El contrato del alumbrado público en Barbosa fue firmado en diciembre de 2014 y comenzó a ejecutarse el 20 de enero de 2015, por lo que su plazo inicial de 20 años está previsto hasta enero de 2035. La iniciativa pretende llevar la concesión hasta 2045.
Publicado por: Jorge Rios
El futuro del alumbrado público de Barbosa quedó en manos del Concejo Municipal, en donde avanza el estudio del Proyecto de Acuerdo 013 de 2026. A través de éste, la administración municipal busca obtener facultades para modificar el contrato de concesión que mantiene con Dolmen S.A. E.S.P. y extenderlo por otros 10 años.
La propuesta contempla adicionar $9.013 millones al contrato para modernizar el sistema de alumbrado público con tecnología LED y realizar obras de expansión y mejoramiento del amoblamiento urbano.
El contrato vigente fue firmado en diciembre de 2014 y comenzó a ejecutarse el 20 de enero de 2015, por lo que su plazo inicial de 20 años está previsto hasta enero de 2035. La iniciativa pretende llevar la concesión hasta 2045.
La modernización que propone la Alcaldía de Barbosa
Según la Administración Municipal, la principal razón para modificar el contrato es la necesidad de actualizar un sistema en el que, de acuerdo con los documentos del proyecto, el 96 % de las luminarias todavía utiliza tecnología de sodio de alta presión, mientras apenas el 4 % corresponde a LED.

El alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés Torres, quien recientemente, en un Facebook Live publicado en la página oficial de la Alcaldía, dijo que una de las razones era que el contrato estaba cerca de finalizar, expresó ante este medio que la principal razón para la ampliación del contrato es dar cumplimiento a la Resolución 40150 de 2024 (RETILAP) y a la eficiencia energética, que obliga a los municipios a dejar de usar luces de mercurio e incandescentes y, por lo tanto, deben cambiar a luces LED, y que el municipio estaba incumpliendo.
En este punto hay que precisar que dicha resolución no establece plazos definitivos y habla de establecer planes de inversión anualizados, dando un plazo de cinco años (contados a partir de la vigencia de la norma) a los municipios para implementar y certificar un Sistema de Gestión de Activos de Alumbrado Público bajo la norma ISO 55001.
Al ser consultado sobre por qué no se hacía el proceso de cambio de las luces dentro de los 10 años que le quedan al contrato, el mandatario afirmó que la transición tecnológica implica un costo que el municipio no está en capacidad de asumir directamente y que tampoco se puede incluir dentro del actual contrato. La alternativa, entonces, sería ampliar 10 años la concesión para que la empresa realice las intervenciones sin afectar la tarifa a los usuarios, que se mantendría en el 14 %.
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El 96 % de las luminarias del municipio tienen que ser modernizadas.
La administración local también argumenta que la modernización permitiría reducir cerca del 45 % el consumo de energía del sistema y ampliar la cobertura hacia sectores que han surgido como consecuencia del crecimiento urbano.
El proyecto contempla financiar las inversiones mediante recursos provenientes del impuesto de alumbrado público, avisos y tableros e industria y comercio. El COMFIS Municipal, además, autorizó la asunción de vigencias futuras mediante el Acta 010 del 6 de agosto de 2026.
El Concejo de Barbosa pide más información sobre el contrato del alumbrado
Pero la propuesta no avanza sin cuestionamientos. El concejal Juan Pablo Hernández considera que no están dadas las condiciones para autorizar una prórroga de una década.
Según el corporado, Dolmen debería presentar información técnica y financiera que permita establecer con precisión cuáles son los activos existentes, las luminarias, postes, redes y demás elementos que hacen parte del sistema y que permitirían determinar las metas y el costo real de la modernización.

Hernández también cuestionó el soporte de los estudios entregados al Concejo y señaló que no se habría acreditado adecuadamente la responsabilidad profesional de quienes los elaboraron.
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Para el concejal, antes de ampliar el contrato es necesario conocer cuánto vale realmente la infraestructura y qué obligaciones ha cumplido la concesionaria durante los años de operación, cifras que no aparecen en el proyecto de acuerdo presentado.
En este punto, el alcalde defendió que la empresa ha venido cumpliendo.
Una discusión atravesada por una decisión judicial
La discusión tiene, además, un elemento que aumenta la complejidad del proyecto. El Tribunal Administrativo de Santander suspendió provisionalmente el artículo 131 del Acuerdo 019 de 2024, norma relacionada con el impuesto de alumbrado público.
La decisión, adoptada el 22 de julio de 2026, encontró inicialmente que existían dudas sobre la legalidad de la tarifa, entre ellas, la ausencia de un estudio técnico de referencia actualizado que sustentara el cobro.
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El Tribunal señaló que la norma municipal retomó una tarifa establecida desde 2001, correspondiente al 14 % sobre el consumo de energía eléctrica, sin que se acreditara el estudio técnico exigido por la legislación vigente.
La suspensión es provisional y hace parte de un proceso en el que todavía debe resolverse de fondo la legalidad de la norma.
Actualmente, en el Concejo Municipal también avanza un proyecto de acuerdo para modificar dicho artículo y se estaría pasando por encima de la acción judicial, precisó el concejal de oposición.
Ese escenario es uno de los puntos que deberá considerar el Concejo mientras estudia el Proyecto 013.
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Por ahora, el debate apenas comienza y la decisión determinará no solo quién manejará el alumbrado público durante la próxima década, sino también bajo qué condiciones se financiará y modernizará este servicio en Barbosa.















