Aunque el acusado aceptó cargos, sobrevivientes del caso contra Miguel Ángel Corredor Guzmán aseguran que la justicia sigue ignorando posibles violencias por prejuicio, fallas institucionales y barreras para atender a hombres gais y personas de la diversidad sexual.
Publicado por: PAOLA ESTEBAN C.
La frase no se dijo como consigna. Salió, más bien, como una conclusión cansada. Como el saldo emocional de un proceso judicial que, para varias víctimas sobrevivientes, no sólo ha significado volver sobre el miedo, sino también tener que explicar una y otra vez por qué merecen ser escuchadas sin sospecha, sin burla y sin culpa.
La voz es la de Jhon Alexander Barreto Guerra, una de las personas (que se identifica como no binaria) que ha acompañado el proceso penal contra Miguel Ángel Corredor Guzmán, señalado por un patrón de hechos que, según las víctimas, no puede leerse únicamente como una cadena de hurtos. En su testimonio, Barreto habla del impacto que el caso dejó sobre su vida cotidiana: la dificultad para confiar, el regreso a terapia, el miedo instalado en lo íntimo, la sensación de que un espacio que debía ser seguro fue violentado. También habla de algo más profundo: de la experiencia de acudir al Estado y sentir que la protección llega tarde, mal o con reservas.
Ese es, en el fondo, el corazón de esta historia.
Porque aunque el proceso judicial tuvo un giro importante con la aceptación de cargos por parte del acusado, la discusión que quedó abierta en la audiencia va más allá de una condena. Lo que está en disputa no es solo la pena, sino la forma en que la justicia nombra, o se niega a nombrar, un patrón de violencia que, según los sobrevivientes, atravesó cuerpos, afectos, prejuicios y fallas institucionales.
Durante la más reciente audiencia, según relataron las víctimas, fueron leídos varios testimonios. Allí apareció de nuevo una idea que quienes han seguido el caso repiten desde hace meses: reducir estos hechos al expediente de un hurto agravado deja por fuera dimensiones esenciales de lo ocurrido.
En la solicitud de representación judicial con enfoque diferencial enviada a la Defensoría del Pueblo, Ángel de Jesús Carreño Álvarez pidió que el caso fuera entendido como el de ocho víctimas sobrevivientes de un patrón sistemático de violencia que “trasciende el ámbito patrimonial” y que podría involucrar violencia por prejuicio, sumisión química, violencia sexual y puesta en peligro de la vida. El documento habla, además, de perfilamiento digital selectivo, de acceso a los domicilios bajo confianza emocional y de un posible aprovechamiento de espacios de socialización LGBTI para seleccionar a las víctimas.
No es un matiz menor.
Para las víctimas, contar sus casos significa hacer notar cómo tipificar simplemente como robo cambia el tamaño del daño. Lo despega del miedo, del trauma, de la dimensión sexual, del sesgo posible en la elección de las víctimas y de la obligación estatal de investigar con debida diligencia reforzada cuando se trata de personas LGBTIQ+. Eso fue, justamente, lo que la solicitud a la Defensoría buscó poner sobre la mesa: que el fenómeno no se diluya en una categoría penal estrecha mientras las víctimas cargan con secuelas mucho más amplias.
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En el testimonio de Barreto hay una insistencia que se aleja del sensacionalismo y se instala en otra parte: la de las consecuencias.
No solo relata que, después de los hechos, tuvo problemas para sentirse seguro en Bucaramanga. También cuenta que volvió a terapia, que tuvo dificultades para confiar incluso en personas cercanas y que revivir el proceso judicial lo obligó a abrir heridas que su propia memoria había querido desordenar para sobrevivir. “Mi cabeza también es un ejercicio de supervivencia”, dice, al explicar por qué hay recuerdos que regresan tarde, fragmentados, a veces solo cuando relee la denuncia.
Ahí aparece uno de los grandes reclamos de este caso: la exigencia de que la justicia deje de pedir a las víctimas una versión higiénica del dolor para empezar a escuchar lo que ese dolor hace con la memoria, con el cuerpo y con la confianza.
Por eso, cuando Barreto cuenta que en algún momento sintió que desde la institucionalidad se les hacía responsables de lo ocurrido, por permitir el ingreso de alguien a su espacio o por haber usado una aplicación de ligue, lo que denuncia no es un simple maltrato verbal. Denuncia un mecanismo clásico de revictimización: desplazar el foco del agresor hacia las decisiones de la víctima.
En casos como este, el prejuicio suele avanzar más rápido que el análisis. Entonces aparecen los juicios morales: sobre el deseo, sobre la vida íntima, sobre las aplicaciones, sobre cómo se conocen hoy muchas personas. Esa lectura también ha sido cuestionada por quienes acompañan a las víctimas.
Anderson Rojas, psicólogo, activista LGTBIQ-estrategia VIH, planteó que plataformas como Grindr, Tinder o Scorp no pueden reducirse a una caricatura de riesgo. Para muchos hombres gays y hombres que tienen sexo con hombres, explicó, esos espacios funcionan como lugares de encuentro, exploración, conversación y refugio frente al estigma. En especial para quienes no viven abiertamente su sexualidad o atraviesan procesos de descubrimiento, estas aplicaciones ofrecen algo que a menudo la ciudad no garantiza: confidencialidad, posibilidad de interacción y menor exposición al juicio social.
Lo que para muchas personas diversas se vuelve un espacio de relativa seguridad también puede convertirse en escenario de vulnerabilidad cuando el prejuicio social, la clandestinidad impuesta y la débil respuesta institucional se combinan. El problema, entonces, no son las aplicaciones en sí mismas. El problema es la violencia que se aprovecha de un contexto donde muchas personas todavía deben vivir su deseo con cautela.
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Rojas añade otro elemento de fondo: esas mismas plataformas son usadas desde estrategias de salud sexual para acercar pruebas de VIH, condones, autotest, información y acompañamiento. Es decir, no son solo espacios de erotismo o conexión afectiva; también son canales de cuidado y prevención en poblaciones históricamente desatendidas. Convertirlas en chivo expiatorio solo desplaza la mirada de donde debería estar: en la violencia ejercida y en la respuesta del Estado.
Ángel de Jesús Carreño, también víctima, lo resumió con claridad en un mensaje compartido para la construcción de esta historia: lo importante no es solo evidenciar riesgos en las apps de ligue, sino mostrar que existen barreras sistémicas y sistemáticas de acceso a rutas de atención para hombres gays y HSH, y que las violencias institucionales por prejuicio siguen operando. A su juicio, la arquitectura institucional termina favoreciendo al victimario y poniendo obstáculos a las víctimas en la exigibilidad de sus derechos y garantías.
La frase ayuda a entender por qué este caso ha tocado una fibra más amplia. No se trata únicamente de una investigación penal. Se trata de preguntar qué ocurre cuando una persona diversa denuncia una agresión ocurrida en un contexto de sexualidad, intimidad o encuentro mediado por una aplicación. ¿Se activa la protección o se activa la sospecha? ¿Se escucha el patrón o se sospecha de la vida privada de quien denuncia? ¿Se investiga el riesgo o se administra el prejuicio?
En la solicitud radicada ante la Defensoría se advierte, precisamente, sobre posibles fallas en la activación de protocolos, omisiones institucionales y riesgos de revictimización procesal. También se pide que no se incurra en discursos que culpabilicen a las víctimas por usar aplicaciones de socialización.
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Ese punto fue crucial en la audiencia. Según los sobrevivientes, la defensa planteó que no podía asumirse automáticamente un patrón discriminatorio solo porque varias víctimas fueran personas de la diversidad sexual o hombres que tienen sexo con hombres. La reacción entre quienes estaban en la sala fue de indignación. No porque pretendan que toda agresión contra una persona LGBTIQ+ deba leerse sin matices, sino porque consideran que aquí sí existen elementos repetidos: la selección del entorno digital, el tipo de contacto, la similitud de los relatos y la vulnerabilidad específica de quienes habitan esos espacios en una ciudad donde la discriminación sigue teniendo consecuencias concretas.
Entre la frustración, hubo también una señal que las víctimas leyeron como un pequeño cambio de tono. De acuerdo con los testimonios recogidos tras la audiencia, la jueza sí reconoció la importancia de revisar el caso con enfoque de género y pidió a la Fiscalía fortalecer ese componente en el proceso. Para quienes han insistido durante meses en que esta historia no puede ser reducida a una suma de hurtos, ese gesto no resuelve el fondo, pero sí marca una diferencia: por primera vez sintieron que alguien dentro de la sala entendía que la discusión era más amplia.
El acusado aceptó cargos. Habrá una condena. Vendrá una nueva audiencia. Y, sin embargo, para las víctimas el verdadero debate apenas empieza: qué hace la justicia cuando una serie de agresiones revela no solo un posible agresor, sino un sistema de vulnerabilidades: la de quienes buscan afecto o deseo en espacios donde el anonimato es refugio; la de quienes después deben probar que su dolor merece ser creído; la de quienes, además de sobrevivir, terminan obligadas a explicar que no fueron culpables de lo que les pasó.
Un patrón difícil de medir, pero no invisible
Este tipo de casos suele quedar atrapado entre dos problemas: el prejuicio y el vacío estadístico. En las bases públicas más usadas para medir criminalidad en Colombia, el hurto se reporta por modalidad, lugar o tipo penal, pero no aparece desagregado de forma específica por contacto a través de apps de citas ni por orientación sexual de la víctima. La Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE clasifica el hurto por variables como modalidad, pertenencias hurtadas, lugar y denuncia, mientras que los datos abiertos de la Fiscalía se organizan por tipo de delito y etapa procesal.
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Aun así, las cifras disponibles muestran que la violencia contra personas LGBTIQ+ en Colombia no es marginal. La Defensoría del Pueblo reportó que entre enero y mayo de 2024 atendió 286 casos de violencia contra población con orientación sexual e identidad de género diversas; el 55% correspondió a violencia psicológica y el 27% a violencia física. En ese mismo comunicado advirtió que en 2023 había registrado 480 casos de violencia por prejuicio.
Los registros de Colombia Diversa van en la misma dirección. Su boletín sobre homicidios documentó 159 asesinatos de personas LGBTIQ+ en 2023: 60 de las víctimas eran hombres gays y 45 mujeres trans. En esa misma base, Santander apareció con cuatro homicidios reportados en 2023.
En amenazas, el panorama también empeoró. Colombia Diversa registró 203 casos contra personas LGBTIQ+ en 2023, un aumento del 12,1% frente a 2022. Las principales víctimas fueron hombres gays, con 62 casos, y mujeres trans, con 40.
Bucaramanga, además, ya tiene un diagnóstico propio. La política pública OSIGD 2022-2032 de la ciudad reconoce la persistencia de violencias físicas, psicológicas y sexuales contra esta población. En la caracterización usada para ese documento, las redes sociales concentraron el 31% de los casos de acoso sexual reportados, el 14% de violencia psicológica, el 12% de violencia física y el 25% de violencia sexual.
Ese contexto ayuda a entender por qué las víctimas insisten en que estos hechos no pueden leerse solo como robos aislados. Desde marzo de 2025, además, Colombia cuenta con el CONPES 4147, la política nacional para la garantía de derechos de la población LGBTIQ+, que reconoce como problema estructural las violencias por prejuicio y las barreras institucionales que impiden una atención adecuada.
“Nada me hizo pensar que estaba en riesgo”
Jhon Alexander Barreto Guerra contó que el encuentro ocurrió el 4 de junio de 2023, después de una interacción por Grindr que, según su relato, no despertó sospechas. Dijo que este tipo de contactos eran parte de una práctica habitual de socialización y sexualidad entre hombres que tienen sexo con hombres y que la conversación previa no se apartó de esa lógica.
Según su testimonio, el hombre llegó a su apartamento, conversaron y, en medio del encuentro, le ofreció un chocolate. Después de eso, Barreto empezó a sentirse desorientado y fue perdiendo el conocimiento de forma paulatina. Horas más tarde despertó con dificultades para mantener el equilibrio, para hablar con normalidad y con la sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando, junto con su compañera de vivienda, advirtió la desaparición de pertenencias personales, entre ellas un iPad.
Barreto relató que fue trasladado a un centro médico, pero que en ese momento no fue posible establecer con claridad qué sustancia habría mediado en la pérdida de conciencia. También contó que durante varios días no pudo reconstruir completamente lo ocurrido y que su memoria regresó de manera fragmentada, a partir de pequeños recuerdos y de conversaciones con personas cercanas.
En su declaración, subrayó que lo más difícil no fue solo la pérdida material, sino las secuelas posteriores: problemas de confianza, ansiedad, sensación de inseguridad en la ciudad y la necesidad de retomar apoyo terapéutico.
“No fue solo un hurto: quedé 19 horas en indefensión”
Ángel de Jesús Carreño Álvarez, de 49 años y residente en Bucaramanga desde 1994, relató que en mayo de 2023 conoció a un hombre a través de Badoo y, tras varios días de conversación, aceptó verlo en persona. Según su testimonio, durante ese encuentro le suministraron un narcótico que lo dejó por más de 19 horas en estado de indefensión. Al despertar, descubrió que le habían robado sus pertenencias y asumió, por las condiciones en que quedó, que también pudo haber sido víctima de abuso sexual.
Pero, para él, lo más grave no fue únicamente la pérdida económica. Carreño sostiene que el caso hizo parte de un patrón dirigido contra hombres que tienen sexo con otros hombres, a quienes, dice, el agresor perfilaba mediante aplicaciones de citas y discursos de aparente interés afectivo para generar confianza. En su relato insiste en que reducir lo ocurrido a un simple hurto borra dimensiones más profundas: la puesta en riesgo de la vida, la posible violencia sexual, el sesgo en la selección de las víctimas y el impacto emocional posterior.
Carreño también denunció una cadena de fallas institucionales. Asegura que en urgencias no le practicaron examen corporal completo ni prueba toxicológica, que no recibió profilaxis pos exposición para VIH y que, cuando acudió a la Fiscalía, no le recibieron la denuncia ese mismo día. Luego, según su versión, en Medicina Legal tampoco le practicaron la valoración que esperaba, pese a que todavía estaba dentro del margen de tiempo en el que podían buscar hallazgos. Para él, esa respuesta evidenció una barrera adicional: la dificultad de que los hombres gays sean reconocidos por las instituciones como posibles víctimas de violencia sexual.
El caso también tuvo efectos materiales y sociales. Carreño afirma que, además del robo, fue desalojado del lugar donde vivía, tuvo que mudarse sin recursos y, cuando hizo pública su historia para prevenir a otras personas, recibió burlas y señalamientos incluso dentro de sectores de la población LGBT. Por eso insiste en que el debate no debería centrarse en satanizar aplicaciones como Badoo, Tinder o Grindr, sino en revisar cómo el prejuicio y la falta de enfoque diferencial pueden agravar la desprotección de las víctimas.
“Me dio un beso, me puso un chocolate en la boca y hasta ahí recuerdo”
Un hombre que pidió reservar su identidad relató que conoció al presunto agresor a través de Tinder. Según su testimonio, el hombre se presentó con otro nombre, dijo una edad distinta y, tras unos 15 días de conversaciones diarias por WhatsApp, se ganó su confianza. Le enviaba fotografías que solo podían verse una vez y, aunque ese detalle no le pareció extraño en ese momento, después hizo parte de las señales que volvió a revisar cuando reconstruyó lo ocurrido.
El encuentro fue en la vivienda de la víctima, un fin de semana en el que estaba sola. Apenas llegó, el visitante pidió usar el baño. “Cuando salió me dio un beso y me puso un chocolate en la boca. Le sentí la boca mentolada y hasta ahí me acuerdo”, contó. Dice que perdió la conciencia hacia las 3:00 de la tarde y despertó a las 11:30 de la noche, desnudo, en su cama. Al levantarse, descubrió que le habían robado el celular, el portátil, una pulsera de oro, una cadena, relojes, una gorra y dinero que guardaba en alcancías. En medio de la desesperación salió a buscarlo y terminó accidentado.
Para esta víctima, la herida no terminó con el robo. Asegura que, cuando acudió a la Fiscalía, su denuncia no fue recibida de inmediato de manera formal: le pidieron redactarla por escrito en un computador y solo casi dos meses después fue llamado para ampliar su versión. También sostiene que, por miedo, desconocimiento y falta de orientación institucional, no acudió a Medicina Legal ni a un centro médico para una valoración inmediata. Hoy cree que, como ocurrió con otros denunciantes que despertaron desnudos tras encuentros similares, pudo haber sido víctima de violencia sexual.
El impacto, dice, persiste. Su familia no conoce la versión completa de lo sucedido y revivir el caso en las audiencias le ha removido el miedo y la angustia. “La afectación psicológica es muy grande”, afirmó. Su relato coincide con otros en un mismo patrón: contacto previo por aplicaciones, construcción de confianza, encuentro presencial, pérdida de conciencia tras consumir un chocolate y despertar horas después sin pertenencias, en un estado de profunda desorientación.
