Llamadas desde cárceles y “vacunas”: así opera la extorsión que sigue en aumento en el departamento de Santander.
En lo corrido de este año se han denunciado 78 casos de extorsión en Santander, frente a los 76 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que evidencia un incremento del 2,6 % en este delito. Por municipios, Barrancabermeja presenta el mayor número de casos, con 31 episodios, mientras que el área metropolitana concentra 39. Dentro de esta, Bucaramanga registra la cifra más alta, con 17 casos, seguida de Floridablanca con 10.
Detrás de estas cifras hay historias de miedo que rara vez salen a la luz pública. Comerciantes, pequeños empresarios y ciudadanos del común se han convertido en blanco frecuente de estructuras criminales que apelan a la intimidación para exigir pagos, conocidos como “vacunas”.
Una de las víctimas, propietaria de un negocio en el área metropolitana, relató bajo reserva cómo recibió una llamada en la que le exigían una suma millonaria a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.
“Le hablan a uno con datos personales, mencionan direcciones y nombres de familiares. Uno siente que lo están vigilando todo el tiempo. Yo pensé en pagar, porque el miedo es grande”, contó. (Le puede interesar: ¿Cómo vamos en seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga?)
Su caso no es aislado: la presión psicológica, el uso de información parcial y el tono violento hacen parte de una estrategia orientada a que la víctima actúe sin acudir a las autoridades.
De acuerdo con expertos en seguridad, el crecimiento de esta modalidad responde, en gran parte, a la facilidad con la que las redes criminales operan desde centros penitenciarios o mediante alianzas entre delincuentes dentro y fuera de estos. En algunos casos, las víctimas terminan pagando sin verificar la veracidad de las amenazas, lo que termina fortaleciendo el ciclo delictivo.
¿Qué responden las autoridades?
El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, explicó que desde su llegada implementó una estrategia focalizada para enfrentar este fenómeno: “Yo llego aquí a Bucaramanga en octubre del año pasado, y traje un grupo especial que pertenece al Gaula y que se dedica a hacer actividades de prevención”, señaló.
El Alto Uniformado destacó que las acciones se han concentrado en sectores comerciales como Provenza, la Plaza Satélite y San Francisco, además de intervenciones puntuales en Cabecera. Sin embargo, subrayó que la mayoría de los casos detectados tienen un origen común: las llamadas extorsivas desde centros carcelarios.
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“Muchas de las personas que reciben una llamada de este tipo no solicitan asesoramiento y pagan de una vez, porque sienten temor. Por eso seguimos invitando a que los ciudadanos tengan siempre a la mano la línea 165 del Gaula, habilitada las 24 horas”, explicó.
Según el brigadier general, las autoridades cuentan con herramientas para identificar el origen de estas llamadas y orientar a las víctimas. “Ellos conocen este tipo de números desde donde se realizan llamadas extorsivas y pueden decir claramente si lo están llamando desde la cárcel”, añadió.
También advirtió sobre la existencia de modalidades mixtas, en las que un recluso coordina la extorsión mientras un cómplice en libertad se encarga de recoger el dinero. En este contexto, mencionó la incidencia de estructuras criminales como el Tren de Aragua, que han replicado este tipo de prácticas en distintas regiones del país para presionar especialmente a los comerciantes.
El Comandante de la Mebuc relató un caso reciente en Floridablanca, donde una mujer estuvo a punto de pagar $ 10 millones tras recibir amenazas. “Le dije que esperara, enviamos agentes del Gaula y verificamos que era una llamada carcelaria. Esta es la forma en la que cae la gente, muchas veces sin conocer el modus operandi de estos delincuentes”.
Las autoridades insisten en que la denuncia oportuna y la asesoría especializada son fundamentales para frenar este delito. Mientras tanto, el aumento, aunque leve en cifras, mantiene en alerta a comerciantes y ciudadanos que siguen siendo blanco de una práctica que se adapta y persiste en el tiempo.
