Aunque ellos aseguran que el servicio de aseo no se ha alterado, algunos usuarios de Bucaramanga reportan demoras en la recolección de la basura.
Publicado por: Euclides Kilô Ardila
Recolectores de basura de Bucaramanga protestan por varias vías de la ciudad, tras la decisión de un juez de sancionar al alcalde Juan Carlos Cárdenas y al gerente de la Emab por no cerrar el relleno sanitario El Carrasco. pic.twitter.com/oXQzhuFUrS
— Vanguardia (@vanguardiacom) December 21, 2023
Un desfile inusual de los carros de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, se vive por las calles de Bucaramanga. Todo hace parte de una protesta que lideran los trabajadores de esa empresa, en rechazo a un fallo del Juez 15 de la capital santandereana, que resolvió un incidente de desacato, mediante el cual fueron sancionados los alcaldes de Bucaramanga y Girón, así como el gerente de esa entidad, por continuar disponiendo residuos sólidos en el relleno sanitario de la capital santandereana.
Según los manifestantes, un eventual cierre de El Carrasco dejaría sin trabajo a al menos 700 personas.
Los trabajadores de la empresa de aseo recalcaron que salen a protestar por las calles de la ciudad porque, a juicio de ellos, el fallo judicial implicaría cerrar El Carrasco y eso también desencadenaría en una emergencia sanitaria.
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Este incidente de desacato se resolvió en el marco de una acción popular que se interpuso en 2009, con el fin de que se cumpla con la clausura efectiva de este sitio de disposición final.
Por parte de la comunidad se denunciaron múltiples afectaciones contra la salud y el ambiente, ocasionadas por las actividades de disposición en este relleno sanitario.
La protesta, a juicio de algunos usuarios, ha traumatizado el servicio de recolección de las basuras en algunas partes de la ciudad.
No obstante, según Carlos Pérez, el representante del Sindicato de la Emab, “hemos garantizado el servicio. Pero, reiteramos que el fallo pone en riesgo el trabajo de nuestros recolectores”.
“Nos pone en un limbo, nadie quiere tomar decisiones, las basuras se van a seguir recogiendo, El Carrasco tiene una vida útil de 10 años más”, precisó Pérez.
Pronunciamiento de la Emab
Según la Empresa Municipal de Aseo, la decisión judicial para el cierre de El Carrasco, pone en riesgo la salud pública de los habitantes del área metropolitana además de la estabilidad laboral de los más de 700 colaboradores y sus familias, quienes dependen del funcionamiento de la Emab, que a su vez, depende del relleno sanitario El Carrasco, con el agravante de que nos encontramos en época decembrina.
“La defensa de la EMAB en el fallo de primera instancia del año 2009, fue ineficiente y esto benefició el proyecto de Chocoa e intereses particulares. En conclusión, el objetivo siempre ha sido que el negocio de la disposición final de basura, quede en una empresa privada, provocando la liquidación de la Empresa de Aseo de Bucaramanga”, dice un comunicado de la entidad.
Según el pronunciamiento, la segunda instancia se falló en el año 2011 y jurídicamente desde esa fecha existe desacato, en este tiempo, han ocurrido problemas graves como el deslizamiento del 3 de octubre de 2018 y no se explica, por qué en esta administración se falla el incidente de desacato, teniendo en cuenta que se han venido saneando los problemas técnicos heredados de las anteriores, sin intereses particulares y con la inversión más grande en la historia de El Carrasco.
“¿Por qué no sancionó a los demás municipios o a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB? Actualmente ya desaparecieron las causas que originaron la acción popular promovida por los habitantes del barrio el Porvenir”, señala el documento.
A juicio de la entidad, “el cumplimiento del fallo ha sido imposible, porque los estudios realizados para construir nuevos rellenos han demostrado, que social y ambientalmente ha sido imposible la negociación con las comunidades a pesar de las gestiones realizadas por los municipios”.
Finalmente la entidad dice que este es un problema de país, que no se soluciona con la judicialización de las problemáticas ambientales y de residuos requiriendo necesariamente la intervención del gobierno nacional especialmente desde el punto de vista financiero y normativo.
