De acuerdo con la Alcaldía, tanto los exalcaldes como la exgerente del Ente Gestor, deberían ser investigados por el fallido proceso de negociación de la deuda.
Publicado por: Redacción Metropolitana
En el debate sobre si se incluían o no las metas de Metrolínea en el Plan de Desarrollo de Bucaramanga, el asesor del Alcalde, Jhon Manuel Delgado Nivia, sugirió que la Procuraduría General de la Nación debería abrir una investigación disciplinaria a los exalcaldes anteriores y a la exgerente de Metrolínea, Yolima Espinel Blanco, por el fallido proceso de renegociación de la deuda del ente gestor, que hoy asciende a unos $508.000 millones.
En su intervención en el Concejo de Bucaramanga, Delgado Nivia dijo que “hemos asistido a la presentación de una realidad en la que hay unos responsables o un nivel de responsabilidad política, alrededor de quienes han estado en las decisiones de gobierno, los alcaldes y gerentes que han antecedido, respecto a las contigencias que se debieron haber tomado y no se tomaron para eviat la debacle de hoy tenemos”.
Agregó que en ese sentido, el gobierno de Jaime Andrés Beltrán Martínez ponía de presente a la Procuraduría General de la Nación la necesidad de estudiar “eventuales conductas disciplinarias por parte de los alcaldes que nos han antecedido”, con respecto a la realidad que hoy enfrenta el Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitm).
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Acto seguido, Delgado Nivia fue más precido que las investigaciones no solo deberían ser hacia los alcaldes, “sino en particular nos llama la atención las actuaciones de la última gerente, en relación a que teníamos la oportunidad de una negociación de cara a la Ley 550 y encontramos que no se dieron las condiciones ideales para garantizar que se llevaran a buen término”.
El Asesor del Alcalde manifestó que si bien no son autoridad disciplinaria, el gobierno de Beltrán Martínez cree que la Procuraduría “debería asumir este tipo de análisis”.
A la solicitud del gobierno del Alcalde de Bucaramanga se suma el resultado de la auditoría que hizo la Contraloría de Bucaramanga a Metrolínea para la vigencia 2023.
De acuerdo con el ente de control fiscal, los hallazgos durante la auditoría dieron pie a abrir dos procesos: uno administrativo en contra de Metrolínea S.A.; y otro disciplinario en contra de la exgerente del ente gestor, Yolima Espinel Blanco.
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Según el informe de la Contraloría, la gerencia de la entidad no realizó acciones tendientes a “generar liquidez y apoyarse en los instrumentos de apalancamiento ofrecidos por le Esatdo para atender los diferentes procesos judiciales”, esto con relación a que no les solicitó recursos a los municipios del área metropolitana, accionistas del ente gestor, para solventar las dificultades económicas, pues solo se registró cumplimiento por parte del municipio de Bucaramanga.
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Al respecto, la entonces gerente Espinel Blanco, señaló que las gestiones de solicitud de recursos a los municipios se hicieron para enfocarlos en el Sistema de Transporte, puesto que no es posible destinarlos al pago de deudas o condenas del ente gestor.
Sobre el fallido proceso de Ley 550, la exgerente precisó que Metrolínea intentó negociar con los acreedores pero no fue posible.
La Contarloría rechazó los argumentos de la exgerente.
