El Contralor indicó que el proceso está en auto de apertura con fecha del 24 de febrero de 2015. Señaló que se notificó por aviso y se citó para versión libre a la alcaldesa Rocío Galeano para el 23 de junio, pero no se presentó. Alcaldía asegura que no ha recibido notificación.
Publicado por: PERIODISTA REGIONAL
A través de las redes sociales, algunos barboseños han manifestado a esta casa periodística su descontento con el proceso de construcción del aeródromo La Esperanza de Barbosa.
Pobladores aseguraron a esta casa periodística que son personas sencillas que no necesitan una construcción de ese tipo en el municipio, sino soluciones de vivienda que suplan sus necesidades. Otros, sin embargo, manifestaron que el aeródromo sería un paso importante para el avance de Barbosa.
Al respecto, el contralor Regional de Santander, Argemiro Castro, le contó a Vanguardia Liberal que se inició un proceso de responsabilidad fiscal contra la alcaldesa de Barbosa, Rocío Galeano, porque no ha procedido a mover el parque - gimnasio que ocupa el suelo donde debería funcionar el aeródromo. También se desarrolla en el terreno un proyecto de 210 viviendas, según explicó la administración municipal de Barbosa.
Según el Contralor, “la Aeronáutica Civil había ordenado su retiro de allí porque se constituiría en un obstáculo. Se le había dicho al contratista que se generaba un daño fiscal. Nosotros le hicimos el Control de Advertencia a la Alcaldesa para que retirara ese gimnasio de ahí. Se hicieron varios intentos policivos para retirarlo, la administración organizó a la ciudadanía y no permitieron hacerlo”.
“Iniciamos el proceso de responsabilidad fiscal por el valor del contrato para construir ese gimnasio. Ya se abrió el proceso, se informó a la Alcaldesa de Barbosa y a la Secretaria de Infraestructura del departamento, que es la otra parte del convenio”, agregó el Contralor.
Indicó que “el proceso de responsabilidad fiscal intenta recuperar el daño al patrimonio. Si la Administración Municipal y la Secretaría de Infraestructura se mantienen obstinados en no retirar el gimnasio, se concreta el daño, y tienen que responder de su propio patrimonio la Alcaldesa, el mismo contratista y la Secretaría de Infraestructura del departamento”. El Contralor asegura que debe entonces continuar con el proceso para evitar un daño al uso del suelo. Con respecto al proyecto de vivienda, el Contralor afirmó que en un comité de moralización sostenido en días pasados, se determinó que deben ser impuestas unas acciones de nulidad al Acuerdo Municipal que había autorizado el cambio de uso del suelo. “El juzgado administrativo San Gil declaró la nulidad, entonces ese tema ya terminaría allí”, concluyó.
¿Qué dice la Alcaldía?
Según el abogado Jorge Emilio Flórez, asesor jurídico externo de la alcaldía de Barbosa, no existe responsabilidad fiscal sobre el aeródromo. “En ese momento ese terreno es un área de vivienda de propiedad del municipio de Barbosa que tiene que ser destinado a soluciones de vivienda para los habitantes del municipio. Dentro de los proyectos se incluyen calles, parques, que hacen parte de los proyectos urbanísticos que son necesarios y plenamente compatibles con los usos del suelo”.
Flórez agregó además que considera que los procesos iniciados por la Contraloría Regional corresponden a temas personales.
“Lo he dicho en varias ocasiones no entiendo el interés del Contralor frente al tema de las viviendas en Barbosa. Primero, demandó en acción de nulidad el acuerdo municipal 012 que le cambió el uso de aeródromo a área intensiva de vivienda. ¿Cuántas demandas de nulidad ha interpuesto el contralor de Santander en contra de otros esquemas de ordenamiento territorial en otros municipios del departamento? ¿Es un tema solo con Barbosa o es una política generalizada de la Contraloría? A la alcaldesa no se le ha notificado de ningún proceso de Responsabilidad Fiscal”, señaló Flórez.
Finalmente, Jorge Luis Flórez manifestó que “es necesario precisar que la competencia del Contralor es vigilar amenazas al erario. Si inicia el proceso tendrá que demostrar cuál es el daño fiscal que se da frente a la construcción de un parque en un bien que es de propiedad del municipio. Es un parque público que beneficia a la comunidad. El patrimonio público no se está viendo afectado”.
