Dos edificios del centro de Bucaramanga figuran en la trama de corrupción judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: están a nombre de un hombre que iba a recibir $64.000 millones en un pago fraudulento y sus arriendos son reclamados por un exparamilitar.
Publicado por: Alberto Donadío
Dos edificios del centro de Bucaramanga pertenecen a una persona que iba a recibir un pago fraudulento de 64.000 millones de pesos en el escándalo de venta de sentencias que estalló en 2019 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La persona que dice ser beneficiario de los arriendos que producen las propiedades es un antiguo integrante del Bloque Centauro de las Autodefensas.
Los edificios fueron adquiridos por 2.100 millones de pesos en 2017 por Jorge Enrique Cortés Rojas y están situados frente a la Cámara de Comercio de Bucaramanga en la carrera 19. Cortés Rojas aparece como dueño de los edificios situados en la carrera 19 #36-55 y carrera 19 #36-65 de Bucaramanga. En 2022 la Fiscalía estimó el valor comercial de las propiedades en 3.800 millones de pesos.
En febrero el ex magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista fue condenado a siete años y siete meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia. El ex magistrado convirtió las sentencias que dictaba en negocio privado pues recibía dinero y dádivas por los fallos.
Vargas Bautista, que fue magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se ponía de acuerdo con los demandantes para condenar arbitrariamente a entidades oficiales. Los demandantes luego repartían la indemnización con Vargas Bautista.
Según la Fiscalía, se trató de “una organización criminal dedicada a la venta de procesos adelantados en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.
En uno de los casos amañados para favorecer al demandante, el magistrado recibió como pago por la sentencia un apartamento en Mosquera (Cundinamarca) y un Mercedes Benz Cabriolet 200. El funcionario llegó a tener 31 propiedades a su nombre, gracias a la manipulación de procesos y su patrimonio superó los 32.000 millones de pesos.
El fraude más cuantioso se cometió contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que en sentencia de 2014 fue condenada a pagar $64.215 millones a Jorge Enrique Cortés Rojas. Finalmente el pago no se hizo porque el Consejo de Estado echó para atrás la decisión.
La demanda de Cortés Rojas contra la EAAB había caducado y ya no se podía tramitar, pero de mala fe el magistrado Vargas Bautista decidió lo contrario. El magistrado ordenó a la EAAB indemnizar a Cortés Rojas por no haber comprado un predio cercano al humedal Jaboque en Bogotá. El demandante alegó perjuicios por no poder ejercer el derecho de dominio sobre sus tierras. El humedal es cercano al aeropuerto Eldorado. En realidad Cortés Rojas no era propietario porque la escritura de compra era nula por objeto ilícito pues el terreno coincide con una reserva ambiental.
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Según la Fiscalía, la escritura se originó “en quienes en el pasado representaban los intereses delictivos de reconocidos narcotraficantes y paramilitares como Angel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave”.
En la organización criminal participaba la novia del magistrado, Kelly Andrea Eslava Montes, o como ella misma lo indicó en una declaración, “la moza del magistrado Vargas”. Ella fue la abogada que llevó la demanda de Jorge Enrique Cortés Rojas contra el Acueducto.
La demanda fue repartida irregularmente, no por sorteo, para que le correspondiera al magistrado Vargas Bautista.
Según la Corte Suprema de Justicia, Eslava fue la “amante y secuaz” del magistrado. Ella trabajó como auxiliar en el despacho del magistrado de 2007 a 2010. Luego, empezó a ejercer la profesión en una oficina del centro de Bogotá que era propiedad del magistrado. Ella y el magistrado se dedicaron a “traficar con procesos judiciales”, según la Fiscalía.
Entre Eslava y el magistrado “existió un noviazgo durante aproximadamente doce años, desde 2007 hasta 2019, y durante dicha unión, gestionaron actividades ilícitas vinculadas con los procesos que se encontraban a cargo del entonces magistrado”, según la Corte Suprema de Justicia.
“A mí me duele mucho lo que hice, me duele pensar en el fraude tan berraco que cometí, que cohonesté, en el que participé y que hoy en día tiene tan en tela de juicio a la administración de justicia”, dijo Eslava en 2022 al periodista Juan David Laverde de la Unidad Investigativa de Caracol televisión.
Los dos edificios de Bucaramanga a nombre de Cortés Rojas fueron embargados en 2022 por decisión de un juzgado de extinción de dominio.
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En 2020 el abogado Juan Carlos Vélez Muriel solicitó a la DIAN levantar el embargo sobre los predios de Bucaramanga, decretado dos años antes. La DIAN se negó alegando que había iniciado el cobro coactivo contra Cortés Rojas por falta de pago del impuesto sobre la renta en 2012 y 2013.
El magistrado Vargas Bautista, de 70 años, fue condenado por cohecho y prevaricato.
Vargas Bautista, la abogada Kelly Eslava y el demandante Cortés Rojas habían acordado que del pago de 64.000 millones que debía realizar el acueducto la suma de $12.000 le correspondería a la abogada.
Jorge Enrique Cortés Rojas compró los dos edificios en 2017, según escritura de la Notaría Segunda de Bucaramanga. El área total de los inmuebles es de 1.440 metros cuadrados.
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Otro miembro de la red criminal fue Aldemaro Vargas González. El recibió en su cuenta de Bancolombia dineros destinados al magistrado. Igualmente compró varias fincas con el magistrado. Aldemaro Vargas González es un desmovilizado del frente 25 de las Farc, según un informe de la Fiscalía.
Como arrendador y administrador de los dos edificios de Bucaramanga se presentó ante la justicia Carlos Alberto Alvarez Borrego. Alegó que le pertenecen los arriendos recibidos desde enero de 2022, cuando se practicó el secuestro de los inmuebles, hasta la fecha.
El juez cuarto de extinción de dominio de Bogotá ordenó en enero vincular al proceso a Carlos Alberto Alvarez Borrego. Este hizo parte del Bloque Centauros de la Autodefensas Unidas de Colombia donde fue conocido como El Capi. La condena por lavado de activos contra Alvarez Borrego fue confirmada en 2009 por el Tribunal Superior de Bogotá.
