Milton Chaparro es investigado por el presunto uso del agua de un jagüey privado sin, al parecer, tener los permisos ambientales correspondientes. El mandatario defendió su actuación y aseguró que buscaba atender la emergencia hídrica que enfrentó el municipio en 2024.
Publicado por: Jorge Rios
La crisis de abastecimiento de agua que vivió Barichara en 2024 tiene un nuevo capítulo, luego de que la Procuraduría General de la Nación formulara cargos contra el alcalde Milton Edilson Chaparro Jiménez por presuntas irregularidades en el suministro de agua potable durante la emergencia provocada por la sequía.
Según el organismo de control, se investiga si el mandatario permitió captar y utilizar agua de la fuente conocida como La Chorrera, ubicada en un predio privado de la vereda Santa Helena, pese a que posiblemente no había permiso de concesión y, presuntamente, existía una medida preventiva ambiental impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).
La Procuraduría también busca establecer si la extracción del recurso se autorizó sin contar con la concesión de aguas o los permisos ambientales exigidos. De manera provisional, calificó la presunta falta como grave, a título de culpa grave. La formulación de cargos no constituye una sanción ni determina, por sí sola, la responsabilidad del funcionario.
El argumento del alcalde de Barichara
Chaparro defendió las decisiones adoptadas durante la emergencia y sostuvo que el municipio enfrentaba una situación excepcional por la escasez de agua. Según explicó, cuando asumió la Alcaldía en 2024, no encontró otro municipio que pudiera suministrar el recurso para atender a la población.
Ante ese panorama, aseguró que visitó el jagüey de propiedad de Eduardo Gómez Rincón, quien, según su relato, manifestó su disposición a permitir el uso del agua para abastecer a la comunidad.
El alcalde indicó que gestionó plantas portátiles de tratamiento de la Cruz Roja y la Defensa Civil. Con el apoyo de carrotanques de distintas entidades, entre ellas organismos de gestión del riesgo, Bomberos, Policía y Ejército, se transportó el líquido para distribuirlo entre los habitantes.
“Mi actuación estuvo motivada por la necesidad de buscar soluciones ante las consecuencias de una sequía intensa”, afirmó el mandatario, quien insistió en que su prioridad fue atender a la comunidad.
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El mandatario también cuestionó a quienes, según él, han promovido las denuncias en su contra. “Hay personas a las que no les interesa la comunidad y que quieren ser tropiezo en el buen desarrollo de una administración. Este tipo de situaciones muchas veces se da por personas que hacen relatos falsos y quieren hacer veeduría sin entender el contexto de nuestra población”, afirmó.
Una emergencia para miles de habitantes
En enero de 2024, el abastecimiento de los cerca de 11.000 habitantes de Barichara y de sus visitantes dependía de la represa El Común, cuyo nivel estaba cerca de agotarse, y del reservorio abierto por Gómez Rincón.
La emergencia se produjo en medio de un intenso verano que también afectó el suministro de agua en municipios como San Gil, Curití y Socorro. Ante la falta del recurso para consumo humano, Barichara declaró la calamidad pública y recurrió a medidas para mantener el abastecimiento.
En ese contexto, se instaló una planta portátil de tratamiento de la Defensa Civil en el jagüey, que inicialmente permaneció allí cerca de tres meses.
Chaparro aseguró que ahora atenderá el proceso disciplinario y presentará sus descargos ante la Procuraduría. También manifestó que espera aportar las pruebas necesarias para aclarar las actuaciones cuestionadas.
Sin embargo, mientras este tipo de procesos avanzan, los habitantes de Barichara siguen esperando las inversiones del Estado para garantizar el suministro de agua, por lo que los problemas de abastecimiento persisten.
