Gustavo Petro termina hoy su Gobierno con cifras en rojo en materia de seguridad y paz. Su agenda de negociar con los grupos armados no llegó a buen puerto, mientras que estas estructuras se fortalecieron.
Pese a que Gustavo Petro tuvo una ambiciosa apuesta por hacer la paz total con los grupos armados al margen de la ley y las estructuras de delincuencia urbana, poco logró durante estos cuatro años, más allá del fortalecimiento de esas estructuras que, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre 2022 y 2025 aumentaron en 13.682 integrantes, lo que representó un incremento del 90 %.
Las cifras en rojo para el Gobierno del expresidente Petro marcan el fracaso de su apuesta de paz, en la que también los grupos armados tuvieron expansión en los territorios de Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño, principalmente. De hecho, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en repetidas ocasiones cuestionó los paros armados que hicieron los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en ese departamento.
En los cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro, las estructuras armadas pasaron de tener 15.120 hombres a 28.802, lo que significa que hoy en día hay 13.682 hombres en armas muy poco dispuestos a una paz negociada y a abandonar los territorios donde hacen presencia delictiva y tienen el control de rutas de narcotráfico.
El Clan del Golfo fue el que más creció. Pasó de 4.061 integrantes a 10.268, aumentando en 6.207 hombres durante estos cuatro años. El Eln incrementó en un 22 % sus integrantes, dejando 7.123 en sus filas, mientras que el Estado Mayor Central, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, incrementó su estructura a 4.480.
Con la extorsión como uno de los delitos más comunes en este cuatrienio y con el homicidio al alza, Abelardo De La Espriella recibe hoy viernes la Presidencia de la República con varios retos en materia de seguridad para su Gobierno, que estará marcado por la presencia de los grupos armados que continúan extendiéndose por las principales regiones del país, especialmente en zonas fronterizas, donde mantienen el control de más de 300 hectáreas de coca sembradas y con potencial de exportación por el mar Caribe.
Para los expertos, el conflicto armado será el principal ‘Talón de Aquiles’ para el nuevo Gobierno, toda vez que su presencia se intensifica en las zonas rojas, mientras mantienen una constante retaliación contra los miembros de la Fuerza Pública.
Para Manuel Becerra, profesor universitario y experto en temas de seguridad, la ‘mano dura’ que Abelardo De La Espriella prometió en campaña presidencial deberá mantenerse en su Gobierno para impedir que los criminales sigan ganando terreno, mientras la Fuerza Pública es vetada, como pasó en la era de Gustavo Petro, quien incluso suspendió los bombardeos en los campamentos, pero que retomó a los pocos meses de abandonar Palacio de Nariño.
Publicidad
“La seguridad no es un tema menor para el Gobierno. Se necesita inteligencia más allá de la Fuerza Pública, porque necesitan bombardear los campamentos donde están los ilegales, pero que también son sus estandartes del negocio de la coca, que es su forma de obtener rentas ilícitas”.
Justamente, De La Espriella tomará posesión hoy en Cali, en el Valle del Cauca. Una de las zonas más azotadas por la violencia que ha propiciado ‘Iván Mordisco’ con el Estado Mayor Central (EMC), una de las fracciones más grandes que tienen las disidencias de las Farc. En abril, un mes antes de la primera vuelta presidencial, el grupo armado detonó un bus bomba en la vía Panamericana, dejando como saldo 22 personas sin vida, en uno de los hechos más violentos en Colombia en la historia del conflicto armado.
¿Por qué fracasó la paz total?
En su análisis de la situación, la FIP indicó que “tras cuatro años del inicio de la paz total, su balance resultó negativo para el país: los costos superaron las ganancias. El fracaso no se explica únicamente por los tiempos políticos, el interés criminal de los grupos o por estrategias de seguridad fallidas, sino por un diseño institucional y jurídico deficiente que, desde el inicio, destinó a cada una de las mesas de negociación a atravesar crisis recurrentes y a situar al gobierno en el lado débil de la negociación”.
Y añadió que “(...) todos los grupos armados son más poderosos de lo que eran antes de las negociaciones. El poder de estos grupos no solo se cuenta en el territorio que controlan y la cantidad de personas que hacen parte de ellos, sino en su capacidad para obtener rentas y someter a la población civil. También han ganado un protagonismo político, social y simbólico mayor en territorios donde han operado por años”.
Entre las conclusiones de la FIP en su documento, se cuenta que “mientras que los grupos se hacían más fuertes y continuaban atacando a la población civil, las mesas, y en especial las delegaciones de gobierno, tomaron posturas pasivas al respecto”.
“Indirectamente —prosiguió el análisis— esto inclinó la balanza de poder hacia unos grupos que percibían al gobierno indiferente a la violencia o incapaz de reprimirlos. Varias estructuras usaron a su favor la necesidad del gobierno de mantener las mesas. (...). La debilidad del Estado en la negociación hizo parte de los cálculos estratégicos de los grupos para aumentar las disputas y seguir expandiéndose”.
Publicidad
Una de las enseñanzas que deja la “paz total” es cómo no se debe negociar con los grupos armados ilegales: sin líneas rojas definidas, sin un marco legal establecido, sin una estrategia de seguridad que sea disuasiva, con funcionarios inexpertos al frente, entre otras circunstancias.
“Una de las consecuencias más graves del diseño y resultados de la Paz Total es el desgaste y la progresiva deslegitimación de las salidas negociadas como mejor opción para solucionar el problema de la violencia y los conflictos armados”, acotó la FIP.
Tomado de La Opinión.
