La decisión exige cumplir requisitos legales y pagar una caución antes de abandonar La Picota, mientras continúa el proceso penal.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La situación judicial de los expresidentes del Congreso Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas tuvo un nuevo giro tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Ambos permanecían privados de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los procesos que ha generado mayores cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en el país.
La determinación fue adoptada el 9 de octubre de 2026 por la Sala Especial de Primera Instancia y quedó registrada en la providencia AEP 140-2026. El tribunal examinó las condiciones legales de la detención y estableció si se habían cumplido los plazos previstos para adelantar la etapa de juzgamiento.
La Corte explicó las razones de la libertad provisional
De acuerdo con la providencia, la Sala concedió la libertad provisional al encontrar configurado el vencimiento de términos contemplado en el numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000.
La Corte precisó que la resolución de acusación quedó en firme el 7 de octubre de 2025. Aunque el plazo inicial para culminar la audiencia de juzgamiento era de seis meses, este se amplió a 12 meses debido a que durante el proceso se decretaron pruebas en el exterior.
Sin embargo, el 7 de octubre de 2026 se cumplió el término legal sin que la audiencia hubiera finalizado. Por esta razón, el alto tribunal determinó que correspondía conceder la medida y ordenó expedir las respectivas boletas de libertad para los dos procesados, quienes permanecían recluidos en la cárcel La Picota, en Bogotá.
La decisión también tuvo en cuenta que no se identificaron maniobras dilatorias atribuibles a los investigados o a sus defensas que justificaran prolongar la detención más allá del plazo establecido.
La libertad provisional está sujeta al cumplimiento de los requisitos fijados por la Corte, entre ellos una caución equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes y la firma de un acta de compromiso.
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Los presuntos sobornos que originaron el caso Ungrd
La investigación se centra en un supuesto acuerdo ocurrido en septiembre de 2023 para entregar dinero a quienes entonces presidían el Senado y la Cámara de Representantes, presuntamente a cambio de favorecer iniciativas legislativas del Gobierno relacionadas con las reformas pensional y de salud.
Según la acusación, la suma habría ascendido a 4.000 millones de pesos. De ese monto, presuntamente se destinarían 3.000 millones a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle. La supuesta entrega de los recursos habría involucrado a exdirectivos de la Ungrd y a otras personas señaladas dentro del entramado de corrupción.
Entre los elementos de la investigación figuran las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, quienes han entregado información sobre la presunta distribución del dinero.
La libertad provisional no representa una absolución ni significa que el caso haya terminado. Name y Calle continuarán vinculados al proceso penal mientras avanza el juzgamiento y la justicia determina su responsabilidad frente a los hechos investigados.
