Este viernes se cumple el segundo día de paro en Santander y en el resto del país. Los defensores de familia solicitan al ICBF la contratación de trabajadores sociales, nutricionistas y psicólogos. Se alertan fallas.
Solicitar y programar una audiencia de conciliación para la fijación de una cuota de alimentos toma, en promedio, alrededor de siete meses, según lo denunciado por defensores de familia del ICBF en Santander. Los funcionarios advierten que este tipo de servicios se encuentran afectados, debido a la falta de personal.
En palabras de los mismos defensores, la cantidad de funciones que actualmente deben cumplir “desbordó la capacidad de atención” del recurso humano dispuesto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Alertan que a raíz de esta situación se ponen en riesgo las labores de prevención, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños y las niñas.
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En Santander, los defensores aseguran que sus equipos de trabajo están “incompletos”. Muchos de estos grupos, según lo denunciado, carecen de profesionales como trabajadores sociales, nutricionistas y psicólogos.
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Por su parte, el ICBF se pronunció sobre las manifestaciones que se iniciaron en todas las regionales de la entidad en el territorio nacional, y precisó cuáles son los avances logrados hasta el momento en la ampliación de la planta de personal.
Suspendieron actividades
Ante el inconformismo que existe, defensores de familia en el país iniciaron un paro de 48 horas, a partir de este jueves 25 de julio. En Bucaramanga, y en las diferentes sedes en Santander, además del cese de actividades se realizaron plantones en las afueras de las oficinas.
Marcela Guerrero, defensora de familia en la capital santandereana, indicó a Vanguardia que “suspendimos la atención presencial, pero sí se están atendiendo todos los actos urgentes, como desalojos, rescates y casos de violencia sexual reportados por hospitales”.
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Este viernes 26 de julio se cumplirá el segundo día consecutivo de cese de actividades tanto en Santander como en el resto del país.
Es decir, las labores administrativas por parte de los defensores, como trámites extra procesales y asuntos relacionados con restablecimiento de derechos en menores de edad, se retomarán desde el próximo lunes, 29 de julio.
“La aplicación de la Ley 2126 dispuso que toda la atención de trámites extra procesales, como conciliaciones de alimentos, visitas o salidas del país, quedarían a cargo únicamente de los defensores de familia del ICBF, quitando estas competencias a las comisarías de familia”, manifestó Guerrero.
“Los equipos de trabajo están incompletos”
Cenyde Leal, nutricionista y presidenta de la seccional Santander del Sindicato de Trabajadores del ICBF, expresó que “estas nuevas funciones desbordaron nuestra capacidad. Actualmente somos cerca de 8.000 trabajadores en el país, pero un estudio de cargas indicó que se requiere la contratación de otros 6.000 trabajadores”.
Los manifestantes indicaron que por medio de estas actividades se busca hacer un llamado a las directivas del ICBF, con el fin de que se formule y publique un ante proyecto sobre el presupuesto de 2025, en el cual se evidencie un aumento de recursos para la contratación del personal adicional que se requiere.
“En Santander existen cerca de 70 defensores de familia. Para implementar la nueva ley nos falta mucho personal. Si no atendemos de manera oportuna y con calidad cada caso, no estamos logrando nada”, agregó Leal.
¿Qué dice el ICBF?
Sobre las protestas que se convocaron en el país, el ICBF indicó que “se invitó a las y los representantes sindicales a una reunión, la cual se instaló e inició pero no pudo concluirse por decisión propia de sus líderes”.
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En el pronunciamiento oficial que se emitió, la Dirección General del Bienestar Familiar reconoció: “somos plenamente conscientes de la necesidad de ampliar la planta del ICBF. Por ello, en diferentes escenarios se han presentado los avances en las gestiones, medidas y decisiones que se han adoptado”.
Entre los avances reportados por la entidad se encuentran: contratación de 862 nuevos profesionales por prestación de servicios en los perfiles de psicología, trabajo social y nutrición; vinculación de profesionales por planta temporal para el funcionamiento de 113 defensorías de familia; aumento de 436 profesionales para el apoyo a la supervisión de primera infancia; compra y distribución de 5.600 computadores para las defensorías de familia; destinación de $9.000 millones para procesos de cualificación y fortalecimiento técnico; estructuración del proyecto de ampliación de planta en 5.156 plazas para el 2025; se incluyó solicitud de recursos en el anteproyecto de presupuesto radicado por el Instituto.
