, afirmó que este documento puede ser demandado debido a que no hubo una justificación clara para aumentar el mínimo en un 23,4 % en 2026.
“El decreto puede ser demandado ante el Consejo de Estado a través de una demanda de nulidad simple”, afirmó la congresista, señalando que la justicia administrativa deberá tener la última palabra.
Pero no es la primera vez. En 2016, el aumento del salario mínimo de $689.454 fue demandado ante el Consejo de Estado, sentando el primer precedente en Colombia sobre el impacto económico y las facultades que tiene la Sala de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual se espera que, tan pronto termine la vacancia judicial, se instauren las primeras demandas al decreto que empezará a regir a partir del próximo 1 de enero.
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La jurisprudencia sentada en ese momento ordenó al Gobierno Nacional que, cuando se aumente el mínimo por decreto, se den las explicaciones que sustenten el alza, teniendo en cuenta la inflación, la productividad y la contribución en todo el país.
“Esto ya pasó en 2016 y es cuando un incremento supera la inflación y la productividad, y termina afectando el empleo y aumentando la pobreza; existen argumentos jurídicos para que sea revisado por la justicia administrativa”, afirmó la congresista de la oposición al Gobierno.
‘Populismo’ en la Casa de Nariño
Decir que el aumento del salario mínimo es de un 23,4 % suena —económicamente— atractivo, pero la realidad terminaría siendo otra, según los expertos. Pero en cuestiones electorales puede traerle consecuencias de cálculo para las elecciones del próximo año, en las que el mismo Gustavo Petro quiere reelegir su proyecto político.
Tanto la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que si bien es cierto no se aprobaría antes de las elecciones, sí tiene tinte político, como el aumento del Salario Mínimo, son decisiones del Gobierno Nacional en plena campaña electoral, que servirán como ‘caballito de batalla’ para conquistar el voto.
“Lo que veo es un experimento económico y una estrategia muy electoral. En esta etapa de elecciones de Congreso y Presidencia es de todo un tinte electoral”, afirmó también el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, de los ‘verdes’.
En ese sentido opinó el abogado y politólogo Fernando Posada. “Elegir al populismo es una irresponsabilidad histórica. El populismo solo empobrece las naciones. Qué hora oscura de promesas imposibles y divisas la que enfrenta Colombia. Ojalá en 2026 sepamos elegir una propuesta seria, moderada, sensata y responsable. No más populismo”.
John Mario González, también analista político, considera que esta estrategia sí le favorecerá electoralmente a Gustavo Petro. Explica —por ejemplo— que en Argentina Alberto Perón subió de forma significativa el salario mínimo, generando techos históricos de inflación, de la cual todavía el país no es capaz de salir.
“El Gobierno se ha anotado un hit. Con estas dos estrategias va a apuntalar la imagen del Gobierno y las listas del Pacto Histórico, al igual que al candidato. Está haciendo moñona. La primera es que estamos en un país que cree que cambiar la Constitución o la ley implica cambiar las cosas”, afirmó González
