La construcción ilegal en Bucaramanga y su área metropolitana parece no tener control. Las autoridades ambientales y de planeación hacen tímidos esfuerzos por detener a constructores ilegales, pero casi sin consecuencias. La Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal conoció varias de estas construcciones en donde familias compran terrenos en sectores no urbanizables.
Publicado por: Unidadinvestigativa@Vanguardia.com
En Floridablanca, subiendo por el nuevo intercambiador que comunica al Hospital Internacional de Colombia, queda la vereda Casiano, en donde se ubican diversos predios. Uno de ellos, con 37 hectáreas, se llama El Porvenir: una zona montañosa rodeada de árboles, conjuntos residenciales y fuentes hídricas. Un lugar que sin duda parecería privilegiado para vivir, en el que se ha venido construyendo en los sectores más bajos de la montaña.
Y si bien este hermoso lugar, un pulmón de los escasos que quedan en el área metropolitana, parecería ser el lugar de los sueños para construir de 49 familias que han adquirido un lote, la verdad es que el terreno, cuya vendedora principal es Mélida Herrera Ortiz, no cuenta con permiso de uso de suelos ni con las respectivas licencias para edificar.
Igual sucede en Altos del Oriente, otro predio ubicado en una parte mucho más alta de la montaña, aún más rural, con un terreno sin vía de acceso, solo un pequeño camino completamente destapado. Sin que esto importe, allí ya está todo vendido. La señora Herrera Ortiz también figura como dueña del terreno.
A pesar de la ausencia de permisos y licencias, los compradores de El Porvenir con los que este medio habló insisten en que su predio cumple con las normas y que cuentan con los permisos para construir. Y lo van a hacer. Creen que todo se trata de una persecución en contra de Mélida Herrera, una versión contraria a la sostenida por distintas autoridades.
Herrera es una mujer santandereana con una experiencia de 32 años en la construcción de urbanizaciones en el área metropolitana de Bucaramanga, reconocida por levantar edificaciones en Floridablanca y Piedecuesta que han estado envueltas en problemas por licencias y permisos ambientales.
Según pudo conocer la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal, su actuar es siempre el mismo: crear una asociación a la cual representa legalmente, en la que sus socios son los propietarios de un porcentaje de la urbanización que construye y esto hace que la responsabilidad se diluya en todos los que hacen parte de esa sociedad.
Denuncias en la Vereda Casiano de Floridablanca
Desde el 21 de mayo de 2015, según un informe que la Oficina de Planeación de Floridablanca realizó para la Secretaría del Interior, se vienen realizando una serie de denuncias en contra de Mélida Herrera, por las presuntas infracciones ambientales y urbanísticas que estaría realizando en la vereda Casiano.
El único predio que tiene licencia es el denominado Lote 1 vereda Casiano, que si bien no está a su nombre actualmente, sí lo estuvo y fue ella quien solicitó en la Curaduría 2 una licencia de construcción. Esta le fue otorgada pero para construir una casa y para movimiento de tierra. No obstante, con este permiso Herrrera parceló y vendió varios terrenos para varias casas.
En el caso de Altos del Oriente y El Porvenir, Herrera habría hecho movimientos de tierras, tala de árboles y otras acciones que modificarían “de manera severa el paisaje”, según las denuncias que Planeación de Floridablanca ha recibido a lo largo del proceso en su contra.
¿Qué dice Herrera?
“Las viviendas son una necesidad inherente del ser humano. Las familias no pueden vivir en las copas de los árboles… Entonces todas las proyecciones que Mélida Herrera ha hecho y hará son exactamente junto al desarrollo”, se defiende Herrera.
En los terrenos mencionados, Herrera estaría adelantando planes de parcelación sin contar con un Plan Parcial, licencias de parcelación ni de construcción, en un suelo en el que además, según el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, es de protección por su riqueza hídrica y forestal; es decir, en donde no se puede construir.
A pesar de esto, Mélida Herrera insiste en que no hay nada ilegal en lo que realiza y que ella tiene permiso para construir torres: No obstante, esto parecería contradictorio pues los terrenos vendidos se estarían entregado para hacer parcelas. “Si la proyección que tienen para parte de la finca El Porvenir es hacer torres, entonces ¿por qué no dejan hacer parcela, si una parcela es una familia, por muchas, 10 familias por hectárea y en una torre son cien familias?… Los propietarios de la finca El Porvenir no queremos hacer torres, queremos disfrutar de lo que vemos en el sector que es lo que nos gustó, casas campestres. Y nos sobra media finca para cultivar nuestros alimentos…”. Además, Mélida asegura que ya se está haciendo entrega de las tierras a sus propietarios, porque “ellos quieren hacer sus cultivos. Ahorita hicimos un compás de espera porque nos enteramos de que la finca va a ser impactada por la variante Bucaramanga- Pamplona, que es una vía de doble carril, 4G… y eso cambia por completo la proyección de la finca, porque por ley, cuando un terreno tiene una vía nacional a 300 metros a lado y lado, cambia el uso del suelo”.
Mélida se refiere a que el pasado 21 de julio el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, formalizó el inicio de una de las vías 4G, la autopista Bucaramanga-Pamplona que tiene 133 kilómetros y una inversión por $888.910 millones y conectará a Santander con Norte de Santander. Sin embargo, esta obra ya está contemplada en el POT del municipio y según una fuente de la Oficina de Planeación que pidió la reserva de su identidad, esto no implica que Mélida pueda hacer sus construcciones.
“Todos los proyectos que se pretendan desarrollar en este municipio deben tener los lineamientos de Planeación y la Curaduría, porque las personas no saben los atributos de cada predio. Uno no puede inventar que porque pasa una vía va a construir. Si estoy en un bosque protector y está protegiendo cañadas, así pase una vía, yo no puedo hacer parcelaciones. No se puede tocar”, asegura.
Además, si los terrenos se estuvieran vendiendo con fines de siembra, como sostiene Herrera, las ventas de lotes de la vereda Casiano se están haciendo por porcentajes de predios menores a una Unidad Agrícola Familiar, como lo pide la ley.
El lío de la licencia aprobada
Aunque Mélida asegura que solo se adelantan trabajos de movimientos de tierras en el predio que autorizó la Curaduría 2, el Lote 1 de la vereda Casiano, ella misma reconoce que allí también parceló y vendió sin contar con la respectiva licencia. Adicionalmente, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, aclaró que por tratarse de un terreno rural, se debía gestionar un permiso ante ellos para hacer dicho movimiento, el cual jamás se pidió, por lo que adelantan una investigación.
Si el permiso de movimiento de tierra se dio solo para construir una casa, ¿por qué Mélida ha “terreaceado” la montaña y un terreno tan amplio? “Para una proyección a futuro”, responde Mélida, “Vamos a ver qué permiten hacer…”.
La Cdmb ha pedido que se detenga el trabajo en estos terrenos, pero Herrera ha hecho caso omiso. Además, se le solicitó información a la Curaduría sobre los atributos dados al predio, ya que se encuentra en suelo rural de expansión urbana, y el permiso de movimiento de tierras otorgado se dio a un área mayor al área ocupada por la vivienda a la que se le otorgó la licencia de construcción.
“La Oficina de Planeación desde el año pasado ha estado en conversación con la Curaduría diciéndole ojo, ojo con esas licencias que se otorgan… que es un suelo de protección, pero nosotros indagando… ella taló todo el bosque protector…”, informó Emma Lucía Blanco Anaya, Jefe de la Oficina de Planeación de Floridablanca.
Finalmente, durante el 2015 y lo que va de 2016, con una nueva administración a cargo, la Oficina de Planeación del municipio envió reiteradas comunicaciones a las entidades competentes para que revocaran las licencias otorgadas a Mélida Herrera en dicho predio, sin que nada se haya hecho hasta la fecha. Además, el pasado 24 de agosto, el mismo despacho envió un nuevo informe técnico sobre el movimiento de tierras y la presunta venta de lotes ilegales en El Porvenir.
¿Y los compradores?
Ante la pregunta de qué va a pasar con las más de 60 personas que ya adquirieron terreno en un lugar no urbanizable, Herrera responde: “No van a perder ningún millón, ellos lo que van a obtener es ganancia. Tal vez usted no me ha entendido, que hay más o menos seis hectáreas, que desde el 2009 quedó en el POT como expansión urbana y que hoy planeación nos dice que se pueden hacer torres… Eso sí nos parece un impacto demasiado fuerte para la zona…”, explica Herrera y afirma que igualmente seguirá construyendo: “es nuestra necesidad y nos atenemos a las consecuencias que haya en este país. Me parece más ilegal que nuestros gobernantes y autoridades no regulen los POT… una hectárea en Floridablanca si es que la encuentra, le cuesta $6 millones. Porque yo trabajo con vivienda de interés social, es mi función principal. ¿Cuál pobre puede adquirir un terreno?”.
“Las personas que compraron ahí compraron un parque, porque no van a otorgar nunca una licencia de construcción…”, concluye a su vez la Jefe de la Oficina de Planeación del municipio.
Daño ambiental
Además, de las acusaciones de construcción sin licencia, Mélida Herrera enfrenta señalamientos por daño ambiental. El pasado 20 de junio, amparada en una tutela que falló a su favor, Herrera reabrió el paso que le permite ingresar a su finca El Porvenir. Con esta acción habría causado una afectación ambiental, según un informe técnico hecho por la Cdmb el pasado 22 de junio, en el que se asegura que se afectaron siete caracolíes (árboles centenarios) de raíz y cuatro árboles gallineros con más de 15 años.
También se afectó el recurso del suelo por trabajos de apertura de vía y movimiento de tierras. Dichas actividades, según el informe de la autoridad ambiental, generaron un gran riesgo de erosión y remoción de masa, lo que sería una infracción a la normativa ambiental.
Adicionalmente, durante una segunda visita a la zona el 29 de junio por parte de la autoridad ambiental que sobrevoló el lugar, se pudieron evidenciar más daños ambientales en la montaña, pues Herrera estaría también abriendo vías para ingresar maquinaria sin contar con permisos para hacerlo.
“… Nosotros en la finca El Porvenir encontramos una calle, un carreteable… Obviamente había tramos completamente tapados. Algunos árboles se han caído. Un ambientalista mira y ve que ese árbol lleva 20 años ahí caído… Pero si la Cdmb me dice que debo sembrar 300 árboles lo hacemos…”, afirma Mélida.
Tras esta inspección aérea, al día siguiente la Cdmb en compañía de la Policía ambiental, capturó a tres personas e inmovilizó, como medida preventiva, dos volquetas y dos retroexcavadoras que se encontraban, según Mélida, en el predio que sí tiene el permiso de construcción de una casa y movimiento de tierra, pero que para la Corporación estaría en El Porvenir realizando obras prohibidas.
“A la fecha, actuando en conformidad con las etapas que nos establece la ley 1333 de 2009, estamos en la primera etapa procesal…en la cual se notifica a la señora Mélida Herrera para que ejerza su derecho a la defensa dentro de la investigación”, explicó Angélica Rocío Gamboa Contreras, abogada coordinadora de trámites sancionatorios de la Cdmb. Hasta el momento se ha requerido a Mélida notificarse sobre los diferentes actos administrativos abiertos, pero no se ha obtenido ninguna respuesta.
Si Herrera no se notifica en esta primera etapa, la Cdmb realiza una formulación de los cargos que se han evidenciado. Por ley, las autoridades ambientales pueden imponer sanciones tanto de tipo pecuniario como de obligaciones para hacer, a fin de que se restablezcan de alguna manera los recursos intervenidos.
“Por más multas o sanciones difícilmente los recursos retornan a su estado natural. Por eso la necesidad de nosotros es llegar en momentos pertinentes para evitar estas obras… Pero la Cdmb solo puede actuar desde el punto de vista ambiental. Ya si se abre una responsabilidad por un daño ambiental, es la Fiscalía la encargada en esto, a la que ya se le informó…”, agrega la abogada de la Cdmb.
Riesgos de deslizamientos
Según un informe de la Oficina de Planeación de Florida para la Secretaría del Interior del 30 de agosto de 2016, los movimientos de tierras que se adelantaron en estos predios habrían tenido injerencia en la avalancha ocurrida en la zona los días 12 y 13 de abril, que causaron el desbordamiento de la quebrada Guayana y afectaron gravemente varios predios del conjunto Montearroyo.
“Todas las autoridades están enteradas de esto hace rato. No sé por qué no pasa nada, porque el tema policivo ya no lo manejamos nosotros… Las personas piensan que no ha pasado nada, pero eso está andando. Lo que pasa es que ella ha hecho caso omiso a todas las advertencias que le han hecho de que no continúe talando, porque lo que ella ha hecho fue causante, ahora que hubo la ola invernal, de que pasara esa avalancha al taponar la quebrada con todo su material…”, asegura una fuente de la Oficina de Planeación de Floridablanca.
“… Hasta que no se agote la investigación que puede tardar años, no se puede afirmar que lo que está haciendo Mélida Herrera es legal o ilegal. Sin embargo, mientras esto pasa, ella no debería seguir construyendo o abriendo vías como lo hace en la actualidad”, concluye la funcionaria de la autoridad ambiental.
En Piedecuesta
En Piedecuesta, a la vuelta de la bomba El Molino, se adelanta la construcción de la urbanización Villas de la Candelaria, un terreno sin vía pavimentada y con casas a medio construir, muy cerca al paso del río de Oro. Allí vive desde hace dos años Evelio García Vaca, dentro de una pequeña vivienda construida con materiales ligeros, pero que por dentro está medianamente equipada y la cual planea construir en su totalidad. Según cuenta, ya ha invertido $15 millones, fuera de los $4 millones que valieron inicialmente la mayoría de lotes del sector.
“Cuando compramos dijeron que había una licencia vencida y que tocaba hacer otra vez el papeleo y que planeación estaba molestando, pero que se podía volver a sacar. Eso fue en 2013. Nosotros estuvimos haciendo algunas averiguaciones y en Planeación nos dijeron que no se podía construir por el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial…”, revela García.
La urbanización está a cargo de la asociación Desarrollo Integral Asociados, Siglo Nuevo Día, de la cual su representante legal es Mélida Herrera, quien compró el lote, como reposa en los documentos que la Oficina de Planeación del municipio tiene en su poder.
De acuerdo con Jairo Camacho Prada, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Piedecuesta, cuando Herrera adquirió el terreno, el POT, aún no aprobado, le ordenó hacer el Plan Parcial, en donde se hacen estudios de la cota de inundación y la mitigación de riesgo, así como se determinaron las directrices ambientales, que definieron el aislamiento con respecto al río de Oro.
Debido a que el nuevo POT del municipio, aprobado en 2013, indicó que en esta zona no se podía construir, la licencia de construcción en dicho lugar jamás se expidió. Es así como se ordenó detener las obras que adelantaban por el impacto que ocasionaban al afluente. Sin embargo, la realización de viviendas continuó, por lo que el municipio ordenó el sellamiento de las obras.
“Este predio se está haciendo de manera informal por parte de los poseedores o dueños de la asociación… Que la gente deje o pare de construir es complicado. Nosotros adelantamos acciones hasta el sellamiento, de ahí le informamos a la Policía, ellos deben hacer cumplir este sello…”, afirma el funcionario de Planeación.
“La asociación Nuevo Día adquirió los predios y cuando lo hizo se estaba estudiando el Plan Parcial del municipio y esperamos que todo este se diera. Pero esperamos casi 15 años y no se dio… Hay un documento, soportado con un estudio de hidrología que dice que se deben respetar 30 metros y lo estamos haciendo…”, explica Mélida Herrera. “¿Es decir que una vez más construyeron en contra de la ley?”, le preguntó esta Redacción. “Una vez más construyeron en contra de la ley como hay más de 3.500 barrios tal vez en Colombia. Porque aquí toca así…”, declara Mélida.
Esta investigación, que se inició desde 2013 en Piedecuesta, ya cuenta con pliego de cargos. De acuerdo con lo que se determine el fallo, se tomará la decisión de si todas las casas deberán o no ser demolidas. Además, aclara Camacho Prada, Mélida jamás se ha hecho parte en proceso.
Por estas obras, La Cdmb sancionó a Herrera por movimientos de tierra y corte de árboles en la zona sin permiso, con 10 salarios mínimos legales vigentes.
Caso Paragüitas campestre
Otra de las obras que se encuentra en problemas es la Urbanización Paragüitas Campestre, cuya ejecutora del proyecto es la Asociación de Vivienda Completa, Asovicom, de la que es representante legal Mélida Herrera.
Este caso, que se remonta a 2009, es quizás el único que cuando comenzó a construirse sí contaba con los permisos para hacerlo. Sin embargo, en ese año Floridablanca cambió el POT y las autoridades determinaron que esa zona era de protección ambiental, lo cual dejó al proyecto de vivienda sin licencias y planos aprobados. Pese a esto, las personas siguieron construyendo e interpusieron una acción popular ante los jueces de la República.
Es así como en el 2014, en el marco del proceso jurídico que ha tenido la construcción, la acción popular falló a favor de la Urbanización y la asociación de vivienda debía adelantar los trámites pertinentes ante la Curaduría Segunda, para solicitar nuevamente la aprobación del proyecto, acción que efectivamente se realizó y se aprobaron de nuevo las licencias y planos para 60 viviendas.
No obstante, el mismo fallo determinó que 30 días después de aprobadas las licencias y planos de construcción, la Asociación debía presentar el proyecto de saneamiento básico ante la autoridad pertinente, pero hasta la fecha no ha ocurrido.
“…Cuando el plano se aprobó originalmente tenía una sola entrada en el extremo norte, ahí llegaban los carros y estaban aglutinados los parqueaderos en la entrada… Yo la verdad nunca supe, pero había un espacio en el centro del barrio y por ahí ellos fueron construyendo un acceso vehicular y junto a eso se hizo un parqueadero y una zona de juegos de niños… Le estamos diciendo a la Curaduría (Segunda) que nos apruebe esa reforma…hasta que no se apruebe el plano no se puede ir al Empas a decir apruébeme el diseño de alcantarillado sobre este plano. En este momento está aprobado el plano antiguo…”, aclara Mélida Herrera.
-Sin embargo, el fallo contemplaba el reconocimiento de las 60 viviendas que estaban en el plano, pero ahora hay más.
“Eso se hace en todas partes. Usted puede presentar un proyecto y le hace una reforma al plano aprobado… son ocho más. Estoy presentando 68 y son originalmente 60. Inclusive nos cabe una zonita de juegos que no había…” dice Herrera.
Adicionalmente, el Tribunal Administrativo de Santander, a través de un fallo el 9 de abril de 2014, pidió proteger las fuentes hídricas que pasan por el sector.
“Todos hicimos lo que nos correspondía pero ella no quiere hacer las obras de saneamiento básico… Fuera de eso la Curaduría nos informa que con respecto a los reconocimientos de los planos nuevos, ella pasó unos que no están firmados por ningún arquitecto, no allega los certificados que debe tener todo arquitecto que dice que podemos firmar planos y podemos responder por un proyecto…”, afirma un asesor de la Oficina de Planeación del municipio que pidió reserva de su identidad.
En una reciente visita, el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, pudo evidenciar una grave contaminación a las fuentes hídricas. “Hay malas conductas de disposición de los desechos y problemas por fugas que presentan los sistemas de cañerías de algunos pozos sépticos residenciales”, informó la Institución.
De igual manera, Asovicom cuenta con un proceso sancionatorio ante el AMB, desde el 20 de marzo de 2014, por violaciones al medio ambiente por las obras ejecutadas en la urbanización.
