Hay 35 detenidos en una celda diseñada para ocho: ese es el panorama que, según la Alcaldía de San Gil, enfrenta el Comando del Primer Distrito mientras se destraba un convenio con el Inpec para habilitar traslados a un centro penitenciario.
Publicado por: Jorge Rios
La situación fue puesta sobre la mesa durante el segundo Consejo de Seguridad del año en San Gil. Según informaron las autoridades locales, el Comando del Primer Distrito de Policía enfrenta un aumento sostenido de personas privadas de la libertad que permanecen en celdas de paso mientras se define su traslado a un centro penitenciario.
De acuerdo con Orlando Quintero, secretario de Gobierno del municipio, el establecimiento policial estaría operando por encima de su capacidad. El funcionario aseguró que, al momento de la reunión, había 35 personas en una celda diseñada para ocho, lo que, dijo, mantiene la infraestructura “al borde del colapso” y agrava las condiciones de custodia y permanencia de los detenidos.
Quintero explicó que las dificultades para trasladar a los sindicados obedecerían a la falta de suscripción oportuna del convenio interadministrativo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), trámite que, según su versión, no se habría concretado antes del inicio de la Ley de Garantías, que comenzó a regir el 8 de noviembre de 2025.
En ese contexto, señaló que el establecimiento penitenciario ubicado en el sector Berlín, en jurisdicción de El Socorro, no estaría recibiendo a las personas que permanecen detenidas en el comando policial de San Gil, lo que ha extendido el tiempo de permanencia en instalaciones que no fueron diseñadas para estancias prolongadas.
El secretario de Gobierno indicó que la Alcaldía buscará destrabar el proceso en los próximos días y que se espera una reunión con el director del centro penitenciario para revisar los requisitos y avanzar en la firma del convenio. También afirmó que el municipio tendría disponibles $30 millones que no se utilizaron el año anterior y otros $30 millones correspondientes a la vigencia actual para respaldar el acuerdo.
Las autoridades locales insistieron en que la prioridad es reducir el hacinamiento y garantizar el traslado de las personas detenidas a un establecimiento carcelario, conforme a los procedimientos establecidos, mientras se mantiene el seguimiento a la situación a través de los espacios de coordinación institucional.
