La Procuraduría formuló cargos contra la exalcaldesa de Gámbita, Santander, Aidubby Juliana Mateus Espitia, y la exsecretaria de Gobierno Diana Marcela Camacho Vanegas, por presuntas irregularidades en un convenio de más de $249 millones para actividades de las ferias y fiestas de 2023.
Publicado por: Jorge Rios
La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra la exalcaldesa de Gámbita, Santander, Aidubby Juliana Mateus Espitia, y contra la exsecretaria municipal de Gobierno, Diana Marcela Camacho Vanegas, por presuntas irregularidades contractuales relacionadas con la realización de actividades artísticas, culturales y deportivas durante las ferias y fiestas del municipio en la vigencia 2023.
De acuerdo con el Ministerio Público, la exmandataria, quien estuvo al frente de la administración municipal entre 2020 y 2023, habría suscrito un convenio entre el municipio y una cooperativa de trabajo asociado para la ejecución de dichas actividades, por un valor de $249.745.210.
La Procuraduría Provincial de San Gil investiga si este convenio se celebró, presuntamente, sin contar con estudios previos suficientes y sin una adecuada planeación contractual que permitiera justificar la necesidad, el alcance y las condiciones de la contratación.
Dentro del proceso disciplinario también se examina la conducta de Diana Marcela Camacho Vanegas, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretaria de Gobierno municipal. Según la Procuraduría, la exfuncionaria habría elaborado y suscrito los estudios previos del proceso contractual, los cuales, al parecer, no contaban con los soportes técnicos y económicos necesarios para verificar el presupuesto establecido inicialmente.
El organismo de control también busca establecer si en el proceso contractual hubo ausencia de análisis del sector y de estudio de mercado, elementos necesarios para sustentar la conveniencia, viabilidad y valor económico de la contratación.
De manera provisional, el Ministerio Público calificó las faltas atribuidas a las investigadas como gravísimas a título de culpa grave. La actuación disciplinaria continuará con el fin de determinar si existió responsabilidad por parte de las exfuncionarias en los hechos objeto de investigación.
