Cuando en el país se está avanzando en un proceso de paz que tiene, por primera vez en varios años, altas posibilidades de terminar exitosamente, en el Congreso se entrarán a debatir dos iniciativas que demarcarían la posibilidad de que exintegrantes de grupos armados al margen de la ley puedan hacer política.
Publicado por: COLPRENSA
ienza tendrá en el orden del día del trámite legislativo dos proyectos que serán definitivos para hacer más transparentes las elecciones, es decir, terminar con prácticas como el trasteo de votos, y definir las condiciones en que podrá participar la guerrilla en las elecciones si, eventualmente, se llega a un acuerdo de paz definitivo.
Los dos proyectos son el Estatuto de la Oposición y el Código electoral. El primero no ha sido radicado aún y se espera que lo sea a principio de la próxima legislatura ordinaria. El segundo, que está más cerca de tener un primer debate, aún espera su primera audiencia pública y un informe de ponencia.
La iniciativa que busca darles garantías a los partidos de alternativa política no ha sido presentada, pues las reuniones entre las colectividades de oposición y el Gobierno no han dado frutos para llegar a un acuerdo frente a lo que debe tener la ley cuando sea aprobada.
Incluso, en el borrador del Estatuto de la Oposición, esta se define como “un derecho a proponer alternativas políticas y a disentir, criticar y fiscalizar al Gobierno, para lo cual se otorgan derechos y garantías de protección a su ejercicio, sin perjuicio de los demás recursos, acciones y procedimientos para su garantía”. Sin embargo, este artículo debió haber cambiado, pues fue escrito en la época en que Germán Vargas Lleras era ministro del Interior.
Estas iniciativas están enmarcadas en el proceso de paz, pues, sin duda, luego de que el Gobierno y la guerrilla eventualmente lleguen a un acuerdo, los insurgentes exigirán espacios de participación democrática para aspirar a cargos de elección popular.
LAS EXPECTATIVAS SOBRE EL CÓDIGO
Para Clara López, presidenta del Polo y candidata presidencial por esa colectividad, Colombia necesita actualizar su código electoral, pues el actual es anterior a la Constitución vigente. Esto, para López, no refleja las necesidades de un sistema electoral transparente ni combate de manera seria la corrupción y el fraude electoral, “que se han convertido en una regla y no una excepción”.
Llamó la atención para que la iniciativa introduzca el pluralismo en la organización electoral, es decir, en el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. “Sin este punto la ley no va a contribuir de manera eficaz a eliminar el fraude. Solo la presencia de todos los sectores políticos del país puede contribuir a que no se presente la situación actual: donde hay sectores que manejan de manera monocrática el poder electoral, es decir, los partidos que hacen parte la coalición de Gobierno”.
Frente al tema, el senador Efraín Cepeda señaló que su colectividad ya comenzó a revisar la iniciativa, y que hasta el momento critica que el proyecto no contempla la inclusión en los tarjetones de los nombres del candidato para elecciones plurinominales. Según él, esto “pone a votar a los colombianos en jeroglíficos”.
“Los tarjetones tienen un número y una letra: un jeroglífico. Eso es completamente antidemocrático y grave, porque no nos identifican a los candidatos por el nombre. No en vano hay un porcentaje altísimo de tarjetas anuladas o no marcadas, un 14 por ciento. Eso se debe cambiar. Un código electoral serio debe tener la obligatoriedad el nombre de los candidatos”, recalcó el congresista.
Y agregó que ninguna democracia puede sacar pecho de su sistema político cuando en los tarjetones está presente ese detalle. El registrador Sánchez exaltó el componente del registro electoral y corroboró que esta medida permitirá evitar la transhumancia. Así mismo, dijo: “He visto que han desplazado los términos del código a los términos del proceso de paz. El tema fundamental debe ser el fortalecimiento democrático, que la gente pueda participar democráticamente en unas elecciones”.
Por otro lado, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Ardila Ballesteros, vaticinó que el Código Electoral se va a quedar empantanado una vez más. “A esta fecha no ha tenido el primer debate, por lo que tendrá el angustioso plazo de marzo a junio, que es la legislatura más corta para aprobarse. Luego no creo que salga fácilmente”.
Además, corroboró algunas estadísticas históricas que señalan que cada año hay un proyecto en ese sentido que se hunde. “Nosotros trabajamos con el Código Electoral de 1986, cuando hay una Constitución desde el 1991”.
¿QUÉ CONTEMPLA EL CÓDIGO ELECTORAL?
La iniciativa exalta el concepto de residencia electoral para asociarlo al de domicilio del votante. Eso permitirá reducir el trasteo de electores. Además, promete actualizar el registro electoral, que es una base de datos donde cada ciudadano se compromete a actualizar, cada vez que cambie de residencia, el lugar de votación.
“Se unifica en el Consejo Nacional Electoral la competencia para determinar, en aquellos casos en que no lo hace directamente la Constitución o la ley, el número de miembros a elegir en cada una de las corporaciones y, así mismo, se señalan los criterios o parámetros para dicha determinación”, reza la exposición de motivos.
La iniciativa también regula las cualidades y requisitos que deberán tener los ciudadanos para ser elegidos en cargos de elección popular. “Se unifican las causales de inhabilidad para diputados, gobernadores, concejales y alcaldes, con la única diferencia de exigir el doble del período inhabilitante para los cargos uninominales. Además se propone un régimen unificado de inhabilidades para los cargos y corporaciones de elección popular del nivel territorial”.
Por último, el código diferencia claramente, entre otras cosas, los conceptos de campaña y propaganda. Y señala los términos dentro de los cuales los distintos actores pueden realizarlas, incluidos los promotores del voto en blanco. Consagra que la propaganda electoral en televisión será gratuita, garantizando la igualdad en la asignación de espacios en ese medio.
Opiniones frente al estatuto de oposición
Según el ministro del Interior, Fernando Carrillo, el Estatuto de la Oposición es consecuente con el objetivo de fortalecer los partidos, “que es un elemento esencial y fue una de las primeras lecciones que se dio luego de la Constitución del 91 donde se dio toda la proliferación de partidos”.
Además, advirtió que la discusión se realizará en un año preelectoral. “Lo he hablado con los voceros de los partidos pequeños que se sienten amenazados. Les dije que los invito a que nos sentemos antes del 15 de marzo para diseñar una herramienta que podamos llevar a la Mesa de Unidad y la discutamos”.
Frente a las alternativas que se presentaron durante el pasado periodo de sesiones, entre las que estaban el transfuguismo y la escisión de partidos, Carrillo recordó que el presidente Santos pidió que se hundieran esos proyectos.
“Porque iniciativas como esas, que pueden tener algún tipo de bondad para los partidos pequeños, son iniciativas que entraron por la puerta de atrás; entraron, además, impregnadas con que el sistema político tenía que salvar o abogar por determinados políticos abriéndoles camino en otros partidos”, agregó.
Prada aseguró que las iniciativas del Código Electoral y Estatuto de la Oposición deben contar con “las garantías para ejercer la política sin tantos impedimentos, sin tantas inhabilidades que políticamente y éticamente no tienen mayor justificación”.
Y puso el siguiente ejemplo: “Renunciar un año antes a un partido para poderse pasar a otro, cuando todos los ciudadanos tenemos derecho a retirarnos e ingresar a cualquiera cuando queramos, jurídicamente no tiene asidero. Otra cosa, en ese sentido, es ser elegido por un partido y aspirar por otro”, asegura el parlamentario.
Además, dice que el actual sistema de inhabilidades está enfocado en que las personas sean ‘adivinas’ cuando ocurre la debacle en un partido. “Esto pasó con el Polo Democrático, cuando sucedió lo de Samuel Moreno: medio Polo se quería pasar a otras colectividades, pero no había mecanismo jurídico para ello, pues les tocaba retirarse 6 meses antes de que se destapara el escándalo. Esto obligaría a los políticos a ser brujos en un país que cambia tanto”.
Por su parte, la presidenta del Polo, Clara López, dice que es fundamental que el Estatuto de la Oposición garantice el acceso de los partidos minoritarios a los medios de comunicación.
“Actualmente, la oposición no tiene una manera directa de informar a la ciudadanía sobre sus posiciones. Eso solo lo puede hacer porque los medios generosamente llaman a los dirigentes de nuestros partidos”, dijo.
Agregó que no existe una posibilidad real de tiempo igualitario frente al que tiene el Gobierno y sus partidos. “Hemos reclamado no solo el derecho de réplica, que se da cuando la autoridad calumnia o injuria a la oposición. También se necesita el derecho de controversia, que es la posibilidad de que cada vez que el Presidente se dirija a la nación sobre un punto de política pública los sectores de oposición tengan derecho para controvertir esas posiciones”.
