“Extorsionan a mineros ilegales que extraen oro del Páramo de Santurbán”. Esa es la denuncia que por ahora investigan las autoridades en Santander. Detrás de este delito estaría el Clan de Golfo, una peligrosa organización trasnacional que habría llegado seducida por los miles de millones de pesos que deja el mercado ilegal de oro en el área del Páramo de Santurbán.
Publicado por: Unidad Investigativa
Motivos de tensión sobran en el Páramo de Santurbán. Una sensación de intranquilidad se expande en las más de 4.000 hectáreas de terreno rocoso donde grupos de mineros ilegales (la mitad foráneos) extraen oro y plata a costa de contaminar ríos con mercurio y cianuro. Esa misma zozobra la perciben quienes alimentan en la región el mercado ilegal de dinamita y mercurio. Ese que se abastece desde Bucaramanga, y se utiliza para separar oro, plata y roca, dejando toneladas de relaves (residuos de roca y arena) contaminados altamente dañinos para la salud. No son nuevos los reportes de este metal tóxico en la bocatoma del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.
Esa ‘calma chica’ la sienten los habitantes de California, un municipio ubicado a 51 kilómetros de Bucaramanga, que en los últimos años han visto subir páramo arriba más de 300 forasteros, algunos ya están armados, con la intención de apoderarse de las minas que dejó abandonadas Eco Oro el 29 de marzo de 2019. En esta área se calcula que están enterradas 10 millones de onzas de oro y 74 millones de onzas de plata. La preocupación también se tomó a las autoridades civiles (Alcaldía de California y Gobernación de Santander), quienes admiten no tener el control de estos territorios mineros. Debe saberse que California cuenta con solo 12 policías, pero solo cuatro por día cumplen labores operativas. Ellos, al menos en el papel, están llamados a realizar operativos contra el mercado ilícito del oro que deja ganancias superiores a los $10 mil millones al mes. En tal sentido, la zona de las minas es territorio de nadie, donde ahora se esparce una especie de temor colectivo. Donde circula el rumor que “algo puede pasar”.
Eso lo saben algunos mineros ilegales y ancestrales de la zona, quienes no se atrevieron a revelar sus identidades a Vanguardia, pero admitieron que recientemente recibieron llamadas extorsivas de personas que se identificaron como integrantes del Clan del Golfo, una organización criminal trasnacional dedicada al narcotráfico y a la extorsión. Su versión la confirmó el pasado viernes a la Unidad Investigativa el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.
El mandatario de Santander afirmó que si bien “la presencia del Clan Golfo no la hemos podido confirmar de forma oficial. Hemos tenido conocimiento de unas llamadas extorsivas a nombre del Clan del Golfo en esa zona. La preocupación aumenta por la presencia en esa área de un grupo que llaman ‘Los Paisas’. Ellos poseen armas cortas y están organizados. Tengo más información sobre ellos, pero no puedo entregársela por seguridad…”.
En tal sentido se pronunció la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad. En declaraciones a Vanguardia explicó “que tenemos reportes de manera informal en el sentido que hay de la presencia de estos actores (Clan del Golfo) en el territorio”.
Vanguardia verificó esta información con mineros de California. Todos los consultados pidieron no ser identificados por miedo a sufrir represalias. “Allá es otro mundo (la zona de las minas comienza 12 kilómetros arriba del casco urbano de California). No hay ley. No hay autoridad. Es el reino del más fuerte. Ellos controlan la entrada a las minas. No sé imaginan el dinero que se gana con el oro, son miles de millones de pesos…”.
Además: Contaminación con mercurio en el Páramo de Santurbán
Este “terreno de nadie” lo integran, según algunos cálculos no oficiales, una red de socavones, algunos muy artesanales, con más 500 mil metros de perforaciones y más de cuatro kilómetros de desarrollos subterráneos. Algunos en precarias condiciones, que incluso han cobrado la vida de mineros.
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“Ellos no salen en las noticias. Sus muertes se quedan escondidas en la montaña…”, agregó un hombre que ha vivido toda su vida de la extracción artesanal de oro en California.
Sobre la presencia del Clan de Golfo afirmaron que “se asentaron unos 50 hombres, que tienen un acento paisa, para sacar oro. Ellos andan siempre armados (pistolas y revólveres) y tienen el control de una mina en el área del páramo. Si pertenecen o no al Clan del Golfo, no lo sabemos…”.
Otro minero de California aclaró aún más el panorama en la zona. “Los paisas entraron paulatinamente en los últimos meses. No podemos decir que llegaron todos al tiempo. Lo que sí es cierto es que en la zona de las minas reina el más fuerte y la impunidad es total. Allá no hay Estado. Llegaron como todos, buscando el oro. No sé si pertenezcan a la estructura oficial (del Clan del Golfo). No se sabemos si tengan como misión tomarse el páramo. Hay temor allá, porque a algunos de ellos, desde tiempo atrás, los vincularon con el Clan del Golfo en otras regiones...”.
A esta situación se suma que los llamados relaves, es decir, la arena que queda después del proceso de moler la piedra que se retira de las minas para extraer el oro con mercurio, “se la están llevando para Antioquia en camiones. Allá meten la arena en unas piscinas de cianuro para sacarle más oro y plata. ¿Por qué se la llevan para Antioquia? No sé la respuesta…”.
Frente a estas afirmaciones, el alcalde de California, Danilo Valbuena Pabón, aseguró a Vanguardia que no tiene información oficial sobre la situación de seguridad en la zona de las minas en su jurisdicción. “Para nadie es un secreto la situación de ilegalidad que se presenta en la zona. Allá trabajan personas que no son mineros tradicionales de California. Esa gente llegó de otras partes de Santander…”.
El mandatario explicó que se contabilizan unos 400 mineros ancestrales en California, algunos ya formalizados. No obstante, “unas 300 personas, que se hacen pasar por mineros y son foráneos, son los que están generando el desorden. Algunos son migrantes. Ellos vienen y van de las mimas. Lamentablemente el tema del control a estos lugares es difícil por parte de las autoridades ante la falta de personal. Solo tenemos cuatro policías para esos operativos. El Estado ha hecho caso omiso de realizar algún tipo de intervención en esa zona…”.
Sobre la presencia del llamado grupo de ‘Los paisas’, el alcalde de California, Danilo Valbuena Pabón, aseguró que se tienen rumores. “Se dice que son un grupo de personas que llegaron de Medellín. Se dice que sacan oro de un sitio denominado ‘El Indio’…”.
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Precisamente, según aseguran mineros de California, la minería en el área del Páramo de Santurbán ocurre en tres socavones principalmente: ‘El Indio’, ‘Túnel-Diamante’ y ‘La Perezosa’, que integraban el antiguo proyecto de exploración de Eco Oro. Esta mina ‘El Indio’ está en área del Páramo de Santurbán, donde se genera agua para dos millones de personas en Santander y Norte de Santander.
Al respecto, el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, admitió que esta zona no está controlada por las autoridades. “Hablé con el Comandante de la Segunda División del Ejército. Ellos mantienen operaciones de inteligencia en el área. Vamos a organizar un consejo de seguridad en California. Necesitamos recuperar el control territorial. Necesitamos controlar la extracción ilícita de yacimientos mineros, que entre otras causas genera contaminando en el agua”.
Si bien la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, pide una intervención de la fuerza pública en la zona para recuperar el control de la zona, es enfática en advertir que el problema radica en los socavones que dejó Eco Oro.
“Lo que debemos hacer es cerrar los túneles de Eco Oro en el Páramo de Santurbán. Además, cerrar un pacto con los mineros de California y Vetas para consolidar una formalización minera con apoyo del Estado. También debemos ordenar el territorio alrededor del agua. La intervención de la fuerza pública debe ser de la mano de los habitantes. Todos los municipios del Páramo de Santurbán son gente trabajadora. Todos debemos hacer un frente común para que no se registre una pérdida de la paz. Si hay una división entre todos los actores legales, de no ponernos de acuerdo para proteger el agua y la pequeña minería, una de las consecuencias será la llegada de actores ilícitos buscando las rentas del oro ilegal”, le dijo a Vanguardia la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Retorno del Eln
Pero la presencia del Clan del Golfo no es la única alerta en la zona. El alcalde de California, Danilo Valbuena Pabón, afirmó que en febrero pasado tuvo información sobre la presencia de hombres armados pertenecientes al Eln en área rural del corregimiento de Turbay del municipio de Suratá.
“Tenemos información que este grupo (Eln) ya no estaría en la actualidad en territorio de Santander. Hacen presencia en Norte de Santander. Hace años que no se tenía presencia de esta agrupación armada en Santander…”.
En tal sentido, el defensor del Pueblo en Santander, Rodrigo González Márquez, aseguró que se realiza un seguimiento a los conflictos socioambientales en Santander. “Se requieren medidas de prevención y acompañamiento, para que no sean intervenidos por grupos armados ilegales. Algunos de estos conflictos socio ambientales son minería en los municipios de Soto Norte (Vetas, Matanza, California); minería del carbón en inmediaciones del Páramo del Almorzadero, y además, existen otras situaciones como la extracción ilegal de oro en al menos tres puntos del área metropolitana de Bucaramanga”.
Agregó que la Defensoría Regional Santander realiza especial monitoreo a los factores de riesgo que pueden enfrentar las comunidades mineras ante las amenazas de grupos armados ilegales. Frente a la presencia del Eln, el pasado 7 de febrero, la Defensoría Regional Santander emitió “un oficio de prevención y protección por posible presencia del Eln en Suratá. La presencia oportuna de la fuerza pública permitió mitigar la situación de riesgo”.
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¿Por qué el abandono?
La zona donde ocurre la extracción ilegal de oro está dentro de los límites del antiguo título minero de Eco Oro. Se trata de 280 hectáreas que le correspondía explorar a esta multinacional canadiense. Buena parte de ese terreno está en zona del Páramo de Santurbán. En la actualidad esta área, abandonada a su suerte por el Estado tras la salida de Eco Oro, carece de la presencia permanente de las autoridades. Son las “mafias” las que deciden quién entra y sale de las minas.
La expresión “mafias” provino de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien en octubre de 2022 alertó en Bucaramanga que en Santander se empieza a tener un fenómeno de lavado de activos, de tráfico de mercurio y explosivos. “Estamos teniendo intereses, por fuera de todo interés legítimo social, en una explotación mafiosa de oro con riesgo en derechos humanos. De la circulación de grandes capitales que este oro genera, pueden empezar procesos de corrupción y mafias. Es muy preocupante que todo esto pueda derivar en violencia. Esto debe ser una prioridad del Gobierno Nacional y también de las autoridades locales. No podemos dejar crecer una situación que después se convierta en un problema grave”.
La zona a la que se refiere la Ministra de Ambiente hace referencia al área del contrato de concesión N° 3452 con Eco Oro con el que buscaba extraer cerca de 10 millones de onzas de oro. Zona que lleva años abandonada. ¿La razón? El 29 de marzo de 2019 la empresa canadiense Eco Oro presentó renuncia a ese contrato de concesión, bajo el argumento que las medidas adoptadas por el Estado para delimitar la zona del páramo, entre otras razones, hicieron inviable el proyecto denominado “Angostura”.
Esta renuncia fue declarada viable por la Agencia Nacional Minera el 13 de mayo de 2019, mediante resolución N° 0365 y el 10 de diciembre de 2019 fue declarada oficialmente la terminación del título minero. Así finalizó la intervención de la multinacional, que estuvo durante más de 20 años en fase exploratoria en el área de influencia del Páramo de Santurbán e invirtió cerca de 250 millones de dólares, sin extraer un gramo de oro.
Es importante precisar que el 9 de septiembre de 2021 el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, publicó un primer fallo sobre la demanda que Eco Oro presentó contra Colombia por 736 millones de dólares como indemnización. Este tribunal reconoció que la prohibición a Eco Oro para hacer actividades de minería en páramos es una manifestación del derecho a regular que tiene el Estado colombiano.
Según el organismo, la medida adoptada por el país no fue discriminatoria para los inversionistas de la minera y además buscaba guardar un objetivo legítimo, como lo es la protección del medio ambiente. No obstante, el litigio continúa después de esta decisión, pues este tribunal encontró responsable a Colombia por no aplicar correctamente el estándar de “trato justo” y equitativo; por ello determinó que el trámite de la demanda se mantendrá solo en lo relacionado con el análisis de eventuales daños. En el proceso instaurado por Eco Oro también argumentó que se vulneraron las disposiciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá. A la fecha no se conoce un pronunciamiento sobre este punto por parte del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Mientras este litigio internacional se resuelve, la pregunta que surge en el país es quién debió asumir el control de estas 280 hectáreas desde el 2019. Hace años, cuando los últimos vigilantes privados que contrató Eco Oro abandonaron la zona, y se retiró también un contingente permanente del Ejército, ninguna autoridad controla este territorio rico en oro. Precisamente en esta zona del Páramo de Santander reina el miedo.
