Una vez más el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, afronta una suspensión por parte de la Procuraduría General, esta vez por “tratar con irrespeto, sin imparcialidad y falta de rectitud a un funcionario con quien tiene relación en el servicio público”.
Desde que conoció de esta nueva sanción, el mandatario local no solo ha defendido su actuar, sino que además ha arremetido contra la decisión en primera instancia del ente de control, al considerar que la suspensión es una retaliación en su contra, por denunciar actos de corrupción.
Según Rodolfo Hernández pasó de ser el “denunciante de actos de corrupción, a sancionado por injuria y calumnia”.
El caso
Todo inicia con el Contrato 186 de 2015 de la Secretaría de Infraestructura municipal, el cual tenía como objeto la actualización y ajustes de diseños de diferentes centros de salud de Bucaramanga, por valor de $878 millones. El secretario de Infraestructura de la época, Clemente León, designó al ingeniero Wilson Motta como supervisor de dicho contrato.
Según las actas del proceso, el 14 de julio de 2015 (en plena campaña electoral), Motta Rodríguez y Mauricio Tarazona, representante legal de Corporación Ser Social (firma que se quedó con el contrato), suscribieron el acta de inicio. Aunque el contrato estaba pactado para ser ejecutado en seis meses, el 6 de agosto del 2015, tres semanas después de firmada el acta de inicio, el contratista presentó el informe “sobre avances de los diseños y estudios” de cinco centros de salud de Bucaramanga. Ese mismo día, el ingeniero Wilson Motta recibió el informe y aprobó el pago de $684 millones, más del 80% del valor del contrato.
A pesar de que Motta Rodríguez certificó el recibo del diseño de los cinco centros de salud y ordenar el millonario pago parcial, ningún plano fue avalado por el Ministerio de Salud, retrasando las obras hasta por tres años.
La denuncia
Ante dichas inconsistencias, el alcalde Rodolfo Hernández interpuso el 16 de marzo del 2016 una queja disciplinaria en contra de Wilson Motta, por “presunta violación a sus obligaciones”.
Semanas después, Control Interno de la Alcaldía sancionó y compulsó copias de la queja ante la Fiscalía y la Procuraduría; sin embargo, a la fecha, en ninguno de los dos entes el proceso ha superado la etapa de indagación preliminar.
Como Hernández Suárez, en su Facebook Live aseguró que iba a “echar a Motta”, el Alcalde se debió declarar impedido para revisar el caso del funcionario en segunda instancia, por lo que el proceso disciplinario pasó a la Gobernación de Santander. No obstante, semanas después la Procuraduría Provincial hizo uso del control preferente y se quedó con el caso de Motta Rodríguez, sin que haya alguna decisión a la fecha.
